No son los más idóneos para conformar un Gabinete ministerial pero están en el del presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, a pesar de la promesa de que el mérito determinaría la escogencia. En las designaciones sólo primó la lealtad con el ala radical de Perú Libre, pero sobe toda la influencia del fundador del partido, Vladimir Cerrón, acusado de corrupción y fiel defensor del pensamiento de Fidel Castro.
Nada más importó. Ni las denuncias que algunos enfrentan por violencia intrafamiliar, ni las acusaciones por incurrir en faltas graves contra la moral policial o la disciplina institucional como tampoco los vínculos con sectores radicales del Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), organización política que realiza apología al terrorismo.
Solo de esa forma se explica el nombramiento de Guido Bellido como primer ministro, quien “insulta con su presencia a las víctimas del terrorismo y cuya catadura machista y homofóbica ha quedado comprobada”. Así lo describe el diario El Comercio.
Cómplices del caos
Por donde se mire, la nueva cúpula de poder peruana tiene controversias. El ministro del Trabajo está vinculado a Movadef, mientras que el ministro de Defensa tiene un pasado de amonestaciones en la Policía Nacional con sanciones de arresto por incurrir en faltas graves contra la moral policial y contra la disciplina.
A ellos se une un ministro del Interior que aún era fiscal cuando asumió el puesto (circunstancia que convertiría en nulo su nombramiento, según expertos), un canciller complaciente con las dictaduras y el uso de la violencia para fines políticos, un ministro de Cultura que buscó defenderse a balazos de ser retirado de un bus en estado de ebriedad en 2001, una ministra de Desarrollo e Inclusión Social denunciada por discriminación contra una ciudadana transexual, un ministro de Transporte con multas por transportar pasajeros de manera informal (y denunciado ante la policía por agredir a su pareja).
Son todos parte de una “serie de miembros que por tolerar la compañía de individuos con estas características se han convertido en sus cómplices”, indica el medio peruano. Irónicamente, en sus redes sociales, Castillo asegura que junto a ellos construirá un “país más justo, libre y digno”.
Nuestro gabinete es del pueblo, se debe al pueblo y va hacia él. Nuestro compromiso es con el Perú y con ningún otro interés que no fuera el de dedicar todos y cada uno de nuestros esfuerzos a construir un país más justo, libre y digno. No defraudaremos su confianza. pic.twitter.com/U3UMsQ5B8c
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) July 30, 2021
Confianza por ideología
Braulio Grajeda servirá a Castillo como viceministro de Gobernanza Territorial. Su arribo al Gobierno lo determinó ser un “hombre de confianza del partido Perú Libre y de Vladimir Cerrón”, aunque pudo hacerse conocido como el candidato con el número 3 en la lista congresal por Lima de Perú Libre, pero el Jurado Nacional de Elecciones declaró improcedente su inscripción por haber incurrido en omisión de información.
Su nombre resuena desde la campaña electoral por estar relacionado al caso Los Dinámicos del Centro, que investiga a militantes de esta tolda por gestionar recursos a través de la venta de licencias de conducir.
Esta ha sido su oportunidad de acceder al poder luego de intentar llegar a un cargo de elección popular en ocho procesos sin éxito. Desde 2016, en sus redes sociales promocionaba a Cerrón como candidato presidencial, y calificaba las investigaciones en su contra como “un abuso” y una “persecución”.
En su más reciente hoja de vida disponible, su única experiencia laboral consignada es en el gobierno regional de Junín, desde 2019. Ahora tendrá a su cargo el principal puesto que lidia con la atención de conflictos sociales.
Secretarios sin experiencia
Castillo y Bellido se cubren. Ambos firmaron ya la resolución de designación del secretario general del despacho presidencial, un rol clave para la logística del Ejecutivo que estará en manos de Bruno Pacheco, licenciado en Educación secundaria que acompañó de cerca a Pedro Castillo durante su campaña, pero que enfrenta denuncias policiales por violencia familiar.
No tiene experiencia conocida en el sector público más allá de su trabajo en la docencia y en el área sindical. Otra posición importante la asumirá el economista Luis González: secretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El titular de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, designó como secretario general del ministerio al abogado Carlos Adeval Zafra Flores, militante de Juntos por el Perú desde 2010 (partido que Sánchez preside), cuando estaba inscrito como Partido Humanista.
Zafra ha ocupado puestos en la estructura interna de Juntos por el Perú, como secretario nacional de ideología, doctrina y capacitación, y en la Secretaría Nacional del Plan de Gobierno y Comandos Profesionales. También se postuló al cargo de regidor distrital en Pueblo Libre, sin éxito.
En líneas generales, está claro que Castillo está empeñado en otorgar cargos a discreción para asegurar lealtad en diversos puestos del sector público. Y los designados embarrados en cuestionamientos es una prueba de que lo único que importa es la lealtad de figuras comprometidas ideológicamente con el ala más radical del partido en el poder. Y es apenas el comienzo.
“Decir que el presidente Pedro Castillo empezó su gestión con el pie izquierdo con la conformación de su primer Gabinete compuesto por una retahíla de personajes poco preparados –pero igual de radicales–, sería una evaluación tibia. Con este equipo de trabajo confirmó que ni la moderación ni el consenso serán sus objetivos y que, más bien, se buscará que Perú Libre tenga un papel protagónico en el Estado”, sostiene El Comercio en su editorial de este miércoles.
Citas sin control
Pedro Castillo también gobierna sin protocolos ni controles. El mandatario sustituyó el Palacio de Gobierno por una casa particular en el distrito limeño de Breña, donde no hay registro oficial de sus visitas ni reuniones de Estado,
El Órgano de Control Institucional (OCI) del despacho presidencial, que pertenece a la Contraloría, identificó, a través del informe N°008-2021-OCI-DP/0276-SOO, “una situación adversa” que podría “afectar la transparencia” en el ejercicio de la función pública por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, y el secretario general de su oficina, Arnulfo Pacheco Castillo.
Luego de revisar el portal de Transparencia de la Presidencia, entre el 28 de julio y el 1 de agosto, la instancia detectó que ninguna de sus reuniones habían sido notificadas.
El documento agrega que ambos ejercieron sus funciones, en ese período, “fuera del domicilio legal” establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial.
El artículo 3 del referido reglamento, aprobado en el Decreto Supremo N°077-2016-PCM el 5 de octubre de 2016, establece que el despacho del jefe de Estado “tiene como domicilio la Casa de Gobierno o Palacio de Gobierno, ubicada en la ciudad de Lima”.
El OCI, en sus recomendaciones, le pide a Pacheco Castillo adoptar las “acciones preventivas y correctivas que correspondan, debiendo para tal efecto, mantener actualizada la información del registro de visita en línea y las agendas oficiales del despacho presidencial.