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EnglishLa situación fiscal en Puerto Rico continúa intensificándose, y el tiempo para la acción crítica ha llegado. El 6 de febrero, el Tribunal Distrital de Estados Unidos en Puerto Rico declaró inconstitucional la Ley de Recuperación de la isla, y prohibió a los funcionarios locales su aplicación.
La legislación habría dado a las agencias locales de una forma de protección de bancarrota que no se le ha otorgado a la mancomunidad. El juez Francisco Besosa dijo que la propuesta excedió los límites de autoridad de Puerto Rico. Los tenedores de bonos de la isla presentaron una demanda para detener la ley, pero el Gobierno de la isla planea apelarla.
La decisión se produce tras los informes de El Nuevo Día y Fox News Latino que confirman que la deuda total de la isla es mucho mayor de lo que se informa oficialmente, US$73 mil millones. Tanto el analista político Luis Dávila Colón, como este autor, hemos cuestionado públicamente las cifras del Gobierno en el PanAm Post en el último año.
La confirmación de El Nuevo Día de que la deuda podría ser de hasta US$167 mil millones (más del doble de la estimación oficial), llega mientras el diario Primera Hora informa que otras 74.000 personas han abandonado la isla, sumados a los cientos de miles que huyeron en los últimos años debido a la crisis financiera en curso.
Mientras tanto, el Gobierno de Puerto Rico continúa apuntando con el dedo y buscando alguna forma de salir de la crisis, en lugar de hacer lo que es realmente necesario. Esto se ve agravado por el período previo a las próximas elecciones en 2016. Todo político está tratando de distanciarse de la causa del problema, mientras echan la culpa a la otra persona, la otra parte, los tenedores de bonos, el juez, o el Congreso —o cualquiera que pueda parecer un buen objetivo en el momento.
¡Ya es suficiente! Hagan el trabajo, o den un paso al costado.
¿Cuánto tiempo más puede el pueblo de Puerto Rico soportar el constante sufrimiento? ¿Hasta cuándo los sindicatos del sector público y sus lacayos políticos evitarán la culpa por el daño que han causado? ¿Cuánto tiempo más pasará hasta que el pueblo de Puerto Rico llegue a la simple conclusión de que solo ellos tienen la culpa de su situación?
En muchos sentidos, Puerto Rico es como la pequeña isla de Vieques. La isla luchó durante años para expulsar a la Marina de EE.UU. bajo la falsa premisa de que su presencia dañó al pueblo de Vieques. Cientos, si no miles de políticos, artistas y otros buscadores de fama fueron a la isla para ser arrestados y aparecer en televisión como alguien que se preocupa por ellos.
Bueno, ¿adivinen qué? Ganaron. La Marina se ha ido, y con ella se fueron 5.000 empleos tras el cierre de la Estación Naval de Roosevelt Roads. ¿El resultado? Los asesinatos en la isla de Vieques alcanzaron proporciones epidémicas, y la gente de allí nunca ha estado peor que ahora.
En la isla principal, las demandas por más derechos y beneficios para los trabajadores, tanto para los empleados públicos sindicalizados como para otros trabajadores, han llevado a miles de empresas a cerrar sus puertas, lo que significa cientos de miles de puestos de trabajo perdidos.
¿De qué sirven los derechos de los trabajadores, si los trabajadores no tienen trabajo?
Puerto Rico tiene que encontrar un líder que se enfrente al problema real. La isla debe reducir el tamaño de su Gobierno por no menos del 50%; debe modificar todos los contratos con los sindicatos para reducir los beneficios de todos los empleados, actuales y anteriores; y si es posible, derogar la sindicalización de empleados públicos por completo.
La isla debe centrarse en sus responsabilidades primarias, como la seguridad y la infraestructura pública, pero también debe elaborar un código tributario que sea justo y eficaz. Se debe agilizar las operaciones del Gobierno y privatizar lo que más se pueda. Por no hablar su problema energético, al que debe encontrar una solución definitiva, y el alto costo de los servicios públicos.
La única otra alternativa es que el Congreso de Estados Unidos suspenda la Constitución de la isla y nombre a un gobernador interino para solucionar el problema. De cualquier manera, el futuro es feo para la isla del encanto, y no quedan cuentos de hadas para contar.
Traducido por Rebeca Morla. Editado por Daniel Duarte.
