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EnglishLa segunda reforma de la Ley Orgánica de Precios Justos en Venezuela establece sanciones de entre ocho y diez años de cárcel para quienes sean considerados «acaparadores» o «especuladores».
Pero en ese país suramericano los dos términos económicos confunden a la población y a los mismos empresarios, porque el Gobierno venezolano no aclara en dicha normativa cuándo una persona es «acaparadora» o «especuladora», por lo que ahora el hecho de tener inventarios es un riesgo para cualquier empresario, y revender algún producto en cualquier bodega, también lo es.
Las personas que cometan infracciones, podrán ser sancionados con multas, cierres temporales de almacenes, depósitos o establecimientos, suspensiones y ocupaciones temporales, intervenciones de almacenes, depósitos, industrias, comercios, y transporte de bienes por un lapso de hasta 180 días.
En la Ley publicada este lunes 9 de noviembre en Gaceta Oficial, se implementa el nuevo cálculo de los precios de los productos; la venta de bienes a un precio superior al establecido por los entes competentes, y la espera para colocarlos a la venta son catalogados como una ilegalidad.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de las Derechos Socioeconómicos, organismo estatal, podrá determinar los márgenes de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto. Se establece además que ningún margen de ganancia podrá ser superior al 30% de la estructura de costos del bien producido o servicio prestado.
La normativa establece reglas para determinar los precios de bienes y servicios, márgenes de ganancia, mecanismos de comercialización y controles que deben ejercerse; pero de acuerdo con los empresarios venezolanos, en ese cálculo, el Estado está obviando gastos e inversiones que forman parte del buen desarrollo de cualquier establecimiento comercial o industrial.
Víctor Maldonado, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, explicó a PanAm Post que la reforma de la Ley impide que las empresas, en el marco de la autonomía que deberían tener, puedan contar con sus propias estrategias de negocios. Deja por fuera los gastos en publicidad y propaganda, las bonificaciones especiales a los empleados por venta, y tampoco considera las expectativas y costos de reposición.
El empresario señaló además que con la normativa, «se reduce la capilaridad del sistema de distribución de bienes y servicios», lo que significa que reduce la cantidad de intermediarios en la distribución de productos, disminuyendo empleos, empresas y las posibilidades de abastecer a todo el país.
En Venezuela el Estado es el que decide hacia dónde van los productos y tiene absoluto control de la distribución de los mismos; según Maldonado, el Gobierno cuenta con el 38,6% de la capacidad de distribución de alimentos en el país.
«El Gobierno ha fortalecido la dimensión punitiva de la ley original, con esta Ley transforma la actividad empresarial como la más peligrosa del país, cualquier empresario se ve sometido por cualquier funcionario que se llegue a la puerta, sin derecho al debido proceso, y puede ser sometido a expropiaciones, confiscaciones y cárcel».
Dijo además que el Gobierno pretende que no haya inventarios, pues cualquiera que exista y que les parezca mucho, lo decomisarán, porque se asume la norma de manera arbitraria.
«Aquí no hay acaparamiento sino malas políticas económicas, no hay posibilidad de producir ni de importar porque el Gobierno niega las divisas, no hay créditos externos. No hay forma de acaparar productos que no hay en el mercado», sentenció. Aseveró que el Gobierno utiliza los términos acaparamiento y especulación con fines políticos.
Ventas en Internet también son reguladas
Hasta los momentos hay 15 personas detenidas por vender con sobreprecio productos básicos regulados a través de las redes sociales.
Ahora, de acuerdo con la reforma de la Ley, la Superintendencia de Precios Justos (Sundde) podrá sancionar tanto a medios de comunicación como a páginas web que publiquen la reventa de productos con sobreprecio.
En el artículo 44 sobre la Responsabilidad Penal se establece que “los medios de comunicación, páginas web y otros medios publicitarios serán personal y solidariamente responsables ante la justicia venezolana de los delitos cometidos por las empresas que representan”.
En Venezuela no es la primera vez que esto sucede, pues en 2013 el Gobierno venezolano aprobó la Ley que Regula la Compra y Venta de Vehículos Nuevos y Usados Nacionales e Importados, en ella también se establece que es el Estado el que dispone los precios de los automóviles.
La misma prohibió que los medios de comunicación electrónicos o publicitarios, publicaran la comercialización de vehículos con precios superiores a los establecidos por los entes estatales.
En este momento, sin embargo, un vehículo usado con más de 10 años de uso tiene precios hasta de 10 mil dólares, calculados en base a la cotización del bolívar venezolano en el mercado negro.
Producción en caída libre
Venezuela es el país con más obstáculos en el mundo para crear negocios y mantenerlos, de acuerdo con el informe “Doing Business 2016” que presentó el Banco Mundial.
La producción en ese país ha caído en más del 75% en lo que va de año 2015 debido a la falta de materia prima y la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con los proveedores en el extranjero.
La Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria), a través de su presidente, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que las pequeñas y medianas industrias son las más afectadas por la caída de la producción de las grandes industrias: “En la medida en que la actividad industrial continué decreciendo va disminuyendo la demanda de servicios. Es un circulo vicioso”, señaló.
Dijo además que 80% de las pequeñas industrias no reportó aumento de su productividad en el primer semestre 2015; mientras que el 70% de ellas no hará inversiones operativas ni de envergadura en lo que queda del año.
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