Los colombianos parecen haberse acostumbrado a ser sometidos por un Estado poco eficiente e irrespetuoso. Pero del extenso listado de problemas que enfrenta Colombia, se destacan la falta de seguridad jurídica y la endeble protección a los derechos de propiedad.
Como antecedente, cabe señalar que en los últimos años, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional (que son 2 de las 6 altas cortes que tiene el país) han modificado su jurisprudencia de forma abismal. Ello ha generado que, sin trámite legislativo y violando el principio de separación de poderes, el Poder Judicial legisle y siembre incertidumbre.
La minería y la hotelería
Las consecuencias las vive el sector minero, ya que es un rubro que tiene establecido un sistema de regulación en la norma para la expedición y ejecución de las licencias de explotación. Sin embargo, a través de sus sentencias, estos tribunales han modificado el alcance de las licencias expedidas, convirtiéndolas en un papel inocuo para su titular. La inseguridad es tal que la propia Agencia Nacional de Minería no sabe qué hacer y se ha convertido en una entidad burocrática sin norte.
La actividad hotelera también ha sido víctima del cambio repentino de las reglas de juego. Cierto es que varios gobiernos han otorgado beneficios para aquellos que invirtieran en proyectos de infraestructura en el sector. Pero la reforma tributaria de la administración de Juan Manuel Santos modificó repentinamente los requisitos para obtener dichos beneficios y los recursos serían eventualmente asignados a hoteles que se construyeran en municipios con menos de 200.000 habitantes.
En un principio, los empresarios que habían invertido contaban con una exención impositiva por 30 años, pero con los cambios legales, ahora pasarían a pagar 9 % de renta, entre otros impuestos. Es decir, les modificaron sobre la marcha el beneficio del que gozaban desde 2002, como dijo a la revista Dinero el director de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). Esto ha constituido una afectación a la confianza de los inversionistas por el cambio de las condiciones a mitad del camino.
Ahora, y a pesar de la crisis económica a causa del aumento de la deuda y gasto público, la caída de la recaudación tributaria y los demás problemas económicos surgidos a raíz del coronavirus, Colombia debe prepararse para pagar condenas judiciales.
Las demandas
De haberse respetado la seguridad jurídica y los derechos de propiedad, estas condenas pudieron haberse evitado. Pero ahora los colombianos deberán pagar los procesos como obliga el Estado: mediante el pago de impuestos.
Uno de ellos es el de la telefónica América Móvil (Claro). Dicho dosier está en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). En él, se resuelve una demanda que presentó Claro, argumentando que Colombia violó el tratado de libre comercio con México. Las pretensiones del arbitraje ascienden a 1208 millones de dólares.
En 2017, dicha empresa perdió un proceso arbitral llevado a cabo ante la Cámara de Comercio de Bogotá. El laudo sostenía que las compañías con las cuales empezó la telefonía celular en el país, como Comcel, deben cumplir con la obligación de revertirle al Estado el valor de la infraestructura utilizada.
Esto se acordó en 1994 pero los demandantes alegan que esa reversión se modificó en leyes posteriores. Ese cambio de normatividad no solo genera inseguridad jurídica, sino elevados costos de transacción que son trasladados a la ciudadanía. Sobre este caso se había pronunciado también la Corte Constitucional en 2013, advirtiendo que la obligación acerca de la reversión de activos estaba vigente.
Ahora, en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se lleva otro proceso contra Colombia. En esta ocasión el demandante es Gas Natural Fenosa que todavía está a la espera del fallo. La empresa española, que hoy se llama Naturgy, demandó a la nación colombiana por la intervención que en 2017 hizo el Estado a Electricaribe. Las pretensiones de este litigio internacional ascienden a 1547 millones de dólares.
Los equipos encargados de defender los intereses del Estado colombiano sostienen que esa intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos fue legal y además, necesaria. Pues esa compañía prestaba mal servicio en los 7 departamentos de la costa Caribe. Pero Naturgy sostiene que esto fue una violación al trato justo y equitativo y una expropiación de sus bienes en Colombia. Nuevamente, este proceso se pudo haber evitado si Colombia hubiera tenido bien limitados los derechos de propiedad y un marco jurídico estable para defenderlos. Empero, este caso tiene otro elemento: una contrademanda que presento Colombia contra Naturgy por 1,7 billones de pesos (unos 485.000 dólares).
Pero lamentablemente, estos procesos no son los únicos que se tramitan. Hay un tercer proceso que podría moverse este año, pero no será una primera decisión. En agosto de 2019, al fallar un litigio, el CIADI ordenó a Colombia devolver 19,1 millones de dólares más intereses a la minera Glencore por una sanción que le había impuesto la Contraloría a esta empresa en 2015.
En su momento, dicho organismo internacional concluyó que la sanción obstaculizó los intereses de la compañía, pero negó las otras peticiones de la empresa. El total de las pretensiones del proceso ascendían a 500 millones de dólares. Colombia, sin embargo, pidió la anulación de esa sentencia y la respuesta a su solicitud podría llegar este año.
Otras 16 demandas
Aparte de los procesos ya mencionados, Colombia enfrenta otros 16 litigios internacionales que le pueden costar a los colombianos unos 5911 millones de dólares.
Uno de los pleitos más conocidos es el de Meritage, un lujoso proyecto habitacional en el departamento de Antioquia, que se frenó porque entró a extinción de dominio en la Fiscalía. El ente acusador señala que el lote en el que se estaba construyendo el proyecto tenía nexos con actividades criminales. En esa demanda se piden 341 millones de dólares..
Eco Oro Minerals, Red Eagle Exploration y Galway Gold son otras empresas que también demandaron a Colombia. Según ellas, la decisión de la Corte Constitucional en 2016, que ordenó delimitar el páramo de Santurbán, en el departamento de Santander, y prohibió la minería allí, afecta sus intereses. Además, acusan a Colombia de incumplir el tratado de libre comercio con Canadá.
Eco Oro pide 736 millones de dólares. Red Eagle Explorations, 124,64 millones de dólares. Y Galway Gold, pretende unos 196 millones de dólares.