En su primer discurso presidencial del 28 de julio, el izquierdista Pedro Castillo anunció que no presidiría desde el Palacio de Gobierno. “No gobernaré desde la Casa de Pizarro, porque tenemos que romper con los símbolos coloniales, para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido por tantos años”, afirmó ante la prensa. Además, comunicó que el Palacio sería entregado al nuevo Ministerio de las Culturas para convertirse en un museo.
Sin embargo, a pocos días de dicho anuncio, el mandatario peruano no podrá cumplir con su palabra debido a posibles problemas técnicos y legales. Según fuentes cercanas al Ejecutivo, sus propios asesores le recomendaron retornar a la Casa de Pizarro. Entre quienes aconsejaron a Castillo sobre esta medida se encuentra la vicepresidente Dina Boluarte y el ministro de Justicia Aníbal Torres.
El laberinto legal que complica a Castillo
De acuerdo a la Ley 28024, que regula la gestión de intereses en la administración pública, todo funcionario estatal tiene la obligación de despachar en su sede institucional. Asimismo, debe notificar sus actividades en el Registro de Visitas en Línea, señalando qué y con quién despachó la medida. Esta normativa incluye al presidente de la república, cuya sede corresponde al Palacio de Gobierno, la Casa de Pizarro.
Castillo no obstante, ha estado gobernando desde el departamento del distrito de Breña, en Lima, recinto que utilizó en su campaña. Esto ha despertado la crítica de expertos, quienes acusan falta de transparencia del gobierno, al no despachar en Palacio y no dar cuenta con quién se ha reunido el presidente.
Según lo explicado por el abogado constitucionalista Luciano López para La República, la determinación de Castillo no solo incurre en una falta administrativa, sino que también involucra un delito de omisión de funciones. Por otra parte, López afirma que esto vulnera el principio de transparencia.
Castillo comienza con “el pie izquierdo”
Los primeros días de gobierno del líder de “Perú Libre” no han sido fáciles. Según la encuesta Datum, aplicada entre el 2 y 4 de agosto, el mandatario inició su gestión con un 41 % de rechazo frente a un 39 % de respaldo. Por otra parte, un 20 % de los encuestados declaró “no saber” cuál es su opinión sobre su administración. De esta forma, Castillo es el primer presidente peruano de este milenio en arrancar su mandato con mayor desaprobación que apoyo.
Los números tampoco son favorables para su polémico gabinete. Un 57% de los peruanos estima que los ministros elegidos no serán capaces de liderar sus carteras. El primer ministro, Guido Bellido, acusado de cometer “apología al terrorismo” es uno de los más cuestionados. Un 76 % de la ciudadanía considera que no debe ocupar el puesto. Respecto a las expectativas económicas en Perú, el 64 % de los encuestados considera que su situación seguirá igual o peor en comparación a la primera mitad del 2021.
A pocas semanas de asumir Castillo, el descontento hacia el gobierno se está haciendo notar. Este sábado recién pasado se realizó en el centro de Lima la primera manifestación en contra del mandatario. En la movilización participaron cerca de 2000 personas que solicitaron al Congreso iniciar un trámite constitucional para destituir al recién electo presidente de Perú.