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Recibo la invitación a sumarme a una campaña pública iniciada por nuestra querida amiga Carmen Victoria Pérez, brillantemente asesorada jurídicamente por la constitucionalista, doctora Blanca Rosa Mármol de León. Su idea matriz es hacer uso de nuestro derecho constitucional a la autodefensa de nuestro régimen democrático, única forma venezolana de vida posible, y derrocar a quienquiera intente destruirla para imponer una tiranía. En primer lugar, a la dictadura dominante en nuestro país bajo intromisión y respaldo de la tiranía cubana.
Obvia señalar que he aceptado de inmediato. El derrocamiento del dictador Nicolás Maduro, un castrocomunista colombiano impuesto en Venezuela por el moribundo teniente coronel Hugo Chávez en contubernio con los hermanos Castro, se ha convertido en un imperativo constitucional y ciudadano. No solo es un derecho: es una obligación. Todo ciudadano venezolano está obligado constitucionalmente a defenderse de quien intente socavar nuestras instituciones e imponernos una dictadura. ¡Manos a la obra!
Es una medida extrema de autodefensa, dada la complacencia y la complicidad de los partidos políticos tradicionales y muy en particular del diputado guaireño Juan Guaidó y sus principales aliados: Leopoldo López y Voluntad Popular, Henry Ramos y la dirección de AD, Julio Borges y Primero Justicia, Roberto Henríquez y la dirección nacional de Copei, Felipe Mujica y el Movimiento al Socialismo, MAS, por cohabitar con la dictadura, sus autoridades y sus partidos, y entregarnos atados de pie y manos al régimen dictatorial. Derrocar al régimen y a todos los mencionados aliados, incluyendo al llamado presidente interino, es una obligación política y moral. De dicho derrocamiento depende nuestra integridad nacional.
Toda dictadura llega a un punto de no retorno. Toda ciudadanía llega a un punto de rebelarse o someterse. Llegó el momento de rebelarse y derrocar a Maduro. ¡Derroquémoslo!
