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A las 9 de la mañana de este viernes arribó a la sede de los tribunales de Guatemala el expresidente y ahora convicto Otto Pérez Molina, para darle continuidad a la audiencia de declaración que se inició el jueves, en el juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez.
Bajo estrictas medidas de seguridad fue llevado a la sala de juicio, donde se espera que en el transcurso del día, haga uso de su derecho de declarar ante las autoridades del Ministerio Público, el juzgado y los medios de comunicación, reportaron los medios locales.
Pérez Molina fue presentado el jueves para ser imputado por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo, defraudación aduanera y asociación ilícita, por su supuesta responsabilidad y participación en el la red de extorsiones ocurridas durante su mandato, mediante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mejor conocido como el caso “La Línea”.
La tarde del jueves, después de varias horas de evacuación de evidencias por parte del ministerio Público, que incluyó la exposición de varias conversaciones telefónicas entre personajes involucrados en los hechos de corrupción, el juez Gálvez decidió dictar una medida de prisión preventiva contra el ex presidente, mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.
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Pérez Molina tendrá que permanecer recluido en la prisión delo cuartel militar de Matamoros, lugar donde estuvo detenida hasta el jueves la ex vicepresidenta Roxana Baldettí, quien también será enjuiciada por el mismo caso de corrupción.
Durante las primeras horas de la audiencia, funcionarios del ministerio Público evacuaron nuevas pruebas de las que implican al ex presidente en los hechos de corrupción por los que se investiga, entre ellas, audios de conversaciones de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti con otros de los implicado, en la que hace referencia directa al «presidente de la compañía».
Además, presentaron listados hallados dentro de los allanamientos realizados a partir del pasado 16 de abril del 2015, en los cuales se hace referencia a los precios que tenía la red de extorsión que operaba en el caso «La Línea», en las que se precisaba que dentro de «la estructura», los líderes del grupo organizado se quedaban con 50% de las ganancias por defraudación aduanera.
Fuente: Guatevisión, Prensa Libre
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