EnglishEl título no es una exageración: El Estado está empeñado en decidir qué comeremos, cómo y dónde lo compraremos, e intenta hasta establecer las porciones “adecuadas” para cada “tipo de persona”. Sentados frente a pesados escritorios, y sin saber nada de las necesidades específicas o los deseos de cada individuo, el Estado limita las opciones de compra existentes en el mercado.
Las excesivas regulaciones disminuyen sustancialmente la libertad económica, crean monopolios artificiales, y en el caso de la comida, disminuyen la libertad de elegir lo que comemos. El Estado actúa como el padre de un niño al que le prohíbe comer un dulce antes de cenar, decidiendo por el individuo qué es lo que más le conviene comer.
El Estado establece cómo serán todos los pasos en la cadena de producción alimenticia. En los Estados Unidos existen enormes agencias gubernamentales que se encargan de decidir qué es un grano adecuado para la siembra y cómo es su estado ideal durante la cosecha.
Los subsidios a la producción agrícola crean distorsiones a la economía. Según un estudio publicado por el Instituto Cato, el sistema federal de bienestar a los agricultores le cuesta a los contribuyentes entre US$10 y $30 mil millones al año. Esta variación depende de los precios de mercado de los cultivos, desastres naturales, pagos anteriores y otros factores.
Los subsidios inflan los precios de la tierra en el área rural, obstaculizan la innovación agrícola, causan un exceso de producción que provoca precios más bajos (sin tomar en cuenta los desperdicios de alimentos), desincentivan la reducción de costos, la diversidad en el uso de la tierra, y crea demandas políticas para más subsidios.
El Estado también regula cada una de las características de inocuidad que el alimento tendrá una vez procesado. Esto hace que los productores gasten mucho dinero en diversos aditivos para cumplir estos estándares de calidad, aumentando el precio para los consumidores. Además de ello, limitan la entrada a nuevos productores que no poseen la experiencia o capacidad para cumplir con estos estándares. Si un nuevo productor logra producir alimentos de calidad sin seguir al pie de la letra cada una de las regulaciones, se arriesga a cuantiosas multas que los puedan sacar del mercado.
En varios estados de EE.UU., los mercadillos locales están prohibidos, a pesar que en ellos los pequeños productores venden productos de calidad y atributos demandados por los consumidores, pero sin las características que el Estado exige. Por ejemplo, pequeños productores de leche sin pasteurizar, que toman las medidas necesarias para evitar contaminaciones y no le hacen daño a ningún consumidor, tienen problemas de comercialización ya que su producto no es lo que el Estado considera adecuado para el consumo humano.
Un caso particular que ilustra como el sector privado puede crear lineamientos para el consumo seguro de los alimentos demandados en el mercado es el “Instituto de la Leche Cruda”, una organización sin fines de lucro cuya misión es mejorar la salud y el sistema inmunológico humano mediante la enseñanza de métodos de producción para agricultores, educación a la población, y el establecimiento de lineamientos para el uso de le leche.
¿Acaso el Estado tiene una capacidad de percepción especial que le permite observar cada uno de los procesos de la producción alimenticia? Las regulaciones actúan bajo el prejuicio de que quién no obedece cada ley es un criminal, sin considerar que la ley no está escrita en piedra y no existe una sola manera de producir comida.
Las regulaciones, ¿A favor de quién están? ¿A favor de los consumidores que ven reducidas sus opciones de compra?
Las regulaciones burocráticas también coartan las opciones de emprendimiento en el área de alimentos. Un caso emblemático son los “food trucks”.
Esta opción permite que un restaurante sea ambulante y es una excelente opción para los oficinistas de las ciudades. Suena como una opción ganar-ganar para todos. Pero las municipalidades buscan legislar cada una de las actividades de los camiones. Por ejemplo, el asambleísta del estado de California Bill Monning, introdujo una propuesta de ley que le prohibiría a los camiones trabajar a 1500 pies de una escuela pública, presuntamente para hacer que los niños prefieran la comida de la cafetería escolar a la de los camiones. Lo curioso del caso es que los niños no están autorizados a abandonar el recinto escolar durante el almuerzo, y las restricciones no aplican para restaurantes como Burger King. Entonces, si no es a los niños, ¿a quiénes quiere “proteger” esta legislación?
Los efectos no intencionados
Los Estados Unidos llevan décadas entregando subsidios a agricultores, lo que reduce los precios al consumidor, creando comida más barata. Suena conveniente, ¿no?
Pero toda ley tiene consecuencias no intencionadas. Esta, por ejemplo, crea comida artificialmente barata, que naturalmente será preferida por el público. ¿Qué preferirá una persona, una BigMac con papas fritas y gaseosa incluida? ¿O una porción de ensalada a un precio similar pero que representa una porción significativamente menor?
Obviamente cada individuo es responsable de lo que come. Considero moralmente y económicamente fuera de lugar las demandas que culpan a McDonalds por la obesidad en las personas. Pero es innegable que los millones de dólares que subsidian los costos de producir un BigMac han creado los incentivos necesarios a lo largo de décadas para cosechar una crisis de salud y obesidad en los Estados Unidos.
Aparte del problema de los subsidios y distorsiones en el mercado, los EE.UU. hoy tiene una crisis de cobertura de salud y niveles de obesidad nunca antes vistos. Para esto, naturalmente la “solución” del gobierno es crear más regulaciones y una agencia a favor de la nutrición como MyPlate.com.
Durante 2012 surgió el proyecto de ley del tamaño de las bebidas que los restaurantes están autorizados a vender, impulsado por Michael Bloomberg, alcalde de Nueva York. Bloomberg intentó prohibir la venta de envases de refrescos azucarados mayores de medio litro para luchar contra la crisis de obesidad.
Uno de los grupos opositores al proyecto de Bloomberg fue “Neoyorkinos por el derecho a escoger mi bebida”. Finalmente, tras frecuentes apelaciones, el 26 de junio de 2014 el juez Eugene F. Pigott Jr. de la Corte del estado de Nueva York, determinó que esa regulación excedía el ámbito de aplicación de la autoridad.
https://twitter.com/NYCBevChoices/status/482211387092262912
Aunque aplaudo iniciativas como “Mi Plato” que busca educar al consumidor sobre las porciones adecuadas para la buena nutrición (y es un servicio educativo que podría ser perfectamente proveído por el sector privado), y sé que basta un descuido para que una bacteria en un alimento cause un daño grave y crónico a una persona, estoy en total desacuerdo con los subsidios que favorecen a ciertos grupos de productores, que el Estado me diga cuánto, cómo producirlo y cómo ganarme la vida al elaborar alimentos. La industria alimenticia es una de las más innovadoras del mundo. Con menos regulaciones estatales, estas novedades podrían correr en vez de caminar
Si los consumidores escogen un producto que no les hace daño, ¿por qué tiene que prohibirlo el Estado? No es omnipresente ni omnipotente para determinar qué es lo mejor para cada persona, así que ya es hora que reconozca que los ciudadanos son los que saben qué es lo adecuado para sus vidas.
Desde el inicio de la historia de la humanidad las personas han celebrado el gusto de compartir las alegrías alrededor de la comida. Está en nuestro ADN, existe desde antes del inicio de los gobiernos. Por eso el Estado tiene que sacar sus manos de nuestros platos de comida.