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Luego del 22 de septiembre de 2010 y 4 de noviembre de 2011, fecha en donde se ejecutaron las Operaciones Sodoma y Gomorra; y Odiseo en las cuales las Fuerzas Militares y de Policía conjuntamente dieron de baja a dos de los narcoterroristas más buscados y peligrosos del mundo, alias el ‘Mono Jojoy’ y alias ‘Alfonso Cano’, dos apóstoles del terror, miembros del Secretariado de las FARC; los beneficiados del acuerdo “final” entre el gobierno de Santos y las FARC, luego de haber violado y hurtado la decisión del soberano en el plebiscito cuya decisión mayoritaria dijo NO a ese bodrio acuerdo, año tras año han honrado y homenajeado públicamente la memoria de dos de los verdugos más grandes que ha tenido la paz de Colombia y los millares de víctimas que causaron los abatidos cabecillas.
Se entiende que los homenajes anteriores al 10 de diciembre de 2016, estaban bajo el umbral de la ilegalidad de quienes se supone que suscribieron compromisos y deberes para beneficiarse de ese ilegítimo acuerdo que lo único que ha logrado es un enajenado Premio Nobel de Paz a la vanidad de un presidente que estuvo lejos de querer la paz estable y duradera. Bajo esa lógica, antes de dar el salto cualitativo a la legalidad que le confirió el presidente Santos junto con un legislativo y cortes amarradas y entregadas para extirpar del lenguaje democrático la soberanía popular que reside en la Constitución; se entiende que los miembros de las FARC antes de la desmovilización, hicieron cuanto agasajo a manteles y desmanes, orgías y todo tipo de atrocidades tales como abuso sexual a menores de edad, fiel a su estilo y ADN criminal.
Lo que no entendemos y sí reprochamos que cada año, los 22 de septiembre y 4 de noviembre, (sin dejar de mencionar los 1 de marzo y 26 de marzo donde se conmemoran y también honra la nefasta memoria y obra de Raúl Reyes y Tirofijo, respectivamente) después del 10 de diciembre de 2016, fecha en que entrara en vigencia el ilegítimo acuerdo donde suscribieron una serie de compromisos y obligaciones que los alejara de todos los justificativos de violencia, sigan realizando con pompa y ceremonia los homenajes a estos nefastos personajes que en hora buena pasaron a otra vida fuera de este mundo en el que no pudiesen aumentar la masa de víctimas que causaron, la cual es escalofriante siquiera imaginarla.
Sumándole al cinismo expresado en sus intervenciones en una justicia hecha a su medida para garantizar total impunidad con criterios de elegibilidad, adelantándoles los regalos de navidad de varios años, regalándole a dedo curules en el Congreso de la República, corporaciones a las que no pudieron llegar con votos propios dado el total rechazo del pueblo de Colombia que los aborrece por sus altas atrocidades en una guerra fratricida a la que sometieron a los colombianos por más medio siglo de nuestra historia y cuyas heridas aún no sanan, continúan prolongando el dolor de las víctimas, con actos que prolongan dicho dolor en ellas y en consecuencia su revictimización, vulnerando los derechos de las mismas, especialmente los derechos a las garantías de no repetición.
Este tipo de homenajes, son sin duda alguna una afrenta y expectoración al honor de las víctimas que de este otrora grupo armado que llamándose FARC, se transformaron en partido político contando aún con temibles disidencias incluso dentro de la misma agrupación política derivada del espurio acuerdo donde contaron con el jefe negociador, alias Iván Márquez y el no menos nefasto de alias Jesús Santrich (quien siguió delinquiendo luego del tal acuerdo, siendo capturado y liberado con complicidad de las cortes colombianas y la JEP, facilitándole la anunciada fuga), para luego por cuestiones del marketing político ahora llamarse Partido Comunes, no obteniendo con ello la purga de sus atrocidades, las cuales validan y justifican en sus intervenciones en la JEP, negando sus crímenes, tales como el secuestro, el reclutamiento forzado y abuso sexual en menores de edad, demostrando claramente que su arrepentimiento y aporte a la verdad, es casi nulo.
Expresiones tan descaradas y nefastas por parte de miembros de Comunes (exFARC) de quienes han convocado y participado en tan repudiables eventos, como es el caso de la senadora Criselda Lobo o Sandra Ramírez (no se sabe cómo decirle o llamarle) quien fuera la exesposa o exconcubina o ex algo del temible fundador del mayor verdugo que la tenido la paz de Colombia, alias Tirofijo, son claras manifestaciones que decantan irrespeto a las víctimas. Declaraciones tales como que los secuestrados en Colombia por parte de esa organización, crímenes mayormente ejecutados por el Mono Jojoy, tenían “sus comodidades, su camita”, además de ser un insulto a las víctimas directas y colectivas (que es toda la sociedad), rompen las garantías de no repetición y hacen apología al terrorismo, aunque en Colombia no esté tipificado en la ley penal como delito, sí es una conducta que se aparta de los compromisos a los que están obligados quienes suscribieron el acuerdo acogiéndose al mismo y están bajo el umbral y resorte de la JEP.
Durante las cuestionables “negociaciones de paz” el presidente Santos expresó “Colombia ha puesto en el centro de la construcción de una paz sustentable y duradera a las víctimas”.
Ahora bien, como dice el refrán popular “untado el dedo, untada la mano… y ya entrados en gastos”, le corresponde a la JEP, demostrar si su mandado está orientado en los pilares de verdad, justicia, reparación y no repetición donde tenga como centro a las víctimas, respetando y haciendo respetar sus derechos. Corresponde a la JEP determinar y ganarse la confianza de los colombianos que mayormente rechaza lo derivado del acuerdo y que entregó en las urnas en 2018 un mandato que enderezara los entuertos de dicho acuerdo o que lo hiciera perfectible, la JEP debe responderle a los colombianos algunas de las siguientes preguntas: los distintos homenajes hechos por excombatientes de las FARC, hoy miembros del Partido Comunes (antes Partido FARC), a Víctor Julio Suárez alias “Jorge Briceño” o alias “El Mono Jojoy”, otrora temible jefe Militar y miembro del Secretariado del GAML de las FARC ¿Se apartan de los compromisos derivados del Gran Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno de Colombia y las FARC suscrito en el año 2016?; Homenajear la memoria del extinto cabecilla ya suficientemente mencionado ¿Honra a las víctimas?; ¿Efectuar homenaje a la memoria, vida y obra del abatido terrorista, es una conducta consecuente, válida y ejemplar por parte de los excombatientes beneficiados del Acuerdo Final para la terminación del conflicto armado entre el Gobierno colombiano y las FARC?; La conducta por parte de miembros del Partido Comunes, incluyendo congresistas de la república, consistente en homenajear a un victimario que arrojó irrefutablemente un enorme caudal de víctimas ¿Se ajusta a los derechos de las víctimas, concretamente las garantías de no repetición?; Las conductas por parte de excombatientes beneficiados por el ya mencionado Acuerdo Final de 2016, consistente en homenajear un victimario de gran escala como lo fue Víctor Julio Suárez ¿Van en comunión con los compromisos suscritos y derivados de dicho acuerdo?
En estricto rigor jurídico serio, en un Estado de Derecho que ha sacrificado la completa aplicación de justicia contra los victimarios en el marco de una proceso de paz, la consecuencia jurídica que debería tomar los tribunales de justicia transicional, en nuestro caso la JEP, no sería otra que estuviese retornándole el honor y haciendo respetar a las víctimas por medio de sanciones en contra de miembros del Partido Comunes que organizan y participan activamente en homenaje a los victimarios determinadores de gran escala, apóstoles del terror, en sanciones tales como la exclusión de la JEP de dichos excombatientes y compulsando a la Fiscalía General de la Nación para que continúe llevando la titularidad de la acción penal en contra de quienes han incumplido el acuerdo.
El respeto a las víctimas y su enfoque de derechos con respeto a los mismos, deben ser una práctica de toda una sociedad que busca la reconciliación nacional, en donde las instituciones debe ejercer sus potestades para cumplirlo, y así no ser una mera narrativa de letra muerta que solo use a la víctimas como cimientos de impunidad.
