Tres magistrados de la Audiencia de Madrid ordenaron llegar al fondo de las transferencias que desde la ‘caja de solidaridad’ de Podemos se hicieron a una asociación integrada por miembros del partido “con cargos relevantes”. La acción se ejecuta ante la sospecha de que la tolda del dirigente izquierdista Pablo Iglesias incurriera en el delito de financiamiento desleal, reveló VozPópuli.
Los magistrados consideran “razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta que se pudiera haber utilizado para operar en beneficio de algunos, con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”.
El planteamiento además apunta a que la organización morada efectuó las operaciones “al margen” del Tribunal de Cuentas y que además con ello evadió “las limitaciones” de la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Financiación de Partidos Políticos en relación con los vínculos con asociaciones.
Pago a militantes
Sobre el pago de al menos 30000 euros a la organización #404 Comunicación Popular en 2019 se centran los radares de los funcionarios de la Audiencia de Madrid. A su vez, la mirada se extiende a los seis miembros de Podemos que los habrían recibido.
José Martínez Coy, integrante de la candidatura de Pablo Iglesias para dirigir el partido en Vistalegre II; Diana Peinado Serrano, candidata en las elecciones autonómicas de Madrid en la lista de Isa Serra; Francisco Javier Bermúdez Díaz, miembro de candidatura de la secretaria general de Podemos Canarias y desde agosto director general de Derechos Sociales del gobierno autonómico.
Junto a ellos figuran otras figuras clave. Christian Luis Navarro Marrero, candidato en las elecciones europeas; Alejandro Zapico Robledo, exconcejal de Podemos en Gijón; así como Irene Elina Lingua, nombrada a finales de 2019 asistente en el Congreso de los Diputados a propuesta de la actual ministra Irene Montero, son otros nombres dentro de la averiguación.
Un juez con complicaciones
El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, dirige la causa contra Podemos por el Caso Neurona que incluye esta arista dentro de la averiguación, la cual está destinada a esclarecer el uso de los recursos del partido. Sin embargo, su desempeño está en controversia tras archivar esta parte de la investigación porque, a su juicio, “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la Caja de Solidaridad sea destinado a Fundaciones o movimientos cercanos al partido político Podemos”.
Su conclusión es rebatida por los magistrados de la Audiencia de Madrid, quienes le ordenaron reabrirla porque sus gestiones “lejos de desvanecer el fumus boni iuris (indicios de delito), han venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito”.
Se basan en que hasta la fecha “Podemos no ha facilitado información” pese a la solicitud del juez, debido a que el dato sobre las tres transferencias de 10000 euros derivó de la Policía y aún “resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, la/s persona/s que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores. Es por eso que procede estimar los recursos” apunta VozPópuli.
Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro-Lege celebran esta decisión. Las dos organizaciones solicitaron seguir investigando en contra del criterio del juez y de la Fiscalía. Ahora la Audiencia de Madrid les da la razón.
Cuatro tormentas judiciales en una
Con la nueva postura de la Audiencia de Madrid que exige readmitir como acusación popular a una exsenadora del partido llamada Celia Cánovas, quien denunció el desvío de las aportaciones que hizo al partido, Podemos enfrenta cuatro líneas de investigación que siguen abiertas a partir de la denuncia presentada por José Manuel Calvente, un antiguo abogado del partido quien acusó a «los morados» por malversación y administración desleal, tras despedirlo por supuesto acoso sexual y laboral a una compañera y a otra abogada del equipo jurídico.
Por las causas de Calvente está en proceso la investigación por la aprobación de complementos salariales para algunos de sus dirigentes, los pagos de cerca de medio millón de euros a la consultora Neurona y los 26200 euros que el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero recibió de esta, que los magistrados consideran que se trató una comisión por conseguir el contrato, enmascarada en una factura por trabajos de consultoría que podría ser falsa.
Los primeros resultados de las pesquisas de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional revelan que el material entregado por Podemos —videos, documentos e imágenes— para justificar los 430.000 euros desviados a la consultora Neurona por, supuestamente, sus servicios durante la campaña electoral de 2019 son de siete años atrás.
Informe trascendental
En el informe de 47 páginas divulgado por OKDIARIO, los investigadores concluyen que además en parte del material proporcionado por la formación morada al juez aparecen como “autores” personas que no trabajan en la consultora chavista.
Los agentes detectaron que “la mayoría de los archivos han sido modificados entre los meses de marzo y abril de 2019″. La Policía sostiene que «si un archivo no se modifica posteriormente, entonces, la fecha de modificación, coincide con la de creación” y los metadatos de los videos entregados por Podemos revelan que la mayoría se crearon en América.
“Un hecho significativo si se tiene en cuenta que los actos de campaña tuvieron lugar en España y que supuestamente, según la versión de los miembros de Podemos imputados en el caso Neurona, un «equipo de trabajadores de la consultora se trasladó a Madrid para cubrir los eventos electorales»” analiza el medio español.
En esta causa está imputado el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero; la formación morada como persona jurídica; Juanma del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y director de Estrategia y Comunicación de Pablo Iglesias en la vicepresidencia; el tesorero Daniel de Frutos; la gerente Rocío Val; y la responsable del departamento de Compras y Finanzas y ahora imputada, Andrea Deodato.
Podemos niega la situación. Desde su cuenta en Twitter asegura que se trata de “calumnias, difamaciones y mentiras” en “acusaciones falsas”.
Ya hemos perdido la cuenta de cuántas van ?♀️
Por enésima vez, todas las acusaciones falsas contra nosotros quedan en nada.
Esperamos que tras horas y horas de calumnias, a los voceros de las mentiras y las difamaciones, no se les olvide contarlo.https://t.co/CQDZq4Phv1
— PODEMOS (@PODEMOS) February 24, 2021