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“¿En qué consiste un gobierno de la vida? Yo diría, primero, en la paz. Segundo, en la justicia social. Tercero, en la justicia ambiental”. Estas fueron las primeras palabras de Gustavo Petro como presidente electo. En su discurso había un odioso tono de poeta, apoyado de «edulcorantes» literarios, como si estuviese filosofando en un bar con amigos de izquierda a altas horas de la noche, y con una melodía que recuerda a los discursos de Fidel Castro. Sin embargo, lejos de lo rimbobante de sus declaraciones, la verdad es que el suicidio colombiano es un hecho y tendrá sus consecuencias más temprano que tarde.
Uno de los puntales fundamentales de su plataforma es la “reforma agraria”. Según el próximo oficialismo en Colombia, los pocos propietarios de la mayor parte de la tierra explican una de las principales razones de la “desigualdad” que se proponen desterrar. Para tratar de matizar la propuesta, Petro y compañía han dicho que no tienen en mente expropiaciones a lo Chávez para llevar a cabo esta polémica iniciativa. Sin embargo, sí consideran que por medio de regulaciones, intervenciones e incrementos impositivos podrán llevar a cabo lo que los medios internacionales denominaron torpemente un “ambicioso objetivo”.
A principios de mes, la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia confirmó que, por primera vez en 31 años, las exportaciones no mineras llegaron al valor más alto. Los datos muestran que, entre enero y abril, los bienes que no están relacionados con el sector energético minero superaron los 7000 millones de dólares. Esta cifra significa un 25,9 % de incremento con relación al mismo período del año pasado y de un 40,3 % de antes de la pandemia.
Además del predecible buen desempeño del café, mercados como el de las flores, el pescado, el papel, el hierro y el acero apuntalaron el crecimiento récord que ahora tendrá un futuro incierto con un considerable incremento en los marcos regulatorios e impositivos.
Aunque Petro prometa no expropiar, varios países de la región ya demostraron que no hace falta una estatización total de una determinada área para arruinarla. Las distorsiones en todos los mercados afectados por el intento de reforma agraria será un retroceso a todo un rubro, el cual ya demostró que no tiene nada que envidiarle al campo energético a la hora de ofrecerle bienes y servicios al mundo.
Pero, aunque el mismo mercado va reduciendo la dependencia del sector energético y los hidrocarburos ya no sean la principal fuente de divisas para el país, Petro está encaprichado con la “energía verde” y comenzará a implementar un plan para desmontar el esquema de exploración petrolífera. Su idea es dejar atrás la “economía extractivista”. Cabe recordar que el mismo Lula da Silva reconoció en su gestión que la idea era un disparo en el pie, por lo que la descartó, a pesar del enojo de sus socios izquierdistas.
Aunque Petro mira con admiración al modelo de Países Bajos, debería supervisar también lo que ocurrió en Alemania. No solamente los funcionarios conservadores de Angela Merkel ya se arrepintieron de abandonar la energía nuclear. El desastre energético ocurrido luego de la invasión de Rusia a Ucrania hizo que hasta más de un verde (actualmente en la coalición oficialista) se haya manifestado arrepentido en privado.
Otra cosa que parece ignorar Petro es que los Países Bajos, además de tener menos de la mitad de territorio y casi un tercio de la población de Colombia es que allí no piensan suicidarse económicamente con impuestos y regulaciones. El potencial que le otorga el respeto a la propiedad privada, el libre comercio y la eurozona, además de las condiciones mencionadas, permite desarrollar los avances eólicos y de energías limpias. El desastre que generará Petro de la mano de su propuesta económica, sin dudas revertirá el proceso de los mercados no energéticos y, a diferencia de lo que propone, en algún momento Colombia hasta puede incrementar su dependencia de los factores que el nuevo gobierno pretende desarticular.
Otro fracaso predecible, que tendrá impacto en el ámbito fiscal (y seguramente abra la puerta para un desajuste inflacionario mediante la irresponsabilidad monetaria) es el de la propuesta de que el Estado avance sobre el sistema de pensiones. Esto ya se ha visto en Argentina, que durante los primeros años del kirchnerismo abandonó el sistema mixto, similar al que tiene Colombia, también implementado desde principios de los noventa.
Las vagas propuestas de mejorar y complementar un cuestionado sistema en la actualidad recuerdan mucho al proceso impulsado por Cristina Kirchner, que tampoco reconoció de un primer momento el robo que pensaban hacer a los fondos de pensión privados.
Desde la implementación de las AFJP (AFP en Colombia) los argentinos podían elegir libremente el sistema estatal de reparto o la capitalización privada. En el primer año de mandato, luego de la presidencia de su marido, CFK impulsó una primera ley para que las personas que deseen retornar al sistema público puedan hacerlo. Las explicaciones en su momento eran muy similares al tono de campaña de Petro: aseguraban que no pensaban erradicar el sistema privado, solamente de incrementar las opciones.
Así salió una primera ley que reabrió el mercado de pases, pero la cantidad de personas que se movió, como el gobierno quería, no alcanzó las expectativas del kirchnerismo. ¿El resultado? Al año siguiente, en 2008, contradiciendo todos los argumentos para impulsar y aprobar la ley anterior, pasaron coercitivamente todos los fondos privados al sistema gubernamental. Uno de los robos más impunes de lo que la historia argentina tenga memoria.
¿El resultado? Los jubilados argentinos que hoy cobran la jubilación básica no alcanzan al monto equivalente a 150 dólares. El que piense que los 255 actuales de la mínima colombiana se va a incrementar con el recetario fracasado de Petro puede mirar el desempeño de los gobiernos que más festejaron su llegada a la presidencia.
