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Es un fetiche latinoamericano redactar una nueva Constitución para resolver los problemas sociales. América Latina es la región que por lejos ha tenido la mayor cantidad de Constituciones —casi 200— mientras que el Perú ha tenido 12, por encima del promedio regional.
En lugar de enmendar la Constitución actual, Pedro Castillo y muchos de sus seguidores quieren reescribir la Carta Magna desde cero. Según su relato, las leyes fundamentales del Perú y el modelo económico que respaldan han beneficiado poco a la mayoría de los peruanos y mucho a los ricos y empresas multinacionales.
Pero los hechos cuentan otra historia que no justifica tal cambio radical. La realidad es que desde el inicio de las reformas económicas hace tres décadas y el posterior retorno a la democracia hace dos décadas, el progreso del Perú ha sido inédito a tal punto que se puede decir que el país llegó a vivir el mejor momento en su historia. Amplios sectores de la población han vivido una mejoría notable en su bienestar. Y a diferencia de otros episodios de crecimiento, el progreso no se ha limitado a Lima o a la costa; más bien se ha extendido a buena parte del interior y ha beneficiado al sector rural como al urbano.
Desde principios de los noventa hasta el inicio de la pandemia, el ingreso per cápita casi se triplicó y la desigualdad cayó notablemente. En los últimos 20 años, la pobreza se redujo de más de la mitad de la población a alrededor del 20 % en el 2019. Por primera vez en la historia, el Perú se convirtió en un país de clase media. La desnutrición cayó, las muertes por malaria se desplomaron, así como fue el caso de las enfermedades transmisibles en general (hasta la pandemia). El número de doctores incrementó notablemente en los departamentos: en Puno la tasa creció más de 100 % en los últimos 10 años. En 17 departamentos el crecimiento en el servicio de electricidad (por número de clientes) aumentó más de 100 % desde el 2002; en Cajamarca creció 458 %. El analfabetismo entre los pobres cayó, y el acceso al agua, desagüe y electricidad en hogares pobres se disparó.
Esas y muchas más mejoras de bienestar ocurrieron bajo la actual Constitución. Tal progreso no se debe a que fue garantizado en la Carta Magna, sino a que se resguarden principios como la protección de la propiedad privada, la subsidiaridad del Estado y la estabilidad macroeconómica. No es descabellado pensar que una asamblea constituyente no solo terminaría con el modelo económico que hizo posible los avances peruanos, sino que facilitaría el autoritarismo y la violación de todo tipo de derechos, como ha sido el caso en los países bolivarianos que Castillo y compañía alaban.
Analicemos a Chile si queremos ver un ejemplo cautelar más reciente. La asamblea constituyente que se inició en estos días, y que es dominada por la izquierda y extrema izquierda, ya empezó a vulnerar las reglas y hasta la ley en su funcionamiento. Solo está capacitada para redactar una Constitución, y con dos tercios de los votos de los asambleístas, pero ya votaron sobre temas que corresponden al Congreso chileno. Incluso, el liderazgo de la asamblea ha tomado decisiones con mayoría simple. A la vez, partidarios de la extrema izquierda, que han rodeado la asamblea, han amedrentado a ciertos miembros y al gobierno. En un país en que el Congreso y el Ejecutivo están desprestigiados, el proceso puede derivar fácilmente en una pugna de poderes en el que los asambleístas empiezan a gobernar.
De ser presidente Castillo, la situación peruana podría ser peor, pues una asamblea “popular” le daría mayores poderes a un Ejecutivo que cree en el socialismo. Toda una receta para el atraso.
Ian Vásquez es vicepresidente de Estudios Internacionales y Director del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y coautor del Human Freedom Index. Fue columnista semanal de El Comercio (Perú) entre 2014 y 2020.
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