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El gobierno de Bolivia presentó un nuevo proyecto oficial de ley de la hoja de coca en donde reconoce como legales 8.000 hectáreas de coca, más que las 20.000 permitidas.
César Cocarico, ministro de Desarrollo Rural, informó que después de la reunión informativa, los cocaleros Yungas estuvieron protestando por esta decisión.
El ministro señaló que «Nuestra propuesta es 20.000 hectáreas de producción como máximo, 13.000 hectáreas para La Paz y 7.000 para Cochabamba». A pesar de ello, se generó un fuerte rechazo por parte de los productores de coca.
Gregorio Chamizo, vicepresidente de la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca), indicó que esto «es una imposición por parte del Gobierno. Quieren someternos. Vamos a ser claros, 7.000 hectáreas para Chapare, como también el desarrollo de plantas industriales, tienen cítricos, bananos, palmitos de exportación, les dieron plantas de urea, amoniaco, y a nosotros nada. Nosotros no lo aceptamos».
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Según Cocarico cualquier ley es una especie de acuerdo político y por ello la ley de coca expresa una necesidad política. Aseveró que «Sabemos todos que hay productores en Yungas de La Paz y en el trópico de Cochabamba y desconocer estos extremos francamente es riesgoso. No podemos decir que de aquí para adelante no puede existir coca en Caranavi o en el trópico».
El Consejo de Federaciones Campesinas de los Yunga de La Paz (Cofecay) y Adepoca plantean en su supuesta ley que no se reconozca la coca del trópico de Cochabamba por considerar que es ilegal, que es desviada para actividades ilícitas.
Chamizo dijo que «No se toma en cuenta nuestro crecimiento poblacional, parecería que solo lo hizo el trópico. El 92 % de nuestra coca pasa por control, la de Chapare nada. No es justo. No nos cerramos al diálogo, pero creemos que la ruptura con el Gobierno está cada vez más cerca».
A ello, el ministro admitió una existencia de desvío y aseguró que «No vamos a desconocer que hay cierta cantidad de coca que se desvía, no solo en un sector».
Fuente: El Deber
