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Sin duda cabe señalar que un informe debe ser objetivo, no calculado, ni al parecer con clara intención de causar daño a una institución indispensable para la defensa y seguridad de todos los habitantes del país, la Policía Nacional, y en especial el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), de donde la simultaneidad en el entregado por el liderado por el exdefensor del pueblo Carlos Negret y su inscripción como aspirante al Senado, crea serias y fundadas dudas.
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Se trata de los hechos ocurridos durante los días 9 al 11 de septiembre de 2020 en Bogotá y que por alguna razón incluye en el título al municipio de Soacha. Dicho estudio se contrató por la Alcaldía Mayor y se vinculó, en forma cuestionable, a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Los hechos a investigar, como lo recuerda el pueblo colombiano y particularmente los habitantes de Bogotá, se contraen a los protagonizados, en principio, por un grupo de vándalos infiltrados en las “marchas pacíficas” constitutivos de toda clase de desmanes, entre ellos, los ataques a la Policía y que terminaron con ataques al Esmad.
Hoy, esos sucesos, son objeto de investigación por las autoridades competentes. Sin embargo, el citado exfuncionario público, actuando como consultor privado, viene con fines políticos que mantuvo ocultos hasta este momento a enlodar el nombre de la Policía, a calificar temerariamente los hechos de “masacre”, a responsabilizar sobre las muertes, 14 según él, “principalmente” a la Policía Nacional. Sería bueno conocer los alcances del contrato celebrado entre el exfuncionario y la alcaldía, así como el monto de los honorarios por tan cuestionable trabajo.
Resulta impensable que el exdefensor del pueblo no conozca que son solamente las autoridades colombianas las llamadas a determinar a los responsables de estos sucesos y de cualesquiera otros de esa índole que acontezcan en el territorio nacional. Que la alcaldía capitalina no tiene esta atribución, así cuente con el respaldo de una organización internacional, la que por demás no tiene entre sus objetivos esa clase de intromisiones en los asuntos internos del país. La propia Canciller y Vicepresidenta de la República señaló que esta actuación es claramente “activismo político”.
Entonces, nos encontramos frente a un informe sesgado y parcializado de un ciudadano que lo aprovechó abusivamente para fines políticos y electorales, el que muy seguramente no es de recibo ni aceptado por la comunidad, la que no sólo vivió la realidad de los acontecimientos, sino que tiene conciencia respecto a lo sucedido, lo que de suyo hace notar el subjetivismo del informe y su afán por registrar a una Policía que se enfrenta a la ciudadanía cuando es bien sabido que aconteció lo contrario, que presenciamos, quizás, la infiltración en las protestas y el ataque a las fuerzas del orden por vándalos entrenados para ese fin, como lo denunció en su momento el destacado periodista Herbín Hoyos; situación que también quedó en evidencia con la medida de seguridad decretada por la justicia penal contra integrantes de la mal denominada “primera línea”. En cambio, en su informe el exdefensor del pueblo y candidato a congresista llama “expresión de indignación ciudadana” al secuestro de un bus y posterior arrollamiento de una mujer, María del Carmen Viuchi, quien lamentablemente murió.
Los colombianos y en particular los residentes de la capital no olvidamos la batalla que en esos días desataron contra los CAI. Era claro que se trataba de afectar la integridad de los uniformados. Quienes residimos en esta bella ciudad, hoy convertida por la inseguridad, entre otras, en invivible, sentimos que la primera autoridad de la ciudad incumple su juramento de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, en cambio, se da a la tarea de desprestigiar a la Policía, desde el mismo momento en que asumió la alcaldía, de la que prometió sería la Jefe. Entonces, si fuera cierto el informe, no es a la Alcaldesa a quien le compete responder?
Luego, es reprochable por completo la dramatización, con llanto incluido de Claudia López, en referencia a la inexistente “masacre”. Ella aboga por los revoltosos, no por los héroes, la Policía del Esmad, que tiene preparación rigurosa, entrenamiento constante, largas jornadas restableciendo el orden público quebrantado. Tienen que resistir jornadas largas. Incluso carecen de un baño, en particular las mujeres. En el pasado la funcionaria tuvo esta ofensiva declaración: “no me iba a quedar al lado de la policía verificando la matazón”.
Como corresponde a su responsabilidad el señor Director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, aseguró que no se han dado órdenes para cometer delitos ni se han masacrado personas. Al referirse a los 28 casos que registra el temerario informe de Negret deja saber que “en dos casos el presunto perpetrador habría sido un funcionario del CTI actuando por fuera de sus funciones. De los 18 casos restantes verificados, en 10 casos los presuntos perpetradores habrían sido actores no estatales, mientras que en ocho casos la Oficina no obtuvo información suficiente para identificar al presunto perpetrador”.
La sociedad civil, como corresponde, debe rodear a la Policía. Toda fuerza pública tiene claro mandato constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos. No hace bien un informe sesgado, por un consultor pagado que oculta sus intereses electorales, lo que de por sí impone el archivo de tan ofensivo documento.
La Policía de cualquier Estado democrático tiene cuerpos especiales antimotines dotados adecuadamente para defenderse de ataques. Recordemos que la alcaldesa, desde el comienzo de su gestión, ha estado atacando constantemente a la Policía. Uno de sus primeros actos fue impulsar un protocolo dizque para garantizar el derecho a la protesta pacífica. Así nacen los denominados gestores de convivencia. Si no tienen éxito en su gestión deberán actuar los miembros del Esmad, pero la alcaldesa, sin contar con las atribuciones para ello, los limitó al uso de “un escudo y un bastón”, como si creyera que con ello lograrían proteger su humanidad de ataques con bombas molotov y otros elementos.
Además, se empezó a montar una narrativa para reformar la institución policial, siguió el desmonte de su dotación y no se debe olvidar el deplorable fallo de la Corte Suprema de Justicia, STC 7641 – 2020, M.P. LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA, mediante el cual la Sala de Casación Civil ordenó a las autoridades involucradas en manejo de movilizaciones sociales adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva, lo que llevó a la adopción de un protocolo de acciones preventivas concomitantes denominado “Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana”. Ahí, en una actuación carente de competencia, la Corte Suprema de Justicia quiso dar inicio al entierro que se desea para la Policía Nacional.
Seamos claros: la Policía Nacional no masacra ni asesina. Nos defiende y protege y en muchos casos los servidores públicos que portan su uniforme ofrendan su vida para salvaguardarnos. Así lo registramos, con tristeza, entre otros, en el fallecimiento de los intendentes David Reyes y William Barreño (q.e.p.d) a quienes esta semana les activaron una bomba en el aeropuerto de la ciudad de Cúcuta. En ese mismo departamento de Norte de Santander el patrullero Jesús Martín Celis (q.e.p.d.), fue asesinado víctima del plan pistola. El informe no refiere a los CAI destruidos, ni a los ataques a la Policía.
