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EnglishEste lunes 29 de junio comenzó el examen que el Estado venezolano debe rendir ante las Naciones Unidas sobre el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en ese país. La delegación oficial venezolana ha sido desmentida por organizaciones sin fines de lucro ante el Comité de Derechos Humanos.
Se trata de un examen periódico a cargo de expertos independientes que buscan monitorear y contribuir en la implementación de los derechos civiles y políticos.
Aunque la delegación venezolana de 35 funcionarios, que conforman la Misión Permanente de Venezuela, negó que en ese país existan violaciones a los derechos, al menos 30 ONG’s venezolanas presentaron un informe que explica la situación. El documento reprueba al Estado venezolano en la defensa y respeto de los derechos civiles y políticos.
La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, fungió como jefa de la Delegación, seguida de Isis Ochoa, comisionada Presidencial por la Paz y por la Vida, y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, en conjunto con las magistradas Carmen Zuleta y Marjorie Calderón. En representación del Consejo Nacional Electoral (CNE), la presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Sandra Oblitas y William Castillo, en representación de Conatel (Comisión Nacional de Telecomunicaciones).
¿Libertad de expresión?
Durante la interpelación a William Castillo, presidente de Conatel, ente regulador de las comunicaciones en Venezuela, el funcionario afirmó que en ese país existe respeto a los medios de comunicación y se garantiza el derecho a la información.
Castillo aseguró que en Venezuela no existe censura, pero registros independientes cifran que hay al menos 1.000 páginas web censuradas en el país y decenas de medios cerrados o sacados del aire. Tal es el caso de los medios internacionales Infobae y NTN24 los cuales no pueden ser consultados por ningún venezolano a través de los servicios de cable, Internet o televisión.
El Gobierno justifica la acción del bloqueo de estos medios debido a que consideran los convierte en «víctima de ataques por Internet». “Venezuela es víctima de ataques por Internet. Recibimos ofensivas a nuestra plataforma pública constantemente”, denunció Castillo.
“Se han bloqueado 924 distintos enlaces de Dolar Today por promover campaña agresivas contra pueblo venezolano”, mencionó, al tiempo que señaló que cualquier país que sienta que hay violaciones a su legislación tomará decisiones jurídicas.
Carlos Correa, de la ONG Espacio Público, afirmó que no existen recursos que garanticen el derecho a la información pública, y aseguró que leyes y tribunales protegen al funcionario que se niega a darla.
La politización del Poder Judicial y sus consecuencias fue una de las preocupaciones de los comisionados en #ONUVzla pic.twitter.com/b21HjZZe8i
— Espacio Público (@espaciopublico) June 30, 2015
Por otro lado, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela, pidió a la ONU, durante la interpelación del Comité de Derechos Humanos a Venezuela, que exhorte al Estado a eliminar los delitos penales por difamación e injuria; que se propicie un sistema de medios equilibrado, libre, plural y autónomo; que prohíba los procesos judiciales por el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, y que se cumpla con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.
.@lortegadiaz negó en Ginebra que haya recibido denuncias sobre hostigamiento a ONGs. Lee la carta que la desmiente pic.twitter.com/XVEx2YtO0r
— Rafael Uzcátegui (@fanzinero) junio 29, 2015
IPYS Venezuela aseguró que entre 2005 y 2014 el Estado ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, medios y organizaciones de derechos humanos.
En 2013, el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro apresó a Lourdes Alicia Ortega Pérez, de 53 años de edad por emitir a través del Twitter un comentario que disgustó a las autoridades.
El usuario de Ortega en Twitter era @Ulilou, tenía 12 seguidores y seguía a 39 personas. Extraoficialmente se supo que el mensaje por el cual habrían investigado a Ortega lo envió el 8 de marzo de 2013, en respuesta a un comentario hecho por el usuario @douglirodil, quien preguntó de qué había muerto el presidente Hugo Chávez, a lo que Ortega respondió: “No sé pero convertido en muñeco de cera está”.
¿Torturas y abuso de poder?
Ligia Bolívar de la organización sin fines de lucro Foro Por la Vida, mencionó que «los avances en la Constitución en DDHH están amenazados por leyes regresivas y ausencia de independencia de poderes».
Lilian Tintori, esposa del líder opositor y preso político Leopoldo López, denunció este martes ante una plenaria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los casos de violación de los derechos fundamentales contra la disidencia venezolana, por parte del Gobierno nacional.
Destacó que el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, el Comité contra las Torturas, el Alto Comisionado y el Relator contra la Tortura, dictaminaron que la detención de López representa una violación del derecho internacional.
El caso de la jueza María Lourdes Afiuni quien también estuvo detenida por razones políticas por el Gobierno del expresidente Hugo Chávez Frías, fue tema de discusión ante el Comité de Derechos Humanos. Hasta ahora su juicio no se ha celebrado y sigue sometida a medidas restrictivas de libertad.
Luisa Ortega Díaz, quien preside la delegación venezolana negó que Afiuni haya sido víctima de torturas y malos tratos. Sin embargo, el experto Nigel Rodley, reconocido jurista, criticó la actitud de la jefa de la delegación. «Me parece que este comportamiento no es consistente con el cargo de fiscal general ni con las normas de la ONU», agregó Rodley.
Afiuni ha denunciado en reiteradas ocasiones que durante el tiempo de reclusión fue violada y abusada sexualmente. La abogado Thelma Fernández, asesora legal de la la juez Afiuni, acusó a la Fiscal General Luisa Ortega Díaz de presentar ante la ONU un documento falso en el que la exjueza negaba haber sido violada y torturada durante su reclusión en el Instituto Nacional de Orientación Femenina.
“Es algo dantesco que una funcionaria de este nivel se presente ante un organismo como la ONU a realizar una afirmación de esta naturaleza ofreciendo una prueba que no existe, esto va a quedar evidenciado ante el respectivo comité”, dijo Fernández.
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