El caso video documentado del conductor de Uber que se resiste a un control policial y que termina baleado por el funcionario de carabineros, se ha tomado las redes sociales y la prensa en Chile.
En el video se puede apreciar que el policía intenta hacer parar el auto para realizar un control de rutina. A la negativa del conductor, quien además comienza a alegar que la detención es ilegal y a exigirle al carabinero que se salga de su camino, se agrega el accionar de lentamente proseguir su marcha aun cuando el policía se encontraba al frente.
Este último le pide bajar del auto y el conductor se niega entre reclamos e intenta proseguir su marcha a lo cual el oficial saca su arma de servicio de manera preventiva. Frente a la insistente negativa del conductor y actitud desafiante al proseguir con su marcha, el carabinero dispara dando en el antebrazo del conductor el cual quedó con medidas cautelares de arraigo nacional y con prohibición de acercarse al carabinero que le disparó al supuestamente oponerse a que le requisaran auto.
La empresa Uber, “empleadora” del conductor, reaccionó lamentando la supuesta desproporcionalidad de la respuesta del uniformado y culpando al mismo por la persecución injustificada a la compañía.
Se levantan dos temas diferentes en esta situación. Cualquier liberal estaría de acuerdo con que uber funcione con la menor regulación posible en término tributario y claro, que cumplan con estándares de seguridad pertinentes, pero que esto no signifique una intromisión estatal con impuestos injustificados por una actividad de acuerdo voluntario.
Sería maravilloso eliminar todos los impuestos posibles y que el estado sirviera para arbitrar relaciones entre ciudadanos, impartir justicia y encargarse de la seguridad nacional, pero ese es un tema que es necesario insistirlo vía legislativa y quizá falta organización civil para exigir menos impuestos, más libertad y menos subsidios.
Ahora, el segundo tema, no tiene que ver con el estatus de uber en términos de regulación, sino con la actitud ciudadana frente a reglas símiles, conocidas y necesarias para todos. Quizá, para formular bien este tema, debe expresarse en forma de pregunta: ¿Cuándo es aceptable la desobediencia civil? Y ¿Se justifica en un estado de derecho?
En una sociedad abierta, libre y funcional, se tienen leyes que son necesarias para que la condición de libertad sea efectiva y perdurable. Por ejemplo, la ley que dice “no robar” nos permite ser libres de circular por la vía pública sin miedo de ser asaltados, pues existe una sanción para el quebrantamiento de esa ley y si alguien decide violarla afectando mi libertad y mi propiedad privada, deberá compensarme y recibir la sanción adecuada estipulada por la misma ley, la cual será revisada por aquellos que elegimos para representarnos en el parlamento como legisladores.
Esto permite a su vez que las leyes conserven su espíritu con los cambios que sufren al amoldarse a cualquier sociedad que se transforma.
Entre esas cláusulas que las sociedades abiertas y libres establecen, existen autoridades envestidas con poder de la fuerza para hacer respetar las reglas y dentro de esas autoridades se encuentra el cuerpo de policía.
Dentro del abanico de funciones que tienen estos últimos, se encuentra la fiscalización de vehículos las cuales sirven para monitorear que aquellos que circulan, cumplan con las normas mínimas para ello, tales como el papeleo que autoriza a la maquina a recorrer las calles, la certificación de seguridad y también al conductor quien más de alguna vez ha resultado ser un prófugo de la justicia y que gracias a estos controles es puesto finalmente a disposición de la misma.
El punto es que, quien se rige por las reglas de convivencia del tráfico, las cuales son bastante razonables, coinciden con los estándares de libertad del mundo desarrollado y tienen un fin preventivo, no se negará a un control de rutina.
En el caso de uber, la policía tiene instrucciones del ministerio de transporte para cursar infracciones, pues pese a las enormes ventajas que proporciona este mecanismo de movilización, este no está regulado en términos tributarios y eso le molesta al gobierno.
La situación es aberrante para quienes aman la libertad y desean minimizar la intervención del estado en asuntos que solo le competen a quienes deciden hacer una transacción por un bien o servicio, pero las instrucciones han sido dadas y carabineros lamentablemente debe seguirlas.
Sin embargo, la única manera de constatar que el conductor pertenece a uber, es que el pasajero a quien transporta, lo delate o el conductor lo admita, pues no se puede obligar bajo sospecha, a un civil a mostrar el contenido de su teléfono. Entonces, si solo basta con no admitirlo, ser constante en la negativa o simplemente mostrar sus papeles al día y seguir como si nada, ¿se justifica la desobediencia civil?
La verdad sea dicha, la desobediencia civil es un recurso extremo que utiliza la sociedad bajo circunstancias especiales, como una carga tributaria tan pesada que no permita el desarrollo o entorpezca el libre albedrío, así como ocurría con el monopolio comercial español en la colonia, que minimizaba la libertad económica de las personas hasta llevarlos a un punto de rebelión, también se justifica frente a crueles y déspotas dictaduras, autoritarismos sanguinarios y denigrantes totalitarismos.
En el caso de una sociedad occidental, abierta y considerablemente libre como es el caso de Chile, no tiene mucho sentido expresar una desobediencia civil específica contra una fiscalización de rutina que es aceptable, razonable y hasta necesaria para preservar la libertad. El costo de desobedecer a la autoridad en estos casos es altísimo pues se sienta un terrible precedente de que no hay autoridad efectiva contra el voluntarismo antojadizo que puede acabar en crimen.
El carabinero ejerció su derecho en cumplimiento del deber al defender también su integridad física frente a un personaje que escudándose en su auto, lo utiliza como arma contra la autoridad al negarse a un simple control. Para cuidar la libertad, también es necesaria la obediencia civil.