English Version
Parece que la “lucha por los quince” es una noticia antigua. En California, es posible que pronto haya un salario mínimo de 22 dólares por hora, al menos para los empleados de la comida rápida.
La “Ley FAST” va hacia la mesa del gobernador Gavin Newsom después de pasar recientemente por la legislatura estatal. Como informa el Wall Street Journal, “crearía un panel gubernamental que fijaría los salarios a un estimado de medio millón de trabajadores de comida rápida en el estado”.
- Lea también: Desmontando el mito de que las leyes de salario mínimo son «progresistas»
- Lea también: Las megacorporaciones no son tu enemigo
“El proyecto de ley establecería un panel con miembros nombrados por el gobernador y los líderes legislativos compuesto por trabajadores, representantes sindicales, empleadores y defensores de los negocios”, explica el Wall Street Journal. “Establecerán salarios por hora de hasta 22 dólares para los trabajadores de comida rápida a partir del año que viene y podrían aumentarlos anualmente en la misma proporción según el índice de precios al consumidor, hasta un máximo del 3,5 %”.
Básicamente, una junta de amiguetes políticos fijaría los salarios del sector de la comida rápida del estado. Se trata de una dramática expansión del alcance del gobierno que perturbaría drásticamente las fuerzas del mercado que quedan. Tendría varias consecuencias económicas totalmente predecibles que superarían con creces cualquier beneficio.
1. Precios más alto
Como todos los estadounidenses, los californianos están luchando contra la inflación en este momento. Los alimentos, en particular, se han vuelto especialmente inasequibles. La intromisión legislativa del estado dorado agravaría este problema.
“En un estado que ya carga a las empresas con innumerables regulaciones, añadirles otra capa no haría más que aumentar los costos que, en última instancia, recaería sobre los consumidores”, advirtió la Cámara de Comercio de EE. UU. en un comunicado en el que condenaba la legislación.
Es un principio económico bastante básico que cuando el gobierno impone costos innecesarios a las empresas, una parte de ellos acabará recayendo en los consumidores”. Un estudio encontró que la propuesta podría aumentar los precios de la comida rápida hasta un 20 %.
Es más, el Instituto de Políticas de Empleo, favorable a las empresas, encargó una encuesta para economistas, la mayoría de los cuales se identificaron como independientes o demócratas, y recibió una evaluación abrumadoramente negativa de la legislación. Un enorme 83 % se opuso al proyecto de ley, y una mayoría también estuvo de acuerdo en que, en última instancia, provocaría un aumento de los precios.
Lo último que necesitan ahora las familias californianas que luchan por poner la comida sobre la mesa es un gran aumento de los precios.
2. Más desempleo
Aunque la comisión californiana intente fijar el salario mínimo de los empleados de la comida rápida en hasta 22 dólares/hora en su estado, se topará con una dolorosa realidad económica: el salario mínimo real es siempre de 0 dólares. Es el desempleo.
“Hacer que sea ilegal pagar menos de una cantidad determinada no hace que la productividad de un trabajador valga esa cantidad -y, si no es así, es poco probable que ese trabajador esté empleado-“, explica Thomas Sowell. “Desgraciadamente, el salario mínimo real es siempre cero, independientemente de las leyes, y ése es el salario que reciben muchos trabajadores tras la creación o el aumento de un salario mínimo impuesto por el gobierno, porque o bien pierden sus puestos de trabajo o bien no encuentran empleo cuando entran a la fuerza laboral”.
La simple verdad es que muchos empleados de la comida rápida no producen 22 dólares/hora de valor para su empleador.
Y, como explicó Milton Friedman, emplear a alguien con un salario superior a su productividad es “hacer caridad”.
“La mayoría de los empleadores no están en una posición en la que puedan dedicarse a la caridad”, concluyó el economista ganador del Premio Nobel. “Por lo tanto, las consecuencias de las leyes de salario mínimo han sido casi totalmente malas… aumentar el desempleo y aumentar la pobreza”.
Así que, aunque no podemos predecir exactamente cuántos, innumerables empleados de comida rápida perderán por completo su trabajo gracias a esta ley que supuestamente les ayudará.
3. Disfunción económica
California es un estado vasto y diverso. Las diferentes partes del estado dorado tienen condiciones económicas, salarios promedios, niveles de precios y mucho más muy diferentes. Sin embargo, esta comisión gubernamental que fija los salarios impondría una regulación única para todo el sector de la comida rápida del estado, inventada por sus compinches políticos.
Es una receta para la disfunción. Como dijo la Cámara de Comercio: “Creemos firmemente que las franquicias y otros propietarios de negocios están mejor equipados para dirigir los restaurantes en California que los designados políticos no electos en Sacramento”.
Este insensato intento de controlar toda una industria arruinaría muchos negocios, dejando también a sus empleados y clientes en peor situación. Se calcula que este plan aumentaría los costos laborales de los negocios hasta en un 60 %, un pico enorme que muchos no pueden permitirse. No hace falta ser economista para darse cuenta de que esto provocará el cierre de locales, la pérdida de puestos de trabajo y el malestar económico.
Una legisladora estatal republicana dice que McDonald ‘s le advirtió que podría dejar de expandirse en California o incluso abandonar el Estado Dorado por completo. ¿Cómo se supone que eso va a mejorar la situación de los californianos?
La moraleja
Es posible que los legisladores californianos que idearon esta propuesta tengan verdaderamente buenas intenciones. Puede que crean sinceramente que su plan ayudará a mejorar a los trabajadores. Pero esas buenas intenciones no servirán de consuelo a los innumerables miles de californianos que acabarán sufriendo si esta legislación se convierte en ley.
Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org
Brad Polumbo ( @Brad_Polumbo ) es un periodista libertario-conservador y corresponsal de políticas de la Fundación para la Educación Económica.
