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En Colombia llegó el día en que definitivamente se limitó la competencia y se privilegió a un sector que naturalmente es rentista. A través de una decisión judicial se obligó a Uber a cerrar sus operaciones en el país. Se trata de la decisión más drástica que se ha tomado contra una aplicación de tecnología que oferta servicios de transporte.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó la suspensión de la plataforma digital con el argumento que Uber incurrió en competencia desleal, conforme a los hechos descritos por el demandante en este caso Cotech (Comunicación Tech y Transporte). Con un agravante, se ordenó al mismo tiempo a los operadores de telefonía móvil suspender la transmisión de datos de esta aplicación. Sin embargo, la sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Bogotá D.C (Sala Civil). Es decir, Uber tiene la posibilidad de seguir operando en el país a pesar de que el Gobierno no reconoce la legalidad de la prestación del servicio.
De manera que si la decisión se torna definitiva, 88 000 conductores vinculados actualmente a la plataforma se verán afectados. La plataforma de tecnología llegó a Colombia hace seis años y es utilizada por más de 2 millones de usuarios al día. Según las estadísticas, Uber cierra 2019 completando más de 300 millones de viajes. Cabe recordar que Uber pagó USD $10 583 300 (35 000 millones de pesos) al Estado colombiano por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA) en el periodo entre agosto y diciembre de 2018.
En su defensa, plataformas como Uber, Didi, Beat, han señalado que el servicio que ofrecen no es de transporte público y que los conductores no trabajan para la compañía sino que se trata de socios que usan su aplicación.
¿Por qué la decisión?
De acuerdo con el Superintendente Andrés Barreto la decisión se da en el marco de una denuncia por competencia desleal impuesta por la empresa Cotech, también conocida como taxis libres. Por esta razón, la Superintendencia en su competencia jurisdiccional adoptó la decisión. Lo particular del caso es que Cotech presentó la demanda como una proveedora de servicios de comunicaciones entre usuarios y taxistas.
El líder de taxistas, Hugo Ospina, señaló inicialmente que la decisión fue un favor que le hizo el Gobierno por no haberse sumado a las movilizaciones que iniciaron desde el pasado 21 de noviembre. Sin embargo, el mismo rectificó días después que lo dicho eran rumores. Lo que sí es claro, es que los taxistas buscan anular cualquier tipo de competencia e irían detrás de las plataformas de servicio de transporte e incluso en contra de las patinetas eléctricas.
Mientras tanto la respuesta del Gobierno de Iván Duque, —no es la más clara—, teniendo en cuenta que están a favor de las nuevas tecnologías, el emprendimiento y el capitalismo. El viceministro de Creatividad y Economía Naranja de Colombia, Felipe Buitrago, aseguró que Uber no es economía naranja, si bien existen sinergias entre las nuevas tecnologías y la economía naranja, estas áreas no se pueden confundir, dijo.
https://twitter.com/FelipeNaranja/status/1208371310302289921
Ha señalado el Gobierno colombiano que la Economía Naranja es una herramienta de desarrollo cultural, social y económico. Y que se diferencia de otras economías por el hecho de fundamentarse en la creación, producción y distribución de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y creativo se puede proteger por los derechos de propiedad intelectual.
Justamente, hace un año el Gobierno Duque lanzaba una nueva restricción a la prestación del servicio a través de plataformas tecnológicas. El ministerio de Transporte expidió un documento en el que reiteraba a las autoridades de tránsito que los conductores que violen el artículo 26 de la Ley 769 de 2002 en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares, sin justa causa podrán suspender y cancelar la licencia de conducción hasta por 25 años.
Uber no se quedará de brazos cruzados
No ha sido el mejor fin de año para Uber en Colombia, el pasado 18 de diciembre la Superintendencia de Transporte informó que imponía una multa a la empresa por USD $125 151 (414 millones de pesos) por incumplir la orden de no promover ni promocionar servicios no autorizados, y ahora se suma la decisión de cerrar operaciones de manera definitiva en el país.
De acuerdo con algunos analistas, este tipo de decisiones que defienden monopolios limitan la competencia y promueven el mal servicio a través de la intervención. Además, que es una decisión que también va en contra del consumidor.
Uber no se quedará de brazos cruzados y apelará la decisión. Para este caso, el Tribunal Superior del Distrito de Bogotá deberá resolver el recurso de apelación de la empresa tecnológica; lo cual puede tardar según indicó el Superintendente Barreto aproximadamente entre uno y dos años.
