No cabe la menor duda: el régimen de Nicolás Maduro, en su desesperación por mantenerse en su corrupta usurpación del poder y seguir sacando provecho de las arcas y del sufrimiento del pueblo venezolano, está llegando a lo inimaginable y está llevando la crisis venezolana a niveles que rozan en la total falta de cordura. Los recientes ataques y medidas represivas contra los diputados a la Asamblea Nacional, a quienes con coraje y decisión el pueblo de Bolívar dio mayoritario poder en diciembre de 2015, es una muestra de ello.
En los últimos días el régimen madurista ha allanado los derechos inalienables de los diputados, tales como la inmunidad parlamentaria, reconocida por la Constitución, así como la toma militar de su sede, el Palacio Legislativo. Y, como si fuera poco, secuestró al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano -de quien, hasta el momento de redactar este artículo, se desconoce su destino- luego de ser perseguido y apresado por el Sebín, la tenebrosa policía política del régimen. De igual forma, ya hace semanas que se desconoce el paradero del diputado Gilber Caro, nuevamente apresado, sin que den cuenta ni de su detención ni del sitio de reclusión. Claramente un secuestro de Estado.
Es obvio que los avances políticos y diplomáticos del gobierno de la Asamblea Nacional le está pesando mucho al régimen usurpador y está decidido a arrasar al Parlamento legítimo. Eso sí: sin tocar al presidente encargado, Juan Guaidó. Por ahora.
Es por ello que hoy más que nunca se hace imprescindible y muy necesaria la decidida presión internacional que desde hace tiempo se viene ejerciendo contra Nicolás Maduro y su eje de corruptos funcionarios vinculados al narcoterrorismo internacional. Y esto lo entiende con meridiana claridad la mayoría de países de América Latina, que con valor y determinación han logrado entenderse y juntar esfuerzos por lograr que la Democracia, así, con mayúscula, vuelva a Venezuela, luego de tantos años de menoscabo de la libertad y de los derechos humanos de la mayoría de los venezolanos.
Así, es justo hoy día resaltar la existencia y labor que desde 2017 viene realizando el Grupo de Lima, conformado por 12 países del continente, empeñados en buscar salidas a la cada vez más terrible y oprobiosa crisis venezolana, originada por el mantenimiento en el poder del usurpador Nicolás Maduro, a quien no le ha temblado la mano para ejercer una cada vez más fuerte represión contra la gran mayoría de venezolanos que hoy por hoy se le oponen.
Desde su creación, el Grupo de Lima, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y México – si bien este último ha tomado distancia desde la llegada a la presidencia de Andrés López Obrador, ideológicamente identificado con Maduro- no ha cejado en su empeño por lograr que Venezuela vuelva al carril democrático, algo que no es posible mientras siga en el Palacio de Miraflores el nefasto pupilo de Hugo Chávez.
Si bien, como sabemos, el Grupo no es un organismo ni una organización multilateral formal, y por lo tanto no se trata de una instancia con poder concreto en materia diplomática (como sí lo es la OEA) por la seriedad y solvencia de sus integrantes ha adquirido reconocimiento internacional, y bien puede compararse con los ya lejanos Grupo de Contadora y su posterior Grupo de Río que tanto hicieron para lograr superar los conflictos vividos por los países centroamericanos en las décadas de los 80 y 90 del siglo XX. Esos mecanismos de consulta y concertación política propios de América Latina y el Caribe fueron fundamentales para el logro de la paz en Centroamérica. Y como bien reconoció el excanciller mexicano Bernardo Sepúlveda en una oportunidad, los esfuerzos de esas iniciativas demostraron “la capacidad de América Latina de resolver por sus propios medios y de manera conjunta los conflictos de gran magnitud que le afectan”.
Quizá el hecho más importante alcanzado hasta el momento por el Grupo de Lima, es la visibilización de la crisis venezolana a nivel internacional y el cada vez mayor aislamiento del régimen de Nicolás Maduro en la región. Sus miembros han concertado varias medidas de suma importancia, empezando por el no reconocimiento de las írritas elecciones del dictador venezolano del pasado 20 de mayo de 2018, al decidir desde entonces reducir el nivel de sus relaciones diplomáticas en el país, así como llamar a consulta a sus embajadores en Caracas.
Posteriormente, reconocieron decididamente al presidente encargado Juan Guaidó, a todos los miembros de la AN y a sus representantes diplomáticos, haciendo “personalmente” responsable a Maduro de “la vida, la libertad y la integridad de ellos y sus familiares”, al tiempo que decidieron impedir a altos funcionarios del régimen venezolano la entrada al territorio de sus países, como forma de presión para lograr el cese de la usurpación ejercida por Maduro. Asimismo, el Grupo ha solicitado al secretario general de las Naciones Unidas, su Asamblea General y al Consejo de Seguridad, medidas concretas para evitar el “deterioro de la paz y la seguridad”, así como ofrecer ayuda humanitaria a los venezolanos dentro y fuera del país.
Es cierto, a sus integrantes aún les falta materializar varios de los puntos acordados en las diversas declaraciones del grupo, así como tomar mayores medidas de presión concretas como bien lo viene haciendo el gobierno de los Estados Unidos. Pese a ello, no podemos dejar de reconocer que el Grupo de Lima ha cosechado varios logros y entre ellos, que el cerco diplomático en torno al régimen sea más poderoso, más efectivo, para el cese de la usurpación del poder que, por ahora, ostenta Nicolás Maduro, para desgracia de todos los venezolanos y también para los ciudadanos del resto de la región que ya se han visto afectados por la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país.
No cabe duda de que con el apoyo de este grupo también se podrá construir rápidamente esa transición que reclama a gritos el pueblo de Venezuela y los demócratas del mundo, y que es la garantía real para la realización de unas nuevas elecciones presidenciales verdaderamente democráticas, libres, justas y transparentes. Sus integrantes, como otros aliados democráticos –los EE.UU a la cabeza-, están claros y se han comprometido con la ruta trazada por el presidente Guaidó: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones democráticas.
Por todo lo anterior, es que creemos que el Grupo de Lima es la iniciativa llamada –además de la más natural por su situación geográfica- a convertirse en el centro gravitacional o gravitatorio de estrategias y acciones de presión que permitan el regreso de la democracia en Venezuela. Es por ello también que estamos convencidos de que el Grupo Internacional de Contacto, GIC, creado por la Unión Europea y otros países suramericanos para los mismos fines, se debe sumar y alinear de una vez por todas con la posición política y diplomática del Grupo de Lima. A estas alturas de la crisis terminal venezolana y del cerco de presión logrado, no ayuda para nada la dispersión de esfuerzos y visiones.
Termino con lo afirmado tajantemente por el mismo Juan Guaidó: agradecemos todos los esfuerzos e iniciativas, incluido el de mediación del gobierno de Noruega que apenas recién se ha conocido públicamente, pero con la condición que sumen, no que resten, que sirvan para abonar en el proceso de búsqueda de una salida a la crisis bajo la ruta ya trazada y bien encaminada por el presidente (E) de Venezuela y sus aliados continentales, en primer plano el Grupo de Lima.