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EnglishUn nuevo impuesto a las transferencias financieras inquieta a los empresarios salvadoreños. El tributo, aprobado por el congreso el pasado 31 de julio, establece una alícuota del 0,25% sobre las transacciones financieras hechas mediante cheques, tarjetas y transferencias electrónicas.
La nueva carga fiscal «se convierte en un problema, en un obstáculo, es un riesgo», dijo Jorge Daboub, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Además, señaló que el país está «perdiendo competitividad» con su entrada en vigencia.
El nuevo impuesto es parte de la reforma fiscal que aprobó el Parlamento salvadoreño el 31 de julio pasado, que también establece un pago mínimo del impuesto sobre la renta del 1 % sobre los activos netos de empresas que tienen más de US$150.000 de ventas al año, la cual está en vigencia desde agosto, dijo hoy la agencia Efe una portavoz del Ministerio de Hacienda.
«Nosotros lo que queremos es que se aplique la ley, nosotros no queremos dar más prórrogas», dijo este domingo el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, ante el pedido del sector empresarial de un aplazamiento de la entrada en vigencia del impuesto. Sánchez Cerén también aclaró que los nuevos gravámenes no van a «afectar a las personas de bajos ingresos».
Milena Calderón de Escalón, diputada por el partido ARENA, había afirmado al momento de la votación que se trata de «un aumento de impuestos, que quieren castigar a las empresas y las características de este incremento, es gravar la inversión». «Están desnaturalizando la Ley de Renta, las empresas que serán afectadas o la trasladan en el precio o bajan costos, y cuando hablamos de bajar costos, hablamos de desempleo», señaló la diputada.
Para el el presidente de la Cámara de Comercio e Industria salvadoreña, Luis Cardenal, el nuevo impuesto «va a producir (…) un retraso en el uso del sistema financiero y en las operaciones que se realicen».
El aumento de impuestos estará acompañado de una condonación de intereses y multas que los empresarios mantienen con el Estado salvadoreño. Sánchez Cerén envió el pasado 23 de agosto al Congreso un anteproyecto que perdonaría una parte de los $513 millones de deuda que mantienen los privados con el gobierno de El Salvador, aunque aún no se conocen mayores detalles al respecto.
Fuente: Caracol.
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