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Durante los últimos meses he tenido que ocuparme en una pelea legal que empezó el líder de las FARC, y hoy senador de la República de Colombia, Carlos Antonio Lozada en mi contra porque, según afirma, mis artículos y comentarios en Twitter afectan su “buen nombre”.
Luis Antonio Lozada, Carlos Antonio Lozada, Julián Gallo Cubillos, o como se le quiera llamar —porque tiene varios alias—, es uno de los hombres más importantes de las FARC, hace parte del secretariado del grupo y se le considera el número siete en el orden jerárquico. Cinco mil millones de pesos ofrecía el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez por quien ahora alega que daño su buen nombre.
Para llegar a ser cabecilla de un grupo terrorista es necesario tener extraordinarios resultados y valiosas aptitudes criminales, Lozada es bastante sanguinario y frío, por lo que consiguió “posiciones” muy importantes dentro de la organización.
Pero ahora, en su puesto de congresista, Julian Gallo pretende que nos olvidemos de su historia, e increíblemente usando la justicia logra poner en problemas legales e intimidar a quien recuerde su pasado. No es grato, ni fácil, ni barato y mucho menos seguro, enfrentarse legalmente a un líder de las FARC que ahora es senador.
El pasado 16 de enero el juzgado sexto penal del circuito reconoció que en la tutela fallada en mi contra, por decirle “violador” a Lozada y “afectar su buen nombre”, se vulneró de manera flagrante el debido proceso. Por ello el único camino que le quedó al juez fue decretar la nulidad de lo actuado.
De modo que ahora, en un nuevo proceso en el que deberían notificarme correctamente y darme la oportunidad de defenderme, debo enfrentarme legalmente con Lozada porque él siente que estoy dañando su “buen nombre”.
Si no fuera porque son millones las víctimas de las FARC y porque enfrentamos el peligro de que el país sea tomado por terroristas socialistas, todo esto sería un chiste. Uno de los hombres más importantes del grupo terrorista más sanguinario de la historia de Colombia, y por quien el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de 2,5 millones de dólares, es congresista y obliga a una periodista a retractarse por perjudicarle su “buen nombre”.
Lozada ingresó a las FARC a los 17 años, cuando cursaba su último año de bachillerato en el Colegio Distrital La Merced. Su padre era militante del Partido Comunista y, según señala él mismo, en su familia siempre se habló “de política, de izquierda, de socialismo, de la Unión Soviética, de Cuba”.
Su primera misión “importante” como miembro del grupo terrorista fue el 1 de mayo del 79 en la toma a un caserío en el Tambo (Cauca). Lozada ascendió rápidamente en la estructura terrorista, él afirma que por su facilidad para hablar con los campesinos, yo creo que más bien por su efectividad a la hora de hacer las labores propias del terrorismo. Su maestro de terrorismo —tanto rural como urbano— fue nada menos que el temido Jorge Briceño Suárez, el conocido “Mono Jojoy”.
En el 81 es enviado a Cali a realizar “misiones logísticas”, porque desde siempre su fuerte fue el manejo del “entorno urbano”. Siempre tuvo habilidades para el terrorismo urbano y a eso se dedicó. “En el 83, Marulanda y Jacobo Arenas me entregaron la dirección del trabajo urbano”, cuenta el ahora senador. Se hizo pasar por taxista, empleado, comerciante, vendedor y otras labores para hacer inteligencia y realizar sus tareas como encargado de los “trabajos urbanos”.
Dice Lozada que cada seis meses cambiaba por completo de vida, de casa, de nombre, de trabajo.
“El clandestino vive un cierto aislamiento, que exige una autodisciplina muy rígida. El silencio y la observación son el arma para sobrevivir. Nunca se pueden dejar cabos sueltos. Uno vive borrando las huellas de lo que está construyendo”, cuenta en entrevistas el hombre al que le estoy dañando el buen nombre.
Fue cabecilla de los Comandos Urbanos de las FARC, conocidos también como RUAN (Red Urbana Antonio Nariño). Fue también segundo cabecilla del sangriento bloque oriental de las FARC. Su primer gran golpe urbano como líder de los RUAN fue el asalto a la octava estación de policía de Kennedy en 1995. El grupo urbano de las FARC atacó con rockets dicha estación, causando la muerte de cinco uniformados y un civil.
De acuerdo con inteligencia militar, Lozada fue clave para reorganizar la estructura del grupo terrorista en 2003, promoviendo la creación del temido PC3 (Partido Comunista Clandestino Colombiano), brazo de las FARC enfocado en infiltrar, instruir y reclutar terroristas en las áreas urbanas, además de, por supuesto, realizar actos de terror en las ciudades.
Respecto de los procesos judiciales en su contra y las órdenes de captura por múltiples actos terroristas, podemos recordar que la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía le expidió una orden de captura por homicidio agravado con fines terroristas, secuestro extorsivo y rebelión, por hechos del 17 de marzo del 2000.
También la Fiscalía 13 de la Unidad Seccional de Fiscalías de Caquetá le expidió orden de captura por desplazamiento forzado, desaparición, homicidio agravado y concierto para delinquir, por hechos del 13 de marzo del 2001.
Para la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), es responsable de la producción y tráfico de cocaína de las Farc.
El 25 de enero de 2002 una bicicleta bomba estalla en una sede policial del barrio Fátima, en Bogotá, el saldo fue de 5 muertos y 14 lesionados. El jefe de los grupos urbanos a los que se les atribuye el atentado era Lozada.
El 7 de agosto de 2002, con granadas de mortero y rockets, se intentó asesinar al presidente Álvaro Uribe Vélez, también se detonaron petardos en diferentes puntos de Bogotá. Las autoridades encontraron en el barrio Santa Isabel de Bogotá una plataforma artesanal de lanzamiento de cohetes dirigidos al Palacio de Nariño. Varios de ellos alcanzaron a llegar al centro de la ciudad, donde los habitantes del Cartucho (ubicado a cuatro calles del lugar donde se posesionaba el presidente) llevaron la peor parte recibiendo varias explosiones. El rocket que estuvo más cerca de asesinar al presidente se estrelló en una cornisa del techo de la Casa de Nariño.
Fuentes oficiales señalaron que luego de los atentados se realizaron varios allanamientos, encontrando 40 morteros de fabricación artesanal. Los diferentes ataques llevados a cabo ese día dejaron en total 21 muertos y 50 heridos. Los atentados fueron atribuidos a los grupos urbanos de las FARC que manejaba el ahora senador.
El 13 de diciembre del 2002 a la oficina del entonces senador Germán Vargas Lleras llegó una carta bomba, al abrir el paquete la explosión le causó heridas en su cara y en dos dedos de su mano derecha. También se le atribuye a Lozada el segundo atentado contra el político, en el que seis de sus escoltas quedaron heridos.
Otro de los atentados atribuidos a las FARC y a sus grupos urbanos, manejados por el hombre que quiere cuidar su “buen nombre”, es el carro-bomba que le pusieron a la Escuela Superior de Guerra en 2006, donde 23 personas resultaron heridas. La bomba estaba programada para explotar en el descanso, gracias a la providencia divina un retraso en la salida del curso a su acostumbrado receso evitó que más de 100 militares perdieran la vida. También el objetivo principal, el comandante del Ejército, se salvó de morir en el atentado.
Como explica el coronel Plazas Vega, diferentes atentados urbanos realizados por las FARC, de los más sangrientos que recuerden los colombianos, debieron ser liderados o por lo menos coordinados con los grupos urbanos que manejaba Lozada. Es el caso del atentado al Club el Nogal, al Hotel Tequendama, así como el atentado hecho al exministro Fernando Londoño Hoyos.
Como si fuera poco la larga lista de ataques terroristas atribuidos a Carlos Antonio Lozada o, lo que es lo mismo, a los grupos urbanos que él dirigía, después de la firma del acuerdo de La Habana unas valientes mujeres han decidido contarle al país que los cabecillas guerrilleros, incluyendo al ahora senador que cree tener un buen nombre, reclutaban menores, los violaban sistemáticamente y luego, a las mujeres, las obligaban a abortar.
De modo que a sus “logros” en materia de terrorismo urbano hay que sumarle, por lo menos, las denuncias por reclutamiento forzado, violaciones y abortos, radicadas en su contra por la corporación Rosa Blanca en el Congreso de la República.
Que no hay un fallo en su contra por violación, alega el líder de las FARC que intenta obligarme a rectificar lo que he dicho sobre sus “conductas”. Es cierto, no hay un fallo, lo cual no quiere decir que él sea inocente, ni que los periodistas debamos callar ante las aterradoras denuncias de las víctimas de reclutamiento y violación. Que la justicia no haya fallado al respecto, más bien significa, tristemente, que el sistema judicial colombiano no ha hecho lo debido.
Y ahora que sus crímenes irán a la JEP (Justicia Especial para la Paz), descrita por Timochenko como un tribunal “creado por los propios insurgentes”, muy poca esperanza nos queda a los colombianos de que pague por sus delitos.
Pero, sobre todo, Lozada debe tener claro que aunque en sus delirios él cree que tiene un “buen nombre”, la mayoría de los colombianos lo recuerdan como uno de los líderes más sanguinarios de las FARC. Y ante las acusaciones hechas por asociaciones de víctimas como la Corporación Rosa Blanca, es muy difícil que alguien con la más mínima decencia se ponga del lado de quien lideró los grupos urbanos de las FARC y le dé la espalda a mujeres y hombres que fueron reclutados cuando eran apenas unos niños.
¿De qué “buen nombre” habla?
