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La capacidad gubernamental de vigilancia cibernética de México ha ido en aumento sin ningún tipo de contrapeso ciudadano que le ponga freno a posibles abusos por parte del Estado. Esta es la principal conclusión del Informe sobre las tecnologías de la Vigilancia de Internet, el primer estudio nacional de su tipo, el cual fue dado a conocer el pasado cinco se noviembre.
El informe, realizado por los abogados Luis Fernando García y Jesús Robles Maloof, consultores independientes de la ONG Internews, demuestra que en México el Gobierno Federal puede usar la tecnología de forma arbitraria por la carencia de legislación sobre vigilancia cibernética.
Para llegar a estas conclusiones, los autores realizaron 20 entrevistas a personas que pudieran ser víctimas de este fenómeno —como activistas, periodistas, o defensores de derechos humanos—, revisaron los principales casos de vigilancia cibernética publicados en medios, y analizaron la información oficial sobre estas labores.
Gracias a sus actividades laborales, pero sin evidencia sólida, el 95% de los entrevistados sospecha que ha sido víctima de vigilancia o intercepción de sus comunicaciones en Internet; el 26% tiene evidencia de que sus sitios web y servidores han sido atacados; y el 16% de ellos ha sufrido intervenciones que califican como graves, pero por miedo a riesgo de su seguridad no las han denunciado.
Un caso que resalta el estudio es el de uno de los entrevistados, quien mencionó que sus conversaciones privadas en la red social Facebook le fueron citadas durante una conversación directa con un funcionario público de la oficina de la Presidencia de la República de México.
[Boletín de medios] Informe sobre las tecnologías de la #vigilancia de Internet en México @Internews: http://t.co/oomnJYTudh #surveillance
— ContingenteMX (@ContingenteMX) November 5, 2014
La privacidad de las comunicaciones está protegida en el artículo 16 de la Constitución de México, el cual establece que solo un juez podrá determinar si las autoridades pueden violar este derecho. Además de ello, la Corte Suprema de Justicia de México ha establecido que también las formas de comunicación derivadas de la tecnología están protegidas en su constitución.
En declaraciones a PanAm Post, García enfatizó la necesidad de establecer bajo qué supuestos las autoridades están autorizadas a vigilar a los ciudadanos y sus actividades en Internet. Dijo que la participación de los jueces es vital cuando estas operaciones se realizan sin la debida notificación a la persona investigada. “Debe existir una obligación de transparencia de la vigilancia, que exista un sistema de frenos y contra pesos. Esta falta de protección y justificaciones abre una puerta al abuso”, sentenció.
Los autores sugieren que es necesario que la sociedad civil desarrolle una capacidad de análisis y conocimiento de las tecnologías para que puedan elevar propuestas legislativas que apoyen el proceso de apertura de rendición de cuentas en este sector.
García añadió que para poner coto a la labor de vigilancia del Gobierno hay que tomar en cuenta los resultados de iniciativas llevadas a cabo en otros países. “Se debe contactar a organizaciones internacionales que abordan el tema de la invasión a la privacidad, conocer sus opiniones y experiencias, y así poder proponer cómo se puede realizar esta vigilancia y en qué ocasiones”.
2010, año clave en las redes sociales
El estudio narra seis eventos de censura en Internet, represión y vigilancia gubernamental ocurridos a partir de 2010. Destaca que ese fue un año clave debido al aumento de usuarios en las redes sociales y la transformación de estas en plataformas de debate público.
Uno de los sucesos más impactantes ocurrió en noviembre de 2010, cuando Héctor Bautista, administrador de la página web InfoChiapas.com, fue arrestado durante 40 días por supuestos cargos de pornografía infantil.
El motivo que a juicio de Bautista se encontraba detrás, era la publicación de un reportaje acerca de la deuda pública del Estado de Chiapas, una historia que no tuvo mucha cobertura en los grandes medios de comunicación.
Entre los meses de marzo de 2011 y 2012 el Gobierno de México invirtió US$367 millones para intervenir comunicaciones y mensajes de teléfonos celulares.
Con la contribución de Elisa Vásquez
