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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró este jueves 31 de marzo que la Ley del Banco Central de Venezuela (BCV) promulgada por la Asamblea Nacional (AN), es una normativa «inconstitucional».
Esta es la tercera normativa que el Poder Judicial declara como inválida y que además con el fallo obstaculiza que entren en vigencia, limitando así el ejercicio legislativo del Parlamento venezolano.
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TSJ de Venezuela emite fallo que limita funciones del parlamento
El economista y diputado José Guerra publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, que los magistrados del TSJ «quieren seguir destruyendo la moneda» al no declarar legal la Ley del Banco Central.
Con este adefesio la Sala Constitucional pretende hoy declar nula la reforma Ley BCV. Magistrados vergonzantes pic.twitter.com/mAGqo0h1hf
— Jose Guerra (@JoseAGuerra) March 31, 2016
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, ya había alertado que el TSJ preparaba su decisión de declarar nulas tanto la Ley del BCV como la de Amnistía.
Por su parte, Guerra informó este miércoles que el presidente Nicolás Maduro solicitó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que declarara inconstitucional la Ley del Banco Central de Venezuela.
Agregó el diputado Guerra que la AN optó por derogar las modificaciones realizadas por el Ejecutivo en diciembre pasado a través de la Ley Habilitante. En este sentido, de los 19 artículos reformados por el presidente Nicolás Maduro, los diputados dejaron el articulado anterior en 17 de ellos.
«No hay ningún elemento de inconstitucionalidad en esta ley, es la misma ley del 2014, entonces ¿por qué no la declararon inconstitucional en ese momento?» se cuestionó Guerra.
Asimismo, expresó que la normativa busca la normalización de la publicación de los indicadores económicos por el BCV, la designación de dos de los directivos por parte de la AN y la detención de la impresión de billetes que genera mayor inflación.
El Parlamento promulgó el pasado lunes 29 de marzo la nueva ley, en virtud del silencio del Ejecutivo durante los 10 días que establece la Constitución, para que el Presidente de la República devuelva, haga observaciones, hago uso del veto o sancione.
