En el año 2016 jóvenes mejores de edad que ingresaron al centro penal llamado Comunidad para Adolescentes habrían recibido un implante hormonal como método anticonceptivo por parte de las autoridades carcelarias de dicho recinto ubicado en la Ciudad de México.
Las reclusas ingresaron al centro penal para pagar sus penas por haber cometido delitos y aunque no contaban con el consentimiento de sus padres, tampoco tuvieron la opción de negarse a que personal de la secretaría de Salud les implantara el anticonceptivo en forma de una varilla flexible en el brazo.
Esta acción se volvió aún más irregular ya que muchas de las adolescentes a las que se les aplicó el anticonceptivo no habían comenzado su vida sexual ni tenían pareja, no estaban casadas y tampoco tenían visita conyugal. Una de las afectadas se hace llamar Marisela, quien llegó al centro penitenciario por robo de vehículo con violencia, en ese momento tenía 15 años.
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Al poco tiempo de estar en el lugar, se le indicó que se le colocaría un implante mismo que había sido acordado con Elisa Lavore Fanjul, directora general de Tratamiento para Adolescentes, y también era avalado por Claudia Navarro, directora del centro.
Esta situación provocó los reclamos de los padres de Marisela, quienes argumentaron que su hija no tenía vida sexual activa por lo que el anticonceptivo no tenía razón de ser. Al no tener respuesta por parte de las autoridades carcelarias, acudieron a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México ya que aunque su hija había sido declarada culpable del delito imputado, catalogaron de arbitrariedad el procedimiento que la secretaría de Salud había realizado en ella.
Luego de esta queja ante el ente de derechos humanos, llegaron otros más que también argumentaron que era una violación a las garantías de las menores de edad. Actualmente el organismo capitalino se encuentra al pendiente de la resolución de dicha investigación la cual podría culminar con lo que sería la segunda recomendación emitida este año contra las autoridades carcelarias por abusos que han cometido en contra de adolescentes en prisión.
Fuente: Milenio