Era de esperarse que si ganaba la presidencia de Brasil, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva pondría el país al servicio del Foro de Sao Paulo, el bloque ideológico que fundó hace 31 años junto con el dictador cubano Fidel Castro, y que actualmente no solo encubre la corrupción de sus miembros sino que sirve como plataforma para que estos pongan en marcha estrategias que impulsan sus intereses políticos en la región.
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Y tal como se especulaba, Lula da Silva puso manos a la obra incluyendo a Mónica Valente en su equipo de transición. Ella es la secretaria ejecutiva del Foro de Sao Paulo, quien hace gala de una retórica copiada al carbón de los mayores dictadores de América Latina. Durante años ha criticado al “capitalismo de Estados Unidos”, la “contraofensiva neoliberal” y “la guerra económica” contra regímenes de la región como Venezuela y Nicaragua.
El encargado de hacer el anuncio de su designación en el grupo de relaciones exteriores del Partido de los Trabajadores (PT) fue el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, de acuerdo con la información publicada por Gazeta Brasil. Asimismo reseña cómo Valente defendió la “revolución bolivariana” de Chávez y Maduro cuando estuvo en la capital venezolana durante una reunión del bloque ideológico en el año 2019.
El verbo de Mónica Valente
En general, el equipo de transición de Lula representa un mazo de cartas ya utilizado en su presidencia anterior y en el mandato de Dilma Rousseff, por lo que difícilmente el gobierno que se instalará el 1 de enero arrojará resultados distintos.
Pero el verbo de Mónica Valente se destaca por todas las veces que ha usado términos despectivos y propios del comunismo latinoamericano. Por ejemplo, en el año 2008 durante el XXIV encuentro del Foro de Sao Paulo en La Habana, Cuba, la secretaria ejecutiva dijo que el grupo —aliado con el régimen chino de Xi Jinping— seguía “en pie de lucha ante los efectos de una ofensiva reaccionaria, conservadora y restauradora neoliberal de las élites mundiales”.
“Condenamos la guerra no convencional de EE. UU. y sus aliados contra la revolución bolivariana, la que se ha vuelto el objetivo estratégico inmediato a derrotar por el imperio”, agregó. El momento también lo aprovechó para pedir la liberación de Lula da Silva, entonces condenado por corrupción. Para Valente, todos los males de los gobiernos izquierdistas de América Latina parecen residir en “el imperialismo” de EE. UU.
Valente también es psicóloga e integrante de la dirección nacional del PT. Antes de la primera vuelta el pasado 2 de octubre aseveraba que el líder de su partido iba a ganar frente al presidente Jair Bolsonaro. Añadió que el actual mandatario «le está haciendo mucho daño al pueblo», pero olvida que bajo la presidencia de Lula da Silva en el país se destapó el mayor escándalo de corrupción de su historia. Con ese pensamiento, ahora se suma el equipo de transición para el período que comenzará el 1 de enero de 2023.
Continúan las manifestaciones
Mientras la transición avanza, en Brasil se siguen registrando masivas manifestaciones de seguidores del presidente Bolsonaro que rechazan el resultado electoral. En paralelo se conoció que el Partido Liberal, en el que milita el actual mandatario, pedirá la anulación de los comicios por considerar que «no es posible validar los resultados generados en todas las máquinas de votación electrónica» que corresponden con los modelos con fecha de 2009 a 2015.
Por su parte, Alexandre de Moraes, magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) y presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), arrecia la persecución. Este 16 de noviembre trascendió que remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) una solicitud para destituir al general Paulo Sérgio Nogueira del cargo de ministro de Defensa. A su vez, la petición había sido previamente presentada por el diputado federal Marcelo Calero, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de centroizquierda.
El parlamentario afirma que Nogueira ha estado defendiendo el argumento de “fraude” que reclaman cientos de miles de votantes de Bolsonaro. Sin embargo, el ministerio de Defensa se ha limitado a emitir comunicados que no descartan esta hipótesis, pero a la vez aseguran que su posición se apega a las leyes federales.
Hasta este 16 se noviembre se reportaban 66 manifestaciones en las carreteras federales del país, según informó la Policía Federal de Carreteras (PRF).