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Semanas atrás vivimos la paralización de varios servicios estatales. No fue debido a inundaciones. Tampoco a un incendio o alguna otra catástrofe natural. Fue culpa de funcionarios que decidieron dejar de entregar servicios que solo ellos pueden entregar, quienes decidieron entrar en paro para exigir un aumento salarial. Lo más divertido de todo es que no hubo castigo alguno para los responsables. Castigo debido a que en Chile el servicio público tiene estrictamente prohibido entrar en paro.
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Cuando creíamos que el actual Gobierno no podía meter la pata nuevamente, este nos sorprende con nuevas cosas insólitas. La ministra del trabajo anunció el envió de un proyecto de ley que significa una “modernización” del Estado. Este permitiría que los funcionarios pudieran crear sindicatos y realizar huelgas. ¿La excusa para esto? Como los empleados estatales ya realizan paros, a pesar de su ilegalidad, hay que permitirlo. En otras palabras, como el Gobierno es incapaz de poner a raya a sus propios empleados, hay que dejar que hagan lo que les plazca.
¿Quién paga los platos rotos? El ciudadano común y corriente que paga impuestos a la fuerza con la esperanza de que los servicios estatales funcionen lo menos mal posible.
Por otro lado, no nos debe impactar la poca creatividad de los proyectos de este “distinguido gabinete”. Un reforma tributaria que terminó recaudando menos de lo que deseaban debido a que no esperaban que las leyes básicas de economía afectaran en este caso: mayor tasa impositiva implica menos recaudación. Una reforma educacional que impide la creatividad e innovación en los colegios y escuelas, como lo estudiaron en Finlandia.
Se centraron en bajar de los patines a los alumnos talentos y eliminar la meritocracia para acceder a buenos colegios. Seguimos usando el recetario del mismo libro viejo y empolvado.
Hilando un poco más fino, me da la impresión de que nuestros queridos políticos acaban de salir de la ya extinta Unión Soviética. Sociedad donde la gente no se imaginaba cómo un servicio podría ser entregado por otro agente que no fuera el todopoderoso monopolio del Estado.
En lugar de darle derecho a huelga a quienes por ley son los únicos con la autoridad de entregar el servicio, ¿no se les cruzó por la cabeza la simple idea de que podrían externalizar esos servicios? Siendo claro y conciso: ¿no se les ocurrió que ese rol podrían cubrirlo emprendedores y empresarios independientes?
Claro está que estamos en una sociedad donde el sector privado, quien nos otorga de todos los bienes y servicios que utilizamos a diario, es un grupo de explotadores y que merecen ser apuntados con el dedo. Mientras el sacro monopolio estatal, quien despilfarra nuestros impuestos en corrupción, es el más indicado en dar estos servicios.
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