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El régimen de Nicolás Maduro obligará a los venezolanos a participar en el fraude electoral pautado para el 6 de diciembre; y para ello ordenará a los militares acudir casa por casa para buscar a los votantes.
Este martes 15 de septiembre Maduro reiteró que las supuestas elecciones parlamentarias se llevarán a cabo «llueva, truene o relampaguee» y agregó que militarizará aún más los comicios.
«La Fuerza Armada va a proteger al votante desde la puerta de su casa hasta el centro de votación, y del centro de votación hasta su casa”, dijo Maduro haciendo alusión a la protección de los venezolanos por el coronavirus; sin embargo se trata de una medida más de presión para tratar de legitimar el fraude electoral.
Durante una alocución, el presidente @NicolasMaduro dió detalles sobre las acciones del Plan República en las elecciones parlamentarias: "Se establecerán medidas de bioseguridad y traslado a todos los electores que quieran ir voluntariamente a votar el 6D" pic.twitter.com/wY0G08yHnj
— Misión Verdad (@Mision_Verdad) September 15, 2020
Este supuesto “plan de bioseguridad” es interpretado como un movimiento intimidatorio por parte de la tiranía chavista. Ordenar a militares a que “acompañen” a los ciudadanos podría reducir los altos niveles de abstención, debido a que la oposición venezolana ya ha asegurado que no participará en el fraude electoral de Maduro.
Medidas desesperadas para legitimar «elecciones»
Además de obligar a los venezolanos a acudir a las urnas, el pasado mes de agosto Maduro «indultó» a decenas de presos políticos como una estrategia para que se postulen en el fraude electoral.
La comunidad internacional ya ha dejado claro que no avalará elecciones chavistas sin garantías democráticas; sobre todo con un Consejo Nacional Electoral (CNE) cuestionado; esto debido a que como otra medida desesperada Maduro nombró autoridades del Poder Electoral a su medida.
A esto se suma el secuestro de las tarjetas de los partidos políticos de oposición que el chavista Tribunal Supremo ordenó para tratar de aparentar ante el mundo una supuesta participación de opositores.
Será fraude electoral
Mientras el régimen de Maduro mantenga el control de la mayoría de los poderes públicos y la Fuerza Armada junto a los grupos criminales que amparan a la Revolución Bolivariana, no están dadas las garantías electorales para que en el país se lleven a cabo comicios libres que demuestren la voluntad de la mayoría.
La tiranía controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha logrado anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por medio de sentencias dicho poder judicial se ha encargado de robar elecciones tal y como lo hizo en las últimas regionales, cuando le arrebató la gobernación del estado Bolívar y Zulia a la oposición.
El régimen también controla el Poder Ciudadano conformado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; todos ellos juegan hoy sus cartas a favor de la dictadura.
Lo mismo sucede con el Poder Electoral que no solo depende de los rectores, sino de un sistema viciado de manera electrónica, que ha logrado robarse comicios alterando las actas, las cifras y hasta permitiendo el ejercicio del voto por parte de personas con doble identidad o cedulación.
En los últimos años, con ayuda del CNE, Maduro ha logrado la victoria en comicios impidiendo el registro de nuevos electores, modificando el registro de votantes, reubicando a última hora los centros de votación, eliminando el uso de la tinta indeleble y el captahuellas, violando la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permitiendo el ventajismo por parte del oficialismo. A esto se suma la desmotivación de los electores y la posterior manipulación de las cifras.
Para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación de las autoridades del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder; implementar una fuerza de choque contra los grupos armados que custodian a la dictadura; candidatos con una hoja de vida intachable y una veeduría internacional imparcial que garantice que todo el proceso electoral sea transparente.
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