English Version
EnglishEl sábado pasado, el jefe del cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, fue detenido en un hotel de Mazatlán por autoridades mexicanas y estadounidenses. Uno de los criminales más buscados del mundo desde su fuga de prisión en el año 2001, al cual el presidente de la Comisión de Crimen de Chicago, J. R. Davis, lo había definido “el enemigo público número uno de la ciudad”.
Efectivamente, las redes del cártel de Sinaloa se extienden al mundo entero: se cree que, además de los tradicionales bastiones en Estados Unidos, Europa y América Latina, el cártel ha conseguido extender sus vínculos a Australia y Asia. El beneficio económico que el cártel obtendría se estima en US$3 mil millones.
El arresto de El Chapo habría sido posible luego de que infantes de la marina mexicanos capturaran e interrogaran el miércoles anterior a Daniel Fernández de la Vega, supuesto narco que habría brindado la información necesaria para encontrar a Guzmán.
Tal como señala Guillermo Jiménez, columnista de PanAm Post, en un artículo de diciembre de 2013, el escape de Guzmán de la prisión federal mexicana en 2001 se produjo bajo dudosas circunstancias. Hay incluso quienes sostienen que el gobierno mexicano está involucrado en su fuga y mantenimiento como prófugo durante estos 13 años.
En ese mismo artículo, Jiménez expone la investigación de Anabel Hernández, una periodista mexicana autora del libro “Los Señores del Narco” (Narcoland, en inglés), quien cree que El Chapo es una figura mantenida por el propio gobierno para justificar la guerra contra las drogas, el consecuente gasto en defensa y el control de las fronteras.
Pero, ¿con qué fin el gobierno mexicano buscaría profundizar la guerra contra las drogas?
La Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Agency – DEA) informó el año pasado que el narcotráfico era el negocio ilegal más grande del planeta, con más de US$500 mil millones anuales en todo el mundo. Una cifra que otorga mucho poder a las organizaciones del crimen organizado que controlan tales flujos: no en vano, la revista Forbes catalogó a El Chapo Guzmán como una de las personas más poderosas del mundo, ocupando el puesto 67° en el ranking mundial.
Hace ya varios años viene acuñándose el término narcodemocracia, vago desde el punto de vista de la ciencia política pero quizás contundente desde la realidad que viven gobiernos de distinto tipo, sobre todo en América Latina. Una narcodemocracia define, precisamente, un Estado donde se celebran elecciones para elegir al gobierno, pero que ha sido penetrado por el narcotráfico gracias a la financiación que recibe de esta actividad. En consecuencia, las narcodemocracias permiten la actuación del crimen organizado de forma impune a cambio del efectivo necesario para ganar las elecciones.
En los pasados meses, distintos países de América Latina renovaron sus autoridades en comicios, y el tema de la financiación de las campañas electorales salió a la luz. Con pocas acciones judiciales para investigar los hechos, fue la prensa fundamentalmente – aunque no de forma exclusiva – la que asumió su rol de informar la poca transparencia en las cuentas de los candidatos latinoamericanos.
En Honduras, el ombudsman Ramón Custodio, solicitó a los ciudadanos en un comunicado, que en las elecciones presidenciales de noviembre no votaran por partidos políticos que pudiesen tener nexos con el narcotráfico. Lisa Kubiske, embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa, se había referido también al tema, solicitando a los candidatos presidenciales que vigilen que sus campañas no sean financiadas con dinero de esta actividad ilícita, pues aseguró que el país centroamericano se utiliza para lavar dinero.
En México, Phil Jordan, ex director la agencia de la DEA en El Paso, Texas, afirmó durante una entrevista en Univisión que El Chapo financió la campaña electoral del actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). “Nunca pensé que con el PRI lo iban a arrestar, porque El Chapo metió mucho dinero en la campaña de Peña Nieto, me sorprendió cuando supe que lo arrestaron”, fueron las palabras de Jordan. La DEa emitió un comunicado desligándose de sus declaraciones.
En El Salvador, José Luis Merino, un importante miembro del FMLN y extremadamente cercano al candidato presidencial Salvador Sánchez Céren, fue implicado directamente por el periódico español ABC con la organización guerrillera colombiana FARC, a la cual habría facilitado la adquisición de armas. Se supone que detrás de estas operaciones habría dinero para la campaña del FMNL.
Recientemente, el medio argentino Tribuna de Periodistas publicó en honor a la detención de Guzmán diversos artículos sobre sus vínculos con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que involucran también al gobierno venezolano. El medio denuncia desde el año 2008 la supuesta alianza con el Cártel de Sinaloa, que tuvo vía libre e impunidad para operar a cambio de la financiación de la campaña presidencial del 2007, y el paso del narcotraficante por el país del sur, donde se habría establecido para “diversificar negocios”.
En diciembre de 2009, la diputada argentina Elisa Carrió presentó igualmente un informe en el cual reclamaba la investigación de los aportes de la campaña de la electa Fernández. Según datos del reporte, la fórmula Cristina Fernández de Kirchner – Julio Cobos recibió suma de AR$14.947.390,06 en concepto de ingresos totales en la campaña 2007, de los cuales AR$12.740.000 fueron contribuciones privadas. El 35,4% de esos aportes corresponden a empresas relacionadas a la medicina o farmacéuticas, y hay ciertas irregularidades en el registro de los donantes.
La diputada asegura en su informe que una de las formas que encuentra el crimen organizado para operar en los países donde despliegan su accionar delictivo, es a través de la protección estatal mediante el financiamiento de la política, a través de aportes a las campañas electorales.
Todas estas acusaciones han sido negadas por el gobierno argentino, que no reconoce la situación de la penetración del narcotráfico en el país. Como era de esperarse, ningún gobierno latinoamericano ha osado reconocer vínculos con grupos terroristas; solo ha habido pequeñas insinuaciones por parte de personas como Hugo Chávez y Hebe de Bonafini, que se atrevieron a defender a las FARC. Chávez hasta las reconoció dentro de su “proyecto bolivariano”.
América Latina sí posee problemas de corrupción, tal como informa Transparencia Internacional en su Índice de Percepción de Corrupción del año 2013. Los Estados latinoamericanos – excluyendo a Chile y Uruguay – se ven afectados por problemas como el desgaste y la falta de gestión institucional, el crimen y la violencia organizada, en condiciones muy similares a la de países sumidos en conflictos bélicos.
Con esos índices de corrupción y la negación del problema por parte de los gobiernos más afectados, Latinoamérica carece entonces de perspectivas para solucionar el problema del narcotráfico y su penetración en las instituciones políticas. Ese será el gran reto de los gobiernos de la próxima década.
