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En su columna semanal acerca de las Américas en el Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, miembro de la junta editorial del prestigioso diario estadounidense, escribe que, tras el atentado en el Centro Andino del 17 de junio, “los colombianos están preguntando quién fue, y las respuestas que les están dando (las autoridades) son sospechosamente turbias”.
O’Grady explica que el Centro Andino ha sido considerado un objetivo potencial del terrorismo durante años, razón por la que perros antiexplosivos revisan todo vehículo que ingresa al parqueadero. Agrega que numerosas cámaras de seguridad vigilan tanto el centro comercial como las áreas aledañas, y que las autoridades de Colombia, las cuales cuentan con el apoyo técnico de Estados Unidos, suelen ser muy competentes a la hora de investigar casos de terrorismo.
“Sin embargo”, escribe O’Grady, “esta investigación parece ser de nivel amateur en el mejor de los casos”.
Mary Anastasia O'Grady
Urban Terrorism Returns to Colombia https://t.co/fl4nsuwNvj— MaryAnastasiaO'Grady (@MaryAnastasiaOG) June 25, 2017
Según los investigadores, la bomba contenía nitrato de amonio, “un compuesto notoriamente inestable. Probablemente”, argumenta O’Grady, “quien la haya llevado a un lugar cerrado como un baño no era un experto manejando explosivos”.
O’Grady menciona el fiasco de los retratos hablados de dos hombres sospechosos supuestamente vistos ingresando a los baños de mujeres: “normalmente” las autoridades publicarían “con urgencia material de vídeo” con los rostros de los sospechosos “para conseguir el apoyo del público en la búsqueda”. Pero en este caso, explica O’Grady, las autoridades filtraron unos retratos hablados de los sospechosos a la prensa, y al día siguiente aclararon que dichos retratos no eran oficiales.
La columnista también señala que las autoridades capturaron a una serie de sospechosos que, según estas, “son miembros del Movimiento Revolucionario Popular (MRP), una ramificación de la guerrilla marxista Ejército de Liberación Nacional (ELN), sin embargo, las bombas del MRP “han sido eventos de baja potencia, no letales, en los que se dejaron folletos, muy diferente a lo ocurrido en el Andino”.
La columnista también escribe que, según los principios básicos de cualquier investigación de un ataque terrorista, “aquellos más cercanos a la explosión (de una bomba) son sospechosos hasta que se aclare su inocencia”. En este caso particular, Julie Huynh, ciudadana francesa de 23 años, “tuvo que haber estado cerca a la bomba” cuando estalló porque murió de inmediato, mientras que las otras dos víctimas “murieron de sus heridas en el hospital”.
Huynh, agrega O’Grady, “había estado en Colombia durante seis meses llevando a cabo trabajo social para una organización no gubernamental con vínculos a antiguos miembros de las FARC presumiblemente desmobilizados durante el gobierno de Santos. El 8 de junio viajó a Cuba según reportajes. Estaba en el centro comercial con su madre y planeaba abandonar Colombia en pocos días”.
Además, O’Grady nota que “la reacción de las FARC a la muerte de Huynh ha sido intrigante”. El grupo guerrillero “ha expresado simpatía por ella en redes sociales, pero no ha mencionado a las otras víctimas. Una foto de (Huynh) compartida en redes sociales contiene el sello (de las FARC) en la esquina inferior izquierda”.
Aunque la comparación sea injusta, argumenta O’Grady, “los colombianos recuerdan el caso de Tanja Nijmeier, la ciudadana holandesa que llegó a Colombia en el año 2000 bajo la fachada de ser ‘trabajadora social’ y resultó ser una terrorista despiadada”.
O’Grady explica que también existen dudas acerca de los resultados oficiales de las autopsias de las víctimas: “el miércoles el medio informático RCN reportó en términos nebulosos que Medicina Legal no había encontrado residuos de la bomba en ninguno de los cadáveres” de las víctimas. Tal afirmación, escribe O’Grady, “no es creíble”.
“Puede que la proximidad de Huynh a la bomba haya sido pura coincidencia”. Pero, para O’Grady, “el fracaso (de las autoridades) a la hora de llevar a cabo una investigación profesional” ha complicado las cosas.
“La investigación”, afirma O’Grady, “no ha producido nada de sustancia acerca de las víctimas”.
Cuando O’Grady llamó a la oficina de información de la Fiscalía el viernes para preguntar acerca del informe de Medicina Legal, “nadie contestó la llamada. Y ningún informe se ha publicado”.
Mientras muchos ciudadanos temen un encubrimiento, escribe O’Grady, “un hecho es claro: al darles impunidad a las FARC por sus crímenes de lesa humanidad, el Sr. Santos ha fomentado más terrorismo”.
