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El Instituto colombiano de Ciencia Política (ICP) dio a conocer un informe sobre el rol del empresario como víctima del conflicto armado en Colombia, pues considera que el país está en mora de este reconocimiento, dado que las empresas fueron dejadas por fuera del proceso de negociación y del acuerdo final firmado entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
El estudio destaca que la violencia ejercida por los actores armados al margen de la ley contra las empresas ha sido de toda clase: desde asesinatos, secuestros, extorsiones, hasta la destrucción física de la propiedad privada, saboteo y terrorismo. Es decir, los criminales que han participado en el conflicto armado, en este caso las FARC, han cometido toda clase de violaciones contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
«El concepto de víctima empresarial del conflicto no es una categoría nueva por entero. Es una especie del concepto genérico de víctima del conflicto armado. Sin embargo, dada la omisión legislativa de contemplar este concepto de forma específica, y de trazar políticas y lineamientos que consideren especialmente sus particularidades, se hace necesario desarrollar este concepto», se explica en la investigación.
Otro de los hechos reveladores del documento es que en el proceso de justicia transicional, así como de la configuración de sus mecanismos, hay un déficit de participación de las empresas. Al momento de realizarse la convocatoria de las víctimas, las empresas no pudieron concurrir a la negociación del acuerdo.
Según el artículo 152 de la Ley 1448 de 2011, la empresa o corporación también es una víctima colectiva, por esto es susceptible de ser reconocida como un grupo, organización o comunidad. Sin embargo, pese a los múltiples daños que tanto ellas y sus miembros sufrieron durante varias décadas, ante la Jurisdicción Especial para la paz (JEP) no pueden participar como víctimas, pero sí como terceros civiles que financiaron el conflicto o tuvieron responsabilidad implícita con este, pero no como víctimas.
#VisiónColombia2022 | 📢Este documento es un llamado para que en la construcción colectiva de la memoria se registren los casos y testimonios sobre la violencia que padecieron las empresas📢 Lea el documento completo en: https://t.co/LgoN8ffrDj pic.twitter.com/gNy9ykOpFe
— VisiónColombia2022 (@VColombia2022) September 12, 2019
Entre las vulneraciones de las que han sido víctimas empresas y empresarios están las dirigidas contra la infraestructura petrolera, carbonífera, eléctrica, de acueducto, de los medios de comunicación, de organizaciones privadas y los bienes muebles e inmuebles de empresas transportadoras y de comunicaciones, entre otras, y sobre todo contra su personal, sus miembros y su capital humano.
En el informe el ICP buscó reivindicar el papel de la empresa privada como actor en la construcción de una paz basada en el respeto al Estado de derecho, sustentada por la generación de oportunidades a partir del ejercicio de las libertades económicas y de la promoción y facilitación de la iniciativa privada.
Una sociedad libre y pacífica es posible si se le permite a las empresas desarrollar sus actividades e impactar positivamente en las transformaciones sociales.
En este sentido, este centro de pensamiento hizo un llamado a la sociedad civil y al Estado colombiano para que en la construcción colectiva de la memoria sobre los crímenes cometidos en el contexto del conflicto se registren los casos y testimonios sobre la violencia que padecieron las empresas y empresarios. De esta forma, puedan dar a conocer su punto de vista, acceder a la justicia, a acciones de reparación y se les garantice la no repetición. De ahí que piden que este sector de la sociedad civil no sean satanizado ante posturas ideológicas que buscan convertir a los victimarios en víctimas y revertir la realidad, y «que quienes fueron afectados en sus derechos terminen siendo señalados como responsables de la violencia».
Además, se explicó que las personas afiliadas a las empresas víctimas del conflicto armado no han sido atacadas por razones que a ellos les concierne, sino en virtud de su relación con las empresas, del cargo que desempeñan, de la función que cumplen, o de la zona en la que debían cumplir sus funciones.
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