English Version
El pasado 24 de julio autoridades bolivianas de los ministerios de Gobierno y Justicia firmaron un acuerdo en conjunto con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de la V Cumbre de Seguridad Ciudadana, para reducir el hacinamiento de reclusos en las cárceles del país, por medio del uso de tobilleras y manillas (pulseras) electrónicas con las que planean realizar el monitoreo de las personas que tengan prisión preventiva o domiciliaria.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, declaró que los dispositivos cuentan con un sistema GPS que permite el rastreo satelital del detenido. Además explicó que el costo del proyecto podría dividirse entre las alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, aclaró que su costo no será significativo, gracias a la cantidad de ofertas y a la posibilidad de compatibilizar las tobilleras y pulseras con los dispositivos de monitoreo del cuerpo policial.
Américo Montes, gerente de proyectos Mobile TEC (empresa que participó en la feria tecnológica de la Cumbre), indicó que se está evaluando el costo del equipo, pero coincide con Romero con respecto a lo accesible de su costo. “Consideramos que el mismo detenido puede costear el uso. Estamos hablando de US$ 200, más o menos”, aseguró Montes.
Jorge Isaac Von Borries, presidente del TSJ de Bolivia, comentó que este proyecto fue una iniciativa del Comando Departamental de la Policía Boliviana, planteada en 2012, con la meta inicial de reducir la cantidad de policías o escoltas asignadas a personas con arresto domiciliario. Von Borries añadió que los jueces podrían aprobar el uso de los dispositivos de monitoreo en un mes, si el Ministerio de Gobierno agiliza el trámite de adquisición.
En Bolivia la población penal es de aproximadamente 13.700 reclusos, una cantidad que supera casi tres veces la capacidad de los recintos. Por este motivo el Gobierno ha buscado aliviar el nivel de hacinamiento, a través de varios decretos de indulto por medidas humanitarias. Estos beneficios presidenciales se otorgaron a mujeres embarazadas, personas con discapacidades, enfermedades graves o terminales, así como reos con condenas no mayores a cinco años de prisión, o que se encontraran detenidos por delitos menores de narcotráfico.
Fuentes: La República, La Razón, Bolivia TV.
Discusión sobre post