English Version
Durante el negociado del artificioso acuerdo de paz entre Santos y las Farc se advirtió hasta el cansancio que la Justicia Especial para la Paz (JEP), era un tribunal espurio que se iba a ocupar, básicamente, de mantener impunes los crímenes de las Farc, de culpabilizar de diversos delitos a los miembros de las fuerzas del Estado y de ayudar a urdir la fantasiosa historia de que los responsables de la violencia de las Farc son la oligarquía y la clase política, titiriteros ambos de las Fuerzas Armadas.
Más concretamente, se señaló que crímenes como los “falsos positivos” servirían para demeritar a toda la fuerza pública; que se aumentaría el número de casos para hacer ver el accionar del Estado como una verdadera máquina criminal; que muchos uniformados inocentes se declararían culpables con tal de recibir penas bajas; que se le imputarían asesinatos de este tipo a altos y conocidos oficiales, aun sin pruebas, como al general Mario Montoya, artífice de la Operación Jaque; que muchos se atreverían a culpabilizar de estos hechos al expresidente Uribe, y que los falsos positivos se usarían para dejar la sensación de que aquí no hubo un levantamiento terrorista contra el Estado y la Sociedad sino un exterminio de quienes pensaban “distinto”.
- Lea también: Con Petro, exportación de cocaína se encamina a sustituir al petróleo
- Lea también: El siniestro juego de Petro
En consecuencia, la JEP viene asegurando, a la bulla de los cocos, que entre 2002 y 2008 hubo 6.402 casos de “falsos positivos”, cifra que este tribunal no puede corroborar porque no tiene un listado completo de nombres ni se han establecido las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los supuestos asesinatos de estas personas indeterminadas. Por tanto, es claro que la JEP ha pretendido, con una cifra tan abultada, conseguir un golpe mediático y propinarles una derrota a las instituciones.
En contraste, para la Fiscalía General de la Nación hay 2.248 víctimas de “falsos positivos”, un tercio de lo estimado por la JEP, pero ocurridos entre 1988 y 2014. Nótese que la JEP ubica todos sus casos en solo seis años que coinciden plenamente con el desarrollo de la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe, a la que, evidentemente, se pretende desprestigiar. Según esta narrativa, las mejoras de seguridad de esa administración habrían sido producto de la violación sistemática de los derechos humanos y no de un esfuerzo denodado de las autoridades.
No obstante, esa cifra de la Fiscalía concuerda con la realidad si nos remitimos a un documento del Cinep, de octubre de 2009, que manifiesta que en el periodo 2001-2009 se produjeron 940 víctimas de “falsos positivos”. Es que, como decíamos en una columna anterior (La JEP, inflando los “falsos positivos”, 2021/02/23), la cifra de la JEP luce bastante inflada, aunque «se nos antoja que este malévolo tribunal se quedó corto: aumentó los casos solo a 6.402 cuando el cura comunista Javier Giraldo habla de 14.000. Recordemos que la JEP es una corte creada para exonerar a las Farc, como lo confiesa ‘Timochenko’ en un video, y los nuevos casos de “falsos positivos” provienen de organizaciones profarianas que en el pasado han inventado hasta masacres para reclamar indemnizaciones. Además, falsos casos de ‘”falsos positivos” han sido desenmascarados, como lo hizo el periodista Herbin Hoyos con un caso ocurrido en Dabeiba, Antioquia».
Para finalizar, miremos unas cifras. Durante el gobierno Uribe se capturaron 36.363 individuos, entre subversivos, paramilitares y miembros de bandas criminales, cuyas vidas se respetaron. Si se querían privilegiar las bajas, ¿por qué no se asesinaron también? Igualmente, se desmovilizaron más de 50.000 bandidos que, en su mayoría, se les entregaron a las tropas. ¿Por qué los militares no los fusilaron para reclamar ascensos, condecoraciones, permisos y, supuestamente, dinero?».
Según Medicina Legal, en el periodo 2001-2009 hubo 174.866 homicidios en Colombia; luego, 940 ‘falsos positivos’ representarían el 0,54%; y 6.402, casi el 3,5%. Ni un solo caso es aceptable pero, estadísticamente, son cifras exiguas, fruto de quienes prefirieron mancillar su honor porque les ganó la cobardía.
