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La organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) anunció este martes que investigará posibles réplicas del escándalo «Lava Jato» que involucra a la petrolera brasileña Petrobras, políticos y grandes empresas constructoras brasileñas, en 7 países de América Latina en los que presuntamente podría haber ramificaciones de este caso.
La ONG internacional asegura que en Argentina, Chile, Guatemala, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela hay evidencias de vínculos entre grandes empresas constructoras, como Odebrecht y Camargo Correa, y el poder político de las diferentes naciones.
Las seccionales de Transparencia Internacional de cada uno de estos países han requerido información a sus respectivos Gobiernos acerca de contratos otorgados a esas empresas.
Alejandro Salas, director Regional para Las Américas de la organización, informó que la investigación se basa en «una simple reclamación derendición de cuentas», y recordó que los siete países mencionados han ratificado la Convención de la ONU contra la Corrupción.
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La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, entregó este martes ante la Secretaría General del Ministerio de Obras Públicas de Panamá, la primera de las solicitudes de acceso a la información, con el fin de conocer si las empresas investigadas en la operación Lava Jato en Brasil tienen nexos y operaciones en Panamá.
Chile Transparente efectuó la misma solicitud; así lo informó el director ejecutivo, Alberto Precht, y afirmó que la idea es «saber si existe el mínimo riesgo de que los tentáculos de una trama de corrupción en una de las mayores empresas estatales de la región se extiendan a Chile».
También este martes, Transparencia Venezuela confirmó que solicitó al Estado venezolano la copia de los contratos que firmaron con las empresas brasileñas.
TI cita como ejemplo el caso de Venezuela y señala que cuatro de las empresas investigadas en Brasil recibieron más de 30 contratos gubernamentales en ese país durante los últimos años, lo que según las investigaciones de la organización, apunta a una contabilidad opaca y una posible injerencia política.
La justicia brasileña abrió investigaciones contra unos 50 políticos y otros tantos empresarios sospechosos de sobrefacturar contratos entre constructoras y la petrolera y desviar los recursos para beneficios de políticos.
Este asunto ha salpicado al Gobierno de la Presidenta Dilma Rousseff , en sus niveles más bajos de popularidad e inmersa en protestas multitudinarias, como las convocadas el pasado domingo en más de 200 ciudades del país, con unos 900.000 participantes.
Fuente: Transparencia Internacional.
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