English Version
Se llamaba Nadis Cecilia Orozco Anaya, acababa de cumplir 46 años y no es trending topic en Twitter: su muerte, como tantas otras, ha pasado desapercibida en Venezuela, un país donde lo “normal” es que tu vida no llegue a un final natural.
Sin embargo, las circunstancias del deceso de esta mujer, cuya profesión era la de aseadora, y que solo tiene 67 cotizaciones en el Seguro Social (que comenzaron en 2014 y terminaron en julio de 2015), tendrán, si algún día se produce un cambio político, profundas repercusiones en las próximas décadas.
- Lea más: Fallece preso político venezolano recluido en el Sebin
- Lea más: “Comando Antigolpe” agrega cinco presos políticos más a Venezuela
Nadis murió el domingo en el Hospital Militar de Caracas, donde había sido trasladada desde su celda en El Helicoide, en la sede de la siniestra policía política venezolana, el Sebin, en la que había pasado los últimos dos años.
Su nombre no figura en la lista que el Foro Penal Venezolano tiene de presos políticos, actualizada hasta los más recientes detenidos, como el diputado Gilber Caro o su compañera sentimental, Steicy Escalona. Porque Nadis era, en teoría, una presa común: se encontraba allí, acusada de los supuestos delitos de asociación para delinquir y posesión de arma de fuego.
Dos delitos de los que puede acusarse a miles de venezolanos, salvo por un detalle: Nadis estaba implicada (o la implicaron, vaya usted a saber) junto a otras once personas, en el asesinato de Robert Serra, diputado cosido (y aquí está la primera contradicción del caso) de 18 puñaladas, en su casa, en Caracas, el 1 de octubre de 2014.
En más de dos años, nunca tuvo ni siquiera su audiencia de presentación ante un tribunal. Por ello, debería estar libre; en cambio, las últimas tres semanas de su vida fue trasladada al hospital caraqueño al que suelen trasladar a los detenidos políticos cuando a los funcionarios del Sebin se les va la mano con las torturas. Sus familiares, tras su fallecimiento, denunciaron que a Nadis le encontraron en el sanatorio castrense seis (6) edemas cerebrales, para los cuales recibió “poca atención y control médico”.
Además, refirieron que recibía “múltiples torturas, incluyendo golpes y descargas eléctricas, especialmente en la cabeza, por más de tres semanas por parte de sus esbirros captores”, según la versión que ofrecieron a medios digitales caraqueños.
De los padecimientos de salud de Nadis da fe Inés González Arraga, alias @InesitaTerrible, quien compartió mazmorra con Nadis, solo por el hecho de que sus tuits incomodaban al Gobierno, especialmente su sarcasmo cuando Serra fue asesinado. Inés, liberada bajo régimen de presentación hace 14 meses, señaló que los problemas de la fallecida eran de larga data:
https://twitter.com/inesitaterrible/status/820716513556566016
¿Es creíble la versión de los familiares de Nadis sobre las supuestas torturas que padeció? Sí, si nos atenemos a decenas de testimonios de presos en el Sebin en los que se han narrado malos tratos que apuntan directamente al director de este organismo, el mayor general (Ejército) Gustavo González López, un funcionario que ha sido ministro del Interior, presidente del Metro de Caracas y que está tanto en la lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Orden Ejecutiva de Barack Obama, presidente de Estados Unidos, por supuestas violaciones de Derechos Humanos como, desde 2015, en la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del mismo país por supuesto blanqueo de capitales.
Por ejemplo, los 14 funcionarios de Polichacao presos en el Sebin por supuestamente participar en el asesinato del periodista Ricardo Durán han denunciado que han sido torturados sistemáticamente; su abogada, Andrea Santa Cruz, denunció, incluso, que a uno de ellos le fue vaciado un ojo de un golpe, a pesar de lo cual no fue atendido por médicos.
Hay que destacar que el asesinato de Durán, un periodista del canal oficial VTV, acaecido hace un año, fue un hecho, por sus características, atribuible al hampa común, en la misma urbanización caraqueña y con el mismo modus operandi que el crimen del periodista de otro canal televisivo, Arnaldo Albornoz, este domingo 15 de enero, que hoy conmueve a los venezolanos. También debe destacarse que los policías tienen orden de excarcelación, orden que el Sebin, sencillamente, desacata; como en el caso de Durán, en el de Serra también intenta convertirse la acción hamponil en móvil político, para encubrir la manifiesta incompetencia del Gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a la delincuencia, incompetencia que, de tanto en tanto, le estalla en la cara a uno de sus altos cuadros.
También debe recordarse que al salir de su prisión, en la que pasó dos años injustamente recluido, el diputado Rosmit Mantilla acusó al Sebin de practicar cotidianamente torturas, y así se lo relató a PanAm Post el propio diputado, manifestándose “afortunado” de no haber sido víctima de estas prácticas contrarias a la Constitución y a los Derechos Humanos.
¿Quién mató a Robert Serra?
En el fondo, tras la muerte de Nadis Orozco, la pregunta, más de dos años después, continúa siendo quién mató a Robert Serra, y por qué. El Gobierno, como de costumbre, ha querido presentar un móvil “político” y “paramilitar”, para el asesinato del diputado en su casa.
El supuesto autor material del hecho, Leiva Padilla Mendoza, alias “el Colombia”, huyó a su país luego de los hechos y fue detenido en Cartagena, departamento de Bolívar, en Colombia, y extraditado a Venezuela en 2015, donde le imputaron los delitos de asesinato por motivos fútiles y asociación para delinquir.
Pero al supuesto autor intelectual, Julio César Vélez, concejal colombiano detenido en Yaracuy, Venezuela, también hace casi dos años, no le imputaron el homicidio del diputado venezolano, sino los de uso de documento público falso y forjamiento de uso de documento público falso, detentación y ocultamiento de arma de guerra y ocultamiento de municiones.
Sobre la muerte de Serra, Maduro habló de un plan “cuidadosamente trazado”, e incluso, como de costumbre, acusó a la Mesa de la Unidad Democrática por su asesinato. Pero los videos de la casa del diputado no parecen mostrar mucha planificación (juzgue que la moto prende “empujada”, y sí a varios Policías Municipales de Caracas (policía controlada por el chavismo desde 2000) en el hecho):
https://www.youtube.com/watch?v=gKfTZSpexqQ
Las autoridades, sin embargo, no han investigado las denuncias de la madre de Alexis Barreto, escolta de Robert Serra, quien fue encontrado muerto en las cercanías de la casa del dirigente político, a las faldas del parque nacional El Ávila, al norte de Caracas, en julio de 2012.
La madre de Barreto, Irene Venezuela, acusó directamente al diputado de haber asesinado a su hijo. La señora ratificó las denuncias una vez asesinado Serra. Según se dejó saber en círculos policiales luego de su muerte, quienes asesinaron a Serra le habrían cobrado, a su vez, la participación (que el dirigente jamás había querido “cancelar” monetariamente) en el asesinato de Barreto.
La presión, y las amenazas, hicieron que esa versión fuera sustituido por la que hoy se cobra la vida de Nadis, quien, en todo caso, habría tenido un papel accesorio en el homicidio de Serra, y que de ser así le han cobrado con dos años de privaciones y supuestas torturas que finalmente habrían acabado con su vida.
Solo queda recordarle a quienes hicieron esto, en la hora aciaga que vive Venezuela, que el futuro es muy largo, y que violaciones de derechos humanos como las cometidas con Nadis Orozco no prescriben. Podrán tener dinero, casas y yates, pero algún día, en algún país, les pondrán las esposas e irán presos.
