El presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, está en líos desde que tomó el poder. La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Exfuncionarios de su gobierno están en la lista de los más buscados, tiene cuatro cambios de gabinete en menos de un año por irregularidades de sus miembros, dos mociones de vacancia en el Congreso y una desaprobación histórica. Sin embargo, la asesora del expresidente colombiano Juan Manuel Santos, María Alejandra Trujillo, quien también guía al mandatario inca, culpa a los medios del caos que enfrenta el jefe de Estado.
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“Tener a los medios de comunicación realizando oposición permanente, sin ser imparciales para difundir las gestiones solo hace que se acentúen las brechas de resentimiento, generando las percepciones erradas y minimizando el trabajo que se realiza”, recalcó la especialista en estrategias políticas en entrevista con PanAm Post. Para Trujillo, quien ayudó a Santos a ganar en 2010 y también a reelegirse en 2014, antes de que en 2015 el Congreso se aprobara la eliminación de la reelección presidencial en Colombia.
La experta en comunicaciones se muestra como partidaria de la propagación de iniciativas de forma masiva y reiterativa, de modo que se puedan quedar grabadas en la realidad de la ciudadanía y así se busque mejorar la percepción sobre Castillo, quien tras poco más de diez meses de gobierno, tiene una desaprobación a su gestión ubicada en 71,7 %, de acuerdo con un estudio de la Compañía Peruana de estudios de Mercado y Opinión Pública. Esta percepción de su estrategia parte de su siguiente afirmación:
“Un presidente que produce resultados, pero no tiene cómo socializarlos es igual que si no los hubiera realizado”.
Acciones que crean realidades
Castillo abonó la senda de hostilidad contra la prensa al poco tiempo de haber tomado el poder. En enero, su ministerio de Transporte y Comunicaciones dejó sin señal a la estación de radio 91.9 FM sin presentar notificaciones previas o constancias del procedimiento contra del medio de comunicación.
Cuatro meses después, en abril, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV) cuestionó la solicitud de rectificación que Castillo envió a la directora y conductora del programa “Panorama”, Roxana Cueva Mejía, por difundir la presunta evidencia que vincularía al mandatario a los negocios que rondaron la licitación del Puente Tarata III, caso que está bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción.
Con su petición, Castillo trasgredió el artículo II, inciso IV, de la Constitución. En él se establecen como derechos fundamentales las libertades de información y expresión por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización, ni censura, ni impedimento alguno. Así lo dijo la SNRTV.
La crisis suprema
La visión de la asesora de Castillo se siente en las acciones del presidente peruano, quien suma más de 100 días sin ofrecer declaraciones a los medios, según la presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú (ANP), Zuliana Lainez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo sabe. Su relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, ya advirtió en el país “el grave deterioro del debate público, las serias limitaciones cotidianas al trabajo de la prensa, un clima de violencia y hostilidad contra periodistas y medios de comunicación, así como intentos constantes de exclusión de los pensamientos distintos, incluso por medio de violencia física”.
La prioridad de Castillo y Trujillo —quien registra siete visitas al Palacio de Gobierno— parece estar en otro lado. En contacto con PanAm Post dijo que “la crisis más compleja es la que se vive día a día, tratando de optimizar los recursos con que se cuenta para lograr las modificaciones e inversiones que se necesitan”.
Agonía judicial
Aun cuando la asesora de Castillo centra la atención en el manejo de la administración, la Fiscalía reprogramó la comparecencia judicial del mandatario para el próximo 17 de junio, luego de que su abogado, Benji Espinoza, solicitara una nueva fecha para responder en calidad de investigado por el caso Puente Tarata III ante Juan Carlos Checkley Soria, juez supremo de investigación preparatoria. Asimismo, el magistrado deberá decidir este 15 de junio si se vulneraron las garantías constitucionales en el proceso judicial.
El asunto es delicado y Trujillo está clara. “Los temas legales a cualquier mandatario le afectan a su imagen”, admite, porque “estos temas no solo afectan su imagen pública ante sus ciudadanos, sino que alejan a la inversión extranjera, frenan el desarrollo económico y limitan la posibilidad de cumplir con sus compromisos como mandatario”.
Sin embargo, insiste en que “cuando los medios de comunicación prejuzgan, deberían considerar la responsabilidad que tienen ante de su audiencia de mantener los principios que garanticen las libertades y la igualdad. De allí se desprende que la presunción de inocencia debería ser el cuestionamiento hasta que los órganos judiciales demuestren lo contrario”. ¿Será que aboga por atacar al mensajero?