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EnglishLa influencia de Cuba en América Latina nunca pasó desapercibida. Ya sea a través de los movimientos insurgentes de las décadas de los 70 y 80 que enarbolaban los estandartes del socialismo y pretendían alcanzarlo mediante la lucha armada, o en la retórica de los políticos que se consagraron en algunos países —especialmente desde el ascenso de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela en 1998—, la influencia de la isla en la región siempre estuvo vigente.
El material de exportación cubano no se limita a argumentos ideológicos y estrategias militares. En los últimos años, una gran cantidad de médicos cubanos en misión gubernamental desembarcaron en Venezuela y Brasil para desarrollar programas estatales en esos países a cambio de petróleo y dólares, dos necesidades esenciales para la supervivencia del régimen castrista. Pero en pleno siglo XXI, el gobierno cubano no quiso quedarse atrás en la nueva economía, y a través de una red de empresas estatales comenzó a exportar know-how y software relacionados con la especialidad de la isla: Vigilancia masiva y control social.
Datys, dependiente del Ministerio del Interior, es la de mayor proyección internacional. Argentina, Bolivia y, por supuesto, Venezuela, la contrataron durante los últimos años para la provisión de servicios de identificación biométrica. Desde la confección de documentos de identidad y pasaportes hasta la instalación de equipamiento para identificar a los ciudadanos, la empresa cubana provee a los gobiernos de herramientas fundamentales para el control de la población.
La tendencia de adoptar sistemas de identificación biométrica es generalizada en toda la región. Y el rol del Estado cubano en el desarrollo de estos sistemas genera dudas acerca de la fiabilidad en el manejo de la información. “Estas compañías forman parte de una estrategia cubana para extender sus redes de inteligencia en la región. Son en realidad una fachada del G2 que les permite tener control de los sistemas de emisión de documentos de identidad, con lo cual pueden otorgárselos a cualquiera”, afirma Anthony Daquin, un exasesor del Ministerio del Interior de Venezuela —ahora exiliado en Estados Unidos— involucrado en los procesos de incorporación de la tecnología biométrica. Datys depende del Ministerio del Interior, al igual que la Dirección General de Inteligencia cubana, también conocido como G2.
El auge de Datys no es casual. A partir de la creación del “Programa Interamericano para el Registro Civil Universal y ‘Derecho a la Identidad’” en 2008, la Organización de Estados Americanos ha promovido la consolidación de los sistemas biométricos en los documentos de identidad. Las huellas dactilares, el rostro o el iris del ojo son algunos de los parámetros que permiten verificar con este sistema la identidad de las personas.
La presencia cubana plantea más interrogantes acerca del uso de datos biométricos. Aunque la realidad es que con o sin intervención cubana, la creación de bases de datos con estos identificadores presenta varios riesgos para la protección de la privacidad y los derechos individuales.
La amenaza a la privacidad es clara. Los sistemas biométricos convierten los atributos físicos de cada persona en su tarjeta de identificación y amplía las oportunidades de espionaje doméstico. De esta manera, y en combinación con las cámaras de vigilancia en lugares públicos, las autoridades pueden identificar a los individuos que asisten a una manifestación, hacer un seguimiento de sus rutinas, o establecer sus relaciones y afiliaciones. En síntesis, una radiografía de las actividades diarias de cada ciudadano.
La vigilancia constante implica dejar de lado una de las garantías fundamentales que explícita o implícitamente se encuentra consagrada en la mayoría de las constituciones: La presunción de inocencia. El experto en seguridad Bruce Schneier ilustra este punto citando al Cardenal Richelieu: “Si alguien me entrega seis renglones escritos a mano por el hombre más honesto, podría encontrar alguna [razón] para colgarlo”. En el mismo sentido, el novelista y disidente soviético Aleksandr Solzhenitsyn señaló que “todo el mundo es culpable de algo o tiene algo para esconder. Todo lo que uno tiene que hacer es mirar con atención para encontrar qué es”.
Las bases de datos centralizadas con información biométrica plantean desafíos adicionales en materia de la protección de la confidencialidad de los datos. El almacenamiento seguro que prevenga el robo de datos y que sea impermeable a ataques externos es una condición básica que debe tener todo sistema. Pero además se deben contemplar mecanismos que anulen la posibilidad del abuso de poder por parte de funcionarios públicos en un sistema que incrementa su poder de abusar.
En el caso latinoamericano los riesgos se multiplican. Con una tradición política cuya historia no es ajena a los golpes de estado y los gobiernos fuertemente autoritarios, el peligro de que los sistemas de identificación biométrica sean utilizados para la persecución de disidentes políticos está siempre latente.
Aunque el camino hacia una sociedad más vigilada donde la privacidad se convierte en un privilegio más que un derecho parece inevitable, los británicos consiguieron detener este proceso. En 2010 lograron derogar el Identity Cards Act —sancionado cuatro años antes— que creaba una tarjeta de identificación y una base de datos biométrica. Entre las principales críticas se encontraba el alto costo del sistema, los conflictos con la privacidad, y el sesgo negativo hacia los integrantes de las minorías étnicas que percibían que el sistema los dejaba expuestos a abusos y discriminación.
De este lado del Atlántico el futuro no es demasiado alentador. Mientras que en Bolivia se acaba de implementar el empadronamiento biométrico en miras de las próximas elecciones presidenciales, en Brasil prevén que para el año 2018 sus 132 millones de habitantes habilitados para votar contarán con su registro biométrico. Chile y Argentina transitan el mismo camino.
La identificación biométrica es sólo un paso en la pendiente resbaladiza en la que a medida que se producen avances tecnológicos, disminuye cada vez más nuestra privacidad. Ya sea que se implemente en nombre de la seguridad, del derecho a la identidad o de la protección contra el fraude electoral, todos los senderos conducen a un mismo destino: La vigilancia y el control de las sociedades por parte del aparato estatal.
