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Todo ha sido una queja en la Convención Constitucional chilena bajo el dominio de la izquierda. Que no hay sitios para comer, ni computadoras ni conexión a internet. Así cumplió un mes de funcionamiento y para celebrarlo la Comisión de Presupuesto aprobó con 11 votos a favor y cuatro en contra la propuesta de los coordinadores César Valenzuela, del Partido Socialista, y Gloria Alvarado, de Movimientos Sociales, de aumentar las asignaciones que tendrán a disposición mes a mes los constituyentes para duplicar los recursos que cada uno recibirá.
La instancia –que aún no avanza en la redacción de la nueva Carta Magna ni en los acuerdos para un reglamento que regule las actividades del hemiciclo– ratificó aumentar de los actuales 1.500.000 pesos chilenos por convencional a un total de 3.900.000 pesos chilenos que rondan los 5000 dólares.
Lo hicieron usando a las asignaciones como fachada. Justificando la necesidad de contratar personal de apoyo (asesores u otros), viáticos (alojamiento, alimentación, transporte) y gastos operacionales. Y no tendrán que rendir cuentas. La Secretaría General de la Presidencia (Segpres) entregó la responsabilidad de la ejecución de los recursos a la plenaria.
Derroche administrativo
El manejo es controversial. Sobre todo porque la Convención cuenta con un presupuesto de 8.820.282.000 pesos equivalentes a 11.200.000 dólares para los nueve meses de su funcionamiento, de los cuales ya fueron utilizados 3.353.493.000, alrededor de 4.000.000 de dólares.
Eso ratifica lo que ya reveló el primer informe mensual presupuestario donde se detalla que la Convención Constitucional gastó 38 % del dinero asignado para los nueve meses de funcionamiento.
Es cierto que hay un presupuesto autorizado, pero este se definió considerando que las sesiones comenzaban en mayo y no en julio. También hay que tomar en cuenta que los viáticos sólo los reciben los convencionales que deben viajar a Santiago (dos tercios del total) y, por último, la Convención Constitucional puede reasignar recursos. De todos modos, es muy probable que haya que pedir más fondos, algo que Hacienda ya ha tenido que hacer tres veces –dos de ellas antes de la instalación–.
Esta gestión que trasciende a la opinión pública comienza a pasar factura. Y una grande. La última encuesta de Cadem publicada este 2 de agosto arroja una disminución de la confianza en la Convención. El estudio constata una baja de 8 puntos –su nivel más bajo desde su inicio– al pasar de 59 % en la penúltima semana de julio a 51 % en los primeros días del presente mes.
Beneficios extras
Esa caída libre de la reputación del órgano luce imparable cuando la chamán mapuche Francisca Linconao solicitó un apartamento cerca de la sede de la Convención –antiguo Congreso– para cocinar comida que se ajuste a sus costumbres. Complacerla costó 1.800.000 de pesos chilenos por un mes –2000 dólares– . Una búsqueda rápida arroja inmuebles amoblados en el sector por una cuarta parte de ese monto, revela el Centro de Investigación Periodística (CIPER)
No sólo ella disfruta de los recursos. Los almuerzos privados entre Elisa Loncon y Jaime Bassa –presidente y vicepresidente de la plenaria– en las primeras tres semanas costaron una cantidad similar.
“Hay una disparidad de criterios que reflejaría un trato especial para algunos de los 155 miembros e instancias de la Comisión y también el financiamiento de cosas que simplemente no corresponden”, asegura el constituyente Martín Arrau de la Unión Democrática Independiente (UDI), quien en Twitter destaca que el aumento es de 173 % en las asignaciones como parte de un cambio en “las reglas del juego”.
Con apenas un mes de vida, hicimos lo que tanto criticamos de otros ➡️ los propios jugadores cambiando las reglas del juego una vez que ya empezó el partido. Hoy los propios constituyentes se aumentaron en un 173% sus asignaciones.
— Martín Arrau GH. (@martinarrau) August 5, 2021
Además, el bolsillo de los convencionales obtendrá más beneficios económicos mientras el desempleo se ubica en 10 % y todavía hay un millón de empleos por recuperar en el país como consecuencia de la pandemia.
Los gastos relacionados con la compra de pasajes para trasladarse desde la región de origen hasta la región donde deba sesionar serán pagados por la Convención para mantener sus asignaciones del cuerpo normativo intacto.
El área de administración, finanzas y transparencia de la Convención Constitucional deberá “instruir la compra de los pasajes, según corresponda a las necesidades de cada Convencional Constituyente”. Así lo señala.
Intentos sin efecto
En un intento por mantener el control de los fondos que se desembolsarán se prohíbe la “adquisición, confección, entrega, donación o distribución de todo regalo, presente o, en general, cualquier obsequio, en dinero o especie, en favor de la ciudadanía con cargo a las asignaciones”.
También estará prohibido pagar actividades electorales o de campaña, encuestas o estudios de opinión pública o cualquier otra actividad no destinada a los votantes o a elaborar una propuesta para la nueva constitución ni contratar al cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el sexto grado de consanguinidad.
Sin embargo, hay quienes ya comparan el desempeño de la Convención Constitucional chilena con otras experiencias en la región y el resultado es desfavorable. El politólogo Patricio Navia destaca en Twitter que la Convención Constituyente de Colombia en 1991 le tomó dos semanas redactar las reglas y la redacción solo cinco meses. La primera sesión fue el 5 de febrero y para el 5 de julio el país ya tenía nueva Constitución.
A la convención constituyente de Colombia en 1991 le tomó 2 semanas redactar las reglas. La nueva constitución fue redactada en 5 meses. La primera sesión fue el 5 de febrero. Para el 5 de julio, el país tenía nueva constitución. Para los que quieren puntos de comparación.
— Patricio Navia (@patricionavia) August 6, 2021
