El presidente de Colombia Iván Duque firmó un decreto que permite a la Policía Nacional confiscar cualquier dosis de droga que se encuentre en las calles del país. Sin embargo, según expertos, esta medida no logrará su cometido de salud pública de reducir el consumo, y además impactará negativamente el uso medicinal del cannabis.
Con el argumento por “la defensa de los derechos de la ciudadanía, de los niños y la protección del espacio público” y con un componente de salud pública, se espera que se ataque el microtráfico, jíbaros y, por consiguiente, se disminuya el consumo.
Por ahora el debate se centra en la nueva reglamentación, esta medida necesitaría de un buen tiempo para arrojar resultados positivos. Mientras tanto, en el primer día de la aplicación de decreto 1844, la policía incautó tan solo una libra de marihuana.
PanAm Post habló con el medico Paulo Gómez máster en tratamiento del dolor de la Universidad de Salamanca y miembro de la Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento (IACM), quien señala que el decreto firmado en materia de drogas es un despropósito, ya que criminalizar nunca será la solución a un problema de salud pública.
Paradoja legal
“Si ponemos en contraste el actual decreto con el decreto 613 de 2017 que reitera lo expresado en la Ley 30 de 1986 en lo relativo al autocultivo, donde se autoriza la tenencia de hasta 20 plantas para autoabastecimiento, entraríamos en una paradoja legal”, explicó Gómez.
Se preguntó cómo harán esos usuarios (o pacientes) para almacenar la cosecha de sus 20 plantas sin correr el riesgo de ser decomisados, multados o capturados.
“Si tenemos en cuenta que el decreto 1844 divide a los usuarios de psicoactivos dividiéndolos entre ‘jíbaros’y ‘adictos’, ¿Dónde quedan los pacientes? Desconoce el ejecutivo que, por ejemplo, cientos de niños epilépticos utilizan derivados del cannabis para tratamiento y que sus madres, a falta de celeridad al momento de la implementación de la producción nacional, consiguen su medicina mediante el mercado negro o asociaciones y deben transportarlo a sus hogares. ¿Qué pasa si capturan a una de estas madres con una cantidad de ‘droga’?”, dijo.
El Ministerio de Salud ha señalado que la demanda de derivados y medicamentos para pacientes, tanto nacionales como extranjeros, es lo que justifica la oferta de cannabis y su respectivo cultivo. Por lo tanto, el decreto apunta a que la persona que. al momento de una inspección policial, le sea encontrado marihuana por ejemplo, deberá ser justificado el por qué del porte.
En este sentido, ha señalado la ministra de Justicia Gloria María Barrero que la certificación sobre las adicciones la pueden dar los padres y que el agente de la policía será el encargado de determinar, a través de un proceso verbal, si la persona es adicto o no.
Los médicos no pueden expedir recetas de drogas que no son legales. Para demostrar que es un adicto la persona puede acudir al testimonio de sus padres. La policía, en el proceso verbal, definirá si le cree o no. Vamos a sacar la droga de las calles: @GloriaMBorrero @CaracolRadio
— MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) September 5, 2018
Al respecto, el doctor Gómez advierte los posibles riesgos sobre la salud pública que pueden llegar a ser incalculables.
“En lo que se refiere al consumidor recreativo, de acuerdo con la jurisprudencia, el adicto es un ‘enfermo’ y se sabe que el adicto que suspende abruptamente el consumo cae en síndrome de abstinencia. Decomisar la dosis hará que se busque compulsivamente una nueva, que además el jibaro aumentará de precio ante una menor oferta y una mayor demanda, beneficiando y no debilitando cómo se pretende el microtráfico”, explicó.
Por otra parte, asegura que el decreto terminaría con resultados paradójicos de los inicialmente esperados.
“Aumento de la delincuencia, inseguridad, falta de garantías para pacientes y usuarios no recreativos. Esperamos de buena fe que las altas cortes sean quienes le den el cierre a este infortunado retroceso en las libertades civiles y la construcción de una Colombia incluyente y de paz”.
Y cómo queda la marihuana medicinal
Mientras el actual Gobierno del presidente Duque ataca por todos los frentes la proliferación de drogas para contrarrestar el consumo en menores, un generoso mercado local de cannabis medicinal se potencia.
Muestra de ello es el mercado bursatil que se empieza a interesar por este producto. Justamente, el cannabis es el nuevo negocio que se empieza a mover en Wall Street. Hace poco el regulador federal de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó un nuevo producto llamado Epidiolex para tratar la epilepsia. El fármaco está basado en el CBD, un compuesto del cannabis con propiedades analgésicas.
En abril, Andrés López Velasco, exdirector del Fondo Nacional de Estupefacientes le dijo a PanAm Post que la Ley 1787/2016 establece una regulación en tres aspectos en materia de marihuana medicinal: cultivo, producción y distribución, y que apunta hacia una visión moderna de la política publica de drogas con fines científicos y comerciales.
“El proceso está en curso desde agosto del año pasado y, a la fecha, hay más de 30 empresas con licencia de fabricación de derivados de cannabis y más de 50 con licencia de cultivo de cannabis. El siguiente paso es solicitar el cupo cuando se trata de cannabis psicoactivo, que es aquel con más del 1 % de THC, la sustancia alucinógena que responde por el efecto de droga del cannabis”.
Estos datos de empresas que hicieron el registro es con base al primer trimestre del presente año.
“Los productos legales, los medicamentos, aún no los veremos. Los esperamos para 2019, pues este año las empresas tendrán que dedicarse a registrar sus semillas ante el ICA y a hacer la experimentación necesaria para desarrollar esos productos y estandarizar su calidad. Es importante que la gente sepa que lo que venden en las calles, en algunas ferias artesanales y demás, no son productos legales y pueden traer consecuencias para la salud, pues no se sabe su calidad”.