El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, informó que el reclutamiento de menores por parte de grupos terroristas continúa en gran parte del país. Miembros de la entidad estatal realizaron un trabajo de campo entre el 17 de marzo y el 30 de septiembre.
Durante la investigación se tomó conocimiento de 83 casos, de los cuales 23 fueron reportados por defensores comunitarios. Otros 23 fueron reportados directamente en las oficinas de la Defensoría del Pueblo. A ellos se añadieron seis por diversas organizaciones no gubernamentales, dos por las Naciones Unidas y 29 por otras entidades.
Según la Defensoría, los departamentos donde más casos se han presentado son: Caquetá (21 casos), Cauca (19 casos), Putumayo (8 casos) y Antioquia (7 casos). Otros departamentos afectados son Arauca (6 casos), Chocó (4 casos), Amazonas (3 casos) y Córdoba (3 casos). Los departamentos de Huila, Meta, Vichada y Nariño registraron dos casos cada uno, y Bolívar, Boyacá, Cundinamarca y Tolima solo uno en cada uno de ellos.
La entidad informó asimismo que el 80 % de los casos ocurrieron en zonas rurales y que las edades de las víctimas oscilan entre los 8 y los 18 años. Del total de los menores reclutados, el 33 % son menores de 14 años y un 59 % son hombres (49 casos), 20 son indígenas y 2 afrodescendientes.
“Disidencias” de las FARC, los mayores reclutadores
La entidad informó que las “disidencias” de las FARC continúan como los mayores reclutadores de menores. Al parecer continúan con las mismas prácticas que sus exlíderes terroristas se niegan a reconocer mientras reciben un cuantioso salario como congresistas. Tampoco han reparado a sus víctimas.
Puntualmente, los porcentajes de reclutamiento por parte grupos armados se distribuyen de la siguiente manera: Disidencias las FARC-EP con 54 casos, representa el 63% del reclutamiento total, con una diferencia numérica notable respecto de por ejemplo, grupos armados del crimen organizado, con 5 casos, y grupos posdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, también con 5 casos. El grupo terrorista del ELN (Ejército de Liberación Nacional) registra por su parte 6 casos. Disidencias GAOR (Grupos Armados Organizados Residuales), 2 casos y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 1 caso. De 10 casos no se tiene información.
Además del reclutamiento forzado, las estudios registraron otros delitos de los que son víctimas los menores de edad como desplazamiento forzado (18 casos), amenazas (16), desapariciones forzadas (3), violencia sexual (2), lesiones personales (2) y otros (16).
“Hacemos un llamado a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos de los colombianos y se acabe el flagelo del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y mucho más cuando sus familias son afectadas por la pandemia en cuanto a su salud y a la falta de recursos económicos”, indicó el Defensor del Pueblo.
Finalmente, la entidad subrayó que “se requiere formular estrategias de generación de ingresos que contribuyan a la satisfacción de necesidades básicas tanto de menores de edad como a sus familiares y/o cuidadores. Así mismo, ampliar la oferta de oportunidades desde la legalidad que les permita generar proyectos de vida posibles y adecuados a sus expectativas, de manera que perciban más y mejores condiciones de protección contra las amenazas de los grupos armados ilegales.”