Si hay algo que está dejando en evidencia el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en su incipiente tercer gobierno, es el temor a una “conspiración” de policías y militares después de que seguidores del expresidente Jair Bolsonaro tomaran las sedes del Congreso, el Palacio del Planalto (sede de Gobierno) y el Supremo Tribunal de Federal (STF) el pasado domingo.
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Lula sospecha de la falta de lealtad en los cuerpos de seguridad y los cuarteles para con su administración, que arrastra los mayores escándalos de corrupción en la historia de Brasil que lo llevaron a la cárcel tras haber recibido dos condenas que por tecnicismo de carácter territorial le fueron anuladas. Él cree que el ingreso de los manifestantes no fue espontáneo y que además hubo complicidad interna. “Mucha gente de las Fuerzas Armadas conspiró aquí dentro. Estoy convencido de que la puerta del Palacio del Planalto [sede de la Presidencia] se abrió para que entraran porque no hay ninguna puerta rota. Es decir, alguien aquí les facilitó la entrada”, dijo.
Su plan es esperar hasta que “el polvo se asiente” para pesquisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de las adyacencias a las instituciones, pero su recelo sobre el accionar de los entes de seguridad deriva de la asignación de seis centinelas y dos guardias para resguardar el perímetro de los tres órganos atacados y el reforzamiento posterior de sólo 36 uniformados incapaces de armar una barrera.
Muestras del temor a policías y militares
Lula tiene motivos para temer una conspiración de los militares. En 2022, durante la campaña presidencial, oficiales de la Fuerza Armada en todo el país apoyaron abiertamente a Bolsonaro. De hecho, el general Hamilton Mourão , vicepresidente de Bolsonaro, resultó electo senador.
Por ello, no ha sido sorpresa la designación por parte de Lula de un civil —José Múcio Monteiro— al frente del Ministerio de Defensa, y su veto a un extracto de un proyecto de ley «que garantizaba el derecho a la manifestación política de los policías».
La medida obtuvo la aprobación del Congreso el año pasado y serían enviada para sanción presidencial. Sin embargo, Lula da Silva considera que los integrantes de la seguridad pública «están constitucionalmente subordinados a los principios de jerarquía y disciplina». Un alegato que deja tácito su temor a una revuelta después de volver al poder con la mitad de los electores en contra.
Los primeros dos blancos de la Justicia
Los primeros en ser blanco de la desconfianza de Lula son el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha –suspendido de su cargo durante 90 días por el STF– y el exsecretario de Seguridad Pública, Anderson Torres, a quien la Policía Federal le encontró en su domicilio un supuesto documento que contenía una propuesta de decreto para revertir el resultado de las elecciones donde Lula obtuvo la victoria por estrecho margen. Incluso la Justicia brasileña, al servicio de Lula, anunció que pedirá la extradición de Torres si no regresa al país a más tardar el lunes, ya que se encuentra en EE. UU. desde antes del asalto a los poderes el domingo.
El documento hallado en el armario del Torres durante un allanamiento defiende la utilización del artículo 136 de la Constitución brasileña. El decreto establecía la institución de un Estado de Defensa y la creación de una comisión controlada por el gobierno de Jair Bolsonaro, encargada de “verificar la conformidad y legalidad del proceso electoral”.
El exministro Anderson Torres explicó que el decreto para revertir el resultado electoral que encontró la Policía en su vivienda “se filtró fuera de contexto”, argumentando que los altos funcionarios reciben propuestas “diversas” y ese borrador formaba parte de documentos descartados.