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EnglishLos inocultables desmanes dictatoriales y violaciones a los derechos humanos de los venezolanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro en las recientes semanas, ha obligado a los gobiernos democráticos del continente americano a salir del cómodo silencio y a empezar a dejar de lado la vergonzosa complacencia han mostrado que hacia él en los últimos meses.
La mayoría de los gobiernos del hemisferio no han podido pasar por alto la avalancha de fotos, videos, grabaciones y declaraciones de los ciudadanos y de la prensa — más la internacional que la nacional debido a la censura, autocensura y bloqueo existentes en el país — que muestran lo inocultable: los cuerpos de seguridad del Estado, sus policías, militares y agentes de inteligencia acompañados por los “colectivos” chavistas armados, han sido quienes reprimieron las marchas ciudadanas pacíficas en Caracas y en varias ciudades del pasado 12 de febrero, en la que fueron asesinados tres estudiantes y resultaron un centenar de heridos y apresados.
Los gobiernos vecinos no han podido dejar de darse cuenta que, lejos de enfrentar con responsabilidad los hechos y rectificar su conducta, Maduro ha mantenido su actitud radical y represiva los días posteriores al 12 de febrero. Las fuerzas policiales y militares continúan en las calles reprimiendo y apresando a los manifestantes pacíficos, mientras que un contingente de inteligencia, sin orden de allanamiento, invade la sede del partido político Voluntad Popular.
Lo único que ha hecho el oficialismo es condenar públicamente las bandas armadas chavistas, aunque no las ha desarmado, y destituir al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) por sus excesos en la marcha del 12 de febrero. El presidente Maduro afirma que la destitución se debió a la desobediencia de sus órdenes de acuartelamiento, pero todo indica que la verdadera razón está en el incremento de las acusaciones y las evidencias en torno al comisario Melvin Collazos del SEBIN como autor del asesinato del estudiante Basil Da Costa ese día.
También los vecinos regionales ven con preocupación que el gobierno de Maduro, en estas graves circunstancias, se limite a reeditar su libreto de siempre: mentir y tergiversar la realidad culpando a otros, incluso a actores externos. Hay incomodidad internacional por el ocultamiento de evidencias y, como lo hizo en abril de 2002, de hacerle creer al mundo que lo que está sucediendo es un intento de golpe de Estado de la oposición “de derecha fascista” con la ayuda del gobierno estadounidense de Barack Obama y de personalidades extranjeras como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.
Este libreto conspirativo y antiimperialista ya no es sostenible. Del 2002 a esta parte la comunidad internacional ha acumulado suficientes evidencias del comportamiento antidemocrático, violatorio de la Constitución y de los derechos humanos de los dos gobiernos autoritarios del llamado Socialismo del siglo XXI. Los gobiernos extranjeros habían preferido hasta ahora no decir nada ni actuar sobre esa realidad para preservar sus intereses especialmente los económicos. Pero la conocen bien y en momentos de debacle económica, explosión socio-política, y de exabruptos gubernamentales inocultables — como el que vive nuestro país en la actualidad —, han empezado a reaccionar y a manifestarse.
Con todo, sin embargo, los pronunciamientos internacionales han sido tibios, poco contundentes, limitados a aplacar la violencia y a llamar al diálogo entre el oficialismo y la oposición. Las declaraciones del mandatario de Colombia y del secretario de Estado de los Estados Unidos, no se han salido del marco diplomático pese a las críticas del gobierno venezolano.
Del mismo tenor han sido las palabras dadas por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, en virtud de que a estas alturas los miembros de esta organización no se han reunido de urgencia como indica su carta democrática interamericana cuando existe una alteración en un país miembro.
Los organismos regionales que se han pronunciado hasta el momento de escribir estas líneas, han sido la Unión de Naciones Suraméricanas (UNASUR) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). El primero también fue moderado, aun cuando el canciller venezolano Elías Jaua trató de modificar a su favor el contenido del comunicado al leerlo por cadena de radio y televisión. Lo que hacen los miembros de UNASUR en el texto es reiterar “su defensa del orden democrático, del Estado de derecho y sus instituciones”, y exhortan “a todas las fuerzas políticas y sociales del país a privilegiar el diálogo y la concordia para la solución de las diferencias, dentro del ordenamiento jurídico constitucional”.
El comunicado del MERCOSUR también sigue estas líneas, al repudiar “todo tipo de violencia e intolerancia que busquen atentar contra la democracia y sus instituciones, cualquiera fuese su origen”; pese a que indirectamente favorecen la posición de Nicolás Maduro al expresar “su más firme rechazo a las amenazas de ruptura del orden democrático legítimamente constituido por el voto popular” y afirmar “confiar plenamente en que el Gobierno Venezolano no descansará en el esfuerzo por mantener la paz y las plenas garantías para toda la ciudadanía”.
Los gobiernos que se han pronunciado hasta ahora lo han hecho con un especial cuidado diplomático, sea por la falta de una investigación judicial firme de los sucesos o por temor a los efectos que una condena firme en contra del gobierno de Maduro pudiese acarrearle a sus países, al hemisferio y a sus relaciones bilaterales con Venezuela. Sólo los países que siguen el proyecto bolivariano, los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), se han atrevido a pronunciarse abierta y contundentemente y, por supuesto, en apoyo al presidente Maduro.
A pesar de la tibieza diplomática, el gobierno ha reaccionado con irresponsabilidad (o desesperación), de forma desproporcionada. A las declaraciones del Presidente de Colombia Juan Manuel Santos y del ex presidente de Chile Sebastián Piñera, Maduro respondió con fuertes agresiones y amenazas. Igualmente con el comunicado estadounidense, expulsando nuevamente a funcionarios diplomáticos — de rango consular — de la embajada de los Estados Unidos en Caracas, profundizando con ello el congelamiento de relaciones con ese país, siendo aún el principal cliente petrolero de Venezuela.
En la medida que el gobierno se niegue a rectificar y a emprender un diálogo nacional verdadero, los gobiernos democráticos del hemisferio no tendrán otra salida medianamente decente y democrática que repudiar al gobierno venezolano, como ya lo han hecho personalidades de la talla del ex presidente de Costa Rica Óscar Arias, quien sin tapujos lo acusó de cometer un “irrespeto flagrante a los derechos humanos”.
¿Qué hará entonces el gobierno de Maduro?, ¿peleará y romperá relaciones con sus vecinos y se adentrará definitivamente por el camino del aislamiento internacional, del cual ya hasta el régimen castrista cubano viene de regreso?
