Lo prometido es deuda. A solo horas de que el izquierdista Gustavo Petro resultara electo como presidente de Colombia, ya pretende pagar a los integrantes de la violenta Primera Línea los favoreces recibidos con el impulso a su candidatura desde distintos frentes, tal como se los prometió en campaña. Pero en un país con una sólida tradición democrática basada en el respeto a la separación de poderes, el fiscal general de la nación no tardó en enfrentar lo que ya luce como una extralimitación de funciones por parte de Petro.
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En un claro abuso del cargo en el que aún no se ha posesionado, Petro exigió a la Fiscalía General olvidar los ataques contra el espacio público, instituciones estatales y cuerpos de seguridad cometidos durante el paro nacional del año pasado, alegando que solo son “jóvenes tratados como bandoleros porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor”. Palabras emotivas con las que pretende sustituir la institucionalidad.
Con ese discurso de impunidad, Petro asegura que esos jóvenes sólo representan a “las rebeldías contra la injusticia, contra un mundo que no debía ser”, pero detrás de su retórica se oculta su intención de controlar la Justicia para beneficiar a los 30 miembros de la Primera Línea capturados en Bogotá, Cali y Bucaramanga. Los jóvenes que Petro quiere liberar están acusados de cometer delitos que van desde secuestro, homicidio y concierto para delinquir hasta tortura, entre otros.
El muro de contención para preservar la institucionalidad
El fiscal general Francisco Barbosa impedirá la politización de la institución. Sobre la petición de Petro afirmó que existe evidencia de la participación de los detenidos en las protestas violentas tras comprobarse el financiamiento que recibieron de organizaciones criminales.
“Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general”, sentenció Barbosa en un claro llamado de atención a respetar la autonomía de los poderes del Estado y los procedimientos establecidos en la Constitución. El jefe de la entidad encargada de las investigaciones penales quiso dejar claro hasta donde llegan sus funciones, así como también las del Ejecutivo.
Al menos durante los próximos dos años se espera una relación tensa entre el Ejecutivo y la Fiscalía. De acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, su periodo culmina en 2024, y según confirmó recientemente la revista Semana, Barbosa no tiene intenciones de renunciar. La respuesta con la que enfrenó a Petro en su primera exigencia como presidente electo mostró que será el muro de contención para preservar la institucionalidad de la República.
Un Congreso sin mayorías definidas
El parlamento sería la única opción de Gustavo Petro para saldar su deuda con la Primera Línea. Sin embargo, tener al Partido Verde y al Partido Liberal como posibles aliados de su Pacto Histórico en el hemiciclo no le suma los votos necesarios para concretar las reformas que propone.
Si bien los comicios legislativos de marzo mostraron como ganador al Pacto Histórico en cuanto a número de curules en el Senado sobre el resto de los partidos, el nuevo oficialismo quedó lejos de alcanzar la mayoría absoluta sin alianzas. Incluso si llegara a concretar acuerdos de gobernabilidad con organizaciones afines como la centroizquierdista Coalición Centro Esperanza –de la que forma parte la Alianza Verde– y con una formación política bisagra como el Partido Liberal, tendrá al frente un bloque sólido de centroderecha que ya se asume como oposición. La decisión del Partido Liberal tampoco está clara. No se puede olvidar que en la primera vuelta apoyó al candidato de centroderecha Federico ‘Fico’ Gutiérrez.
En este supuesto escenario, sumando demás al partido Comunes (antes FARC), el bloque oficialista podría contar con 52 votos en el Senado. Sin embargo, en la otra acera, los partidos que hoy hacen gobierno con Iván Duque (Centro Democrático, Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U), las organizaciones cristianas y el puesto que asigna el estatuto de oposición, que le corresponde a Rodolfo Hernández, suman 56 escaños.
Si se hace la misma ecuación en la Cámara de Representantes, una posible coalición oficialista tendría un mayor margen de maniobra aunque tampoco contaría con la mayoría absoluta de forma automática, pues estaría llegando a unos 84 votos, mientras que por el otro lado, la suma de la centroderecha y algunos aliados minoritarios, incluyendo la curul que otorga el estatuto de oposición, que en esta caso le corresponde a Marelen Castillo, alcanzaría unos 80 puestos. Quedaría por definir el comportamiento de los representantes de los nuevos 16 escaños que corresponden a las recién creadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
Otra deuda pendiente
Gustavo Petro no sólo aboga por la libertad de la Primera Línea sino también por la restitución en el cargo de los alcaldes suspendidos por presunta injerencia en la campaña, entre estos Daniel Quintero, su aliado en la Alcaldía de Medellín.
En este caso, la Procuraduría está de acuerdo. “Inmediatamente termine el proceso electoral, terminan los elementos que motivaron la suspensión. Habrá que levantar la medida en lo correcto, pero la investigación sigue”, afirmó la procuradora Margarita Cabello, según reseñó Infobae.
Sin embargo, la Viceprocuraduría deberá evaluar el material probatorio para definir si es necesario establecer un pliego de cargos por participación política.
La polémica por estas irregularidades no terminó el día de la elección. Al contrario. Justo al conocerse los resultados se evidenció otro caso de presunta participación política. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, expresó efusivamente en su cuenta de Twitter: “Por fin ganamos”, poniendo en evidencia que tenía una posición a favor de Gustavo Petro. La periodista de La FM, Darcy Quinn, dijo este lunes en su programa Los Secretos de Darcy que la Procuraduría estaría examinando muy detenidamente sus publicaciones en la mencionada red social por presuntamente haber incurrido en participación política.