English Version
A raíz del último caso del “estudiante” Max Mendoza, exdirigente universitario, el cual llevaba 33 años cursando varias carreras, con más de 200 materias reprobadas y recibiendo un salario de más de Bs 21.000 (salario similar al del presidente del país), nace la necesidad de cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo en nuestras universidades públicas, y si esta educación “gratuita”, de la cual muchos se benefician, está siendo eficiente.
Según datos de las 3 principales universidades del país (Eje central), existen más de 20 mil estudiantes que permanecen en sus instituciones más de 10 años, y en promedio se gasta Bs 3500 semestralmente (dato señalado por el vicerector de la UAGRM y que asumimos que es a nivel nacional en esta ocasión) en los “dinosaurios”, como se los conoce. Estamos hablando que mediante nuestros impuestos y nuestro gran compromiso de formar profesionales que aporten al desarrollo del mismo, se destina un monto de más de Bs 140 millones anualmente a estos “estudiantes”, es realmente preocupante la magnitud del monto.
Esta realidad es una clara muestra de la inexistencia de mecanismos que permitan una mejora en la educación pública, sumándole a esto problemas de gobernabilidad, autonomía, mallas curriculares caducas, corrupción, entre otros.
Existe un cogobierno dentro de las universidades conformado por docentes y estudiantes, el cual ha retrasado el desarrollo de la educación porque simplemente todo se ha politizado, causando que la autonomía universitaria se vea manchada. No cabe duda de que las universidades deben que ser autónomas, sin embargo, la soberanía merece transparencia, rendición de cuentas y gestión real, porque son recursos que invertimos para generar ciudadanos de bien, no parásitos que viven a raíz de esto. En relación a las mallas universitarias, debido a la pandemia se profundizó la transformación digital, situación que no acompañó la universidad, por ende, estamos quedando desplazados en los mercados laborales mundiales. Dejamos a un lado la ciencia, la cultura, la innovación, entre muchas cosas más, por los bolsillos e intereses de unos cuantos.
Se debe comenzar a debatir ideas como no aplicar en la segunda carrera cursada la gratuidad, y que, en caso de existir cierta cantidad de materias reprobadas, se paguen las mismas. Que los estudiantes empiecen a asumir el costo que representan sus decisiones, reduciría drásticamente este fenómeno. Las universidades se han convertido en un mini Estado clientelar, perdiendo su horizonte pedagógico. Estudiantes, docentes y burócratas pugnan espacios de poder para tener rédito económico, lo cual es completamente perjudicial.
La empresa privada, los colegios de profesionales, los estudiantes y la sociedad en general deben ser los primeros en exigir y fiscalizar. No solo se trata de licenciar sino de formar profesionales de calidad, íntegros y con todas las herramientas necesarias para ejercer en sus medios. Nada es gratis, siempre alguien lo termina pagando, la pregunta es: ¿estamos dispuestos a seguir costeando una educación que no muestra resultados?
