El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó la punitiva ley que controlará el financiamiento a personas, empresas y organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del exterior.
Se trata de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, calificada como una legislación violatoria a la Constitución de ese país.
La normativa aprobada obliga a que todo nicaragüense que trabaje para empresas u organismos extranjeros se registre ante el Ministerio de Gobernación (Interior), y reporte mensualmente sus ingresos y egresos.
Además, deberá notificar en qué utilizará los fondos recibidos. La ley establece sanciones para quien no se adhiera.
La misma legislación explica que se registrará a los ciudadanos que reciban fondos del exterior como “agentes extranjeros” y prohíbe que los mismos puedan financiar o promover a cualquier tipo de organización o movimiento político en ese país.
Asimismo, dichos “agentes extranjeros” no podrán ser empleados públicos ni tampoco podrán optar a cargos de elección popular. Esta normativa inhibiría la participación de políticos de oposición de cara a las elecciones de 2021.
Pronunciamientos Internacionales
La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó -por 609 de 694 votos- una resolución en la que solicitó aplicar sanciones al régimen de Nicaragua, en caso de que ésta y otras dos polémicas leyes fueran aprobadas, por considerar que violentan el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió este jueves 15 de octubre, un comunicado en el que condenó las “persistentes violaciones a los derechos humanos en Nicaragua”, incluyendo “maltratos y torturas” a personas detenidas en el marco de la crisis que estalló en 2018 con protestas sociales.
Legislaciones recesivas
Pese a que todavía falta un año para los comicios, el régimen de Daniel Ortega tiene dos leyes que constituyen una amenaza para los nicaragüenses: la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y la Ley de Ciberdelitos.
«La preocupación es máxima porque incluso los medios de comunicación independientes y las organizaciones de derechos humanos dependen también del apoyo financiero extranjero. Esa ley estaría privando de la oportunidad de presentarse democráticamente a procesos electorales a muchas personas que reciben ayudas exteriores», han denunciado diputados del Parlamento Europeo.
El segundo proyecto, la Ley de Ciberdelitos, atentaría contra la libertad de expresión en vísperas de las elecciones.
La normativa propone de dos a cuatro años de cárcel por publicación de noticias falsas. Esta situación podría ser usada por el régimen para encarcelar opositores, si no es debidamente regulada.
Martha Molina, abogada que integra el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción, consideró que la iniciativa busca el control de las redes sociales; asegura que la ley sancionará acciones tales como la filtración de información oficial del régimen.