![Ricardo Manuel Rojas](https://cdn.panampost.com/wp-content/uploads/Rojas.jpg)
La actual discusión del gobierno nacional con los gobernadores (y senadores), a raíz de las modificaciones legislativas necesarias para producir la transformación del país, ha desnudado una serie de problemas institucionales graves en el sistema federal de gobierno. Muchas veces se olvida que la República Argentina tiene un gobierno nacional, pero también 24 jurisdicciones provinciales, y que buena parte de los problemas económicos y políticos que hemos tenido en el pasado se han originado en las provincias, y no podría haber solución posible que no las incluya.
Cuando el gobierno nacional, entonces, propone un diálogo con los gobernadores para llevar las bases de la reforma económica a las 24 jurisdicciones, se advierten los incentivos cruzados que desalientan cualquier acercamiento. Eso se ha visto desde el inicio de este gobierno, que no ha contado con la más mínima colaboración por la mayor parte de los gobernadores, y de los senadores de la oposición.
En ese sentido, el mecanismo de coparticipación federal de impuestos ha sido muy nocivo desde su creación aún antes de la reforma constitucional. Incluso teóricamente pueden advertirse sus desventajas, pero ello no fue obstáculo para que la reforma constitucional de 1994 lo incluyera como institución permanente, con una fuerte lesión al sistema federal de gobierno.
Desde entonces, hemos visto provincias empobrecidas con gobernadores eternizados en el poder y multimillonarios. Es que el dinero de la coparticipación lo recibe el gobierno provincial, y lo reparte de acuerdo con la discrecionalidad de su gobernador, en muchas provincias que no tienen defensas institucionales al autoritarismo local.
Resulta ilustrativo en tal sentido ver a los gobernadores viajando en aviones particulares de las provincias (que en muchos casos existen para emergencias sanitarias), mientras que los policías, maestros, personal de salud o judiciales cobran sueldos que los mantienen por debajo de la línea de pobreza. Es decir que personas que realizan trabajos muy valorados por la comunidad, y a quienes se exigen enormes responsabilidades, son pobres aun cuando trabajen todo el día para el gobierno provincial.
Hoy sería inviable pensar en una modificación radical, y una vuelta a la Constitución original, en la que cada provincia se encargaba de organizar su sistema impositivo en las áreas que la Constitución le reserva. Pero se me ocurren estas dos propuestas, la primera de las cuáles sólo tiene que ver indirectamente con la coparticipación, aunque sí con el mecanismo de incentivos de los gobernadores para poner obstáculos en los planes del gobierno nacional; la segunda, directamente vinculada con el modo en que se distribuye la coparticipación.
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Coparticipación de privatización de empresas nacionales
Como parte del proceso de reducción del tamaño del Estado y de disminución del gasto público, el Poder Ejecutivo ha propuesto en el inicio del nuevo gobierno una lista de empresas públicas a ser privatizadas. Estas empresas comparten la condición de no tener relación alguna con las funciones propias del Estado, y ser deficitarias.
Como ha ocurrido tradicionalmente con las propuestas de privatización, nuevamente se ha visto una fuerte resistencia por parte de la oposición, para aprobar la ley respectiva. De la lista originalmente presentada por el gobierno, muchas fueron eliminadas por distintas objeciones. La lista quedó corta, no incluye a las más grandes y deficitarias, y podrá vislumbrarse que el proceso de privatización del remanente tendrá muchos obstáculos generados por la oposición política, sindicalistas, empleados de las empresas a privatizar y activistas de todo tipo.
Curiosamente, en los inicios de este proceso, el propio Presidente Milei ofreció en algún caso transferir el paquete accionario a los empleados, para que ellos se hagan cargo de la empresa como dueños accionistas, lo que implicaría obtener las ganancias y hacerse cargo de los riesgos. La propuesta fue rechazada de plano, lo que permite inferir que el propósito de los empleados y sindicatos es que el Estado continúe pagando sueldos y haciéndose cargo de las pérdidas.
Muchos gobernadores -y consecuentemente muchos diputados y senadores de la oposición-, al no advertir ninguna ventaja concreta para las provincias, por tratarse de empresas de propiedad del Estado Nacional, han considerado políticamente más redituable plegarse a la oposición a las privatizaciones.
Todo ello hace que los incentivos de los políticos opositores y de quienes han vivido del Estado a través de esas “empresas estatales”, estén alineados para boicotear cualquier intento de privatización. Es así como la inicial propuesta del gobierno se ha ido corroyendo hasta perder fuerza, cuando ni siquiera se ha iniciado todavía ningún proceso concreto de venta.
Una alternativa para cambiar esta situación podría ser una propuesta del gobierno nacional a las provincias, para coparticipar un porcentaje de la recaudación neta por privatizaciones. Se podría proponer, por ejemplo, repartir según los porcentajes de la coparticipación un 40 ó 50% de lo ingresado por la venta de esas empresas, deducidos los gastos.
Al ser empresas del Estado Nacional, no existe ninguna obligación de realizar tal transferencia a las provincias. Sin embargo, se podría justificar esta oferta, si el gobierno nacional, a cambio, obtiene lo siguiente:
- Que las Provincias apoyen y promuevan la privatización de la mayor cantidad posible de empresas públicas cuyo poder en manos del Estado no se justifica de ninguna manera. El apoyo de los gobernadores podría impulsar el de senadores y diputados de esas provincias y permitir que la cantidad de empresas a ser vendidas se incremente considerablemente.
- Que con el apoyo de las provincias (de sus gobernadores, sus legisladores y partidos), el proceso de privatización sea menos traumático y más rápido, pudiendo obtener ingresos por esa vía, tanto para el gobierno nacional como para las provincias.
- Acordar que se evite mantener, incrementar o crear impuestos coparticipables durante un período, en especial aquellos que son distorsivos para el proceso de creación de riqueza. Esto permitiría, por ejemplo, posponer hacia el futuro la reimplantación del impuesto a las ganancias, el impuesto PAIS, y algunos otros, en la medida en que se produzca un rápido ingreso de dinero por la venta de empresas y se elimine el pago de sus déficits. El tiempo de suspensión de estos impuestos se podría negociar, pero los plazos podrían extenderse o incluso llegar a la eliminación definitiva de impuestos, en la medida en que se produzca el incremento en la producción, y consecuentemente, en la recaudación impositiva de los tributos remanentes.
De este modo se podría producir no sólo la reducción del gasto público como consecuencia de eliminar el déficit crónico de estas empresas, sino una capitalización, tanto del gobierno nacional como de las provincias, que ayudaría a paliar las consecuencias de la crisis, sin aumentar impuestos, hasta el momento en que se produzca la reactivación económica.