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En un nuevo aniversario del último golpe militar en Argentina, repasamos algunos de los mitos y falacias que se mantienen vigentes, a casi medio siglo del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
30 mil desaparecidos
Decir 24 de marzo es casi sinónimo de los “30 mil desaparecidos”. Sin embargo, el número en cuestión no es más que simbólico y está absolutamente corroborado que no tiene ninguna relación con la realidad. Lamentablemente, desde el kirchnerismo y la izquierda se insiste con lo sacrosanto e incuestionable de esta cifra, y se da a entender que cuestionarlo es equivalente a la reivindicación del terrorismo de Estado, lo que no es más que una pobre falacia.
El exmontonero Luis Labraña reconoció públicamente que el número en cuestión fue una sugerencia suya, con la finalidad de facilitar los subsidios económicos a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en Europa durante la dictadura, cuando luchaban por visibilizar ante el mundo la desaparición de sus hijos.
La única voz clara en disidencia que tuvo la política nacional en los últimos años en contra de esta locura ha sido la del diputado bonaerense, Guillermo Castello. El legislador liberal ha presentado un valiente proyecto para que se derogue la inaceptable legislación promulgada durante el macrismo, para que fuera obligación la mención a los 30 mil desaparecidos, cada vez que se habla del golpe.
La sociedad cómplice
Aunque una nueva generación no pueda comprender cómo, de un día para otro, las fuerzas armadas tomaron el poder en Argentina, y asuma que el golpe generó repudio e indignación, la cosa fue bien diferente. Lo cierto es que la gran mayoría de la población, aquel 24 de marzo de 1976 celebró aliviada la llegada de Jorge Rafael Videla y compañía. El temor al accionar de las agrupaciones guerrilleras se imponía ampliamente al reclamo de institucionalidad política.
Esta realidad fáctica, que se corrobora en cada conversación que se tenga con los que recuerdan aquellos días, no debería ser un reproche histórico o un cuestionamiento moral estéril. Fue la realidad misma. Sí debería asumirse lo que ocurrió y sus circunstancias, a modo de no facilitar un relato mentiroso, que reescribió impunemente la década del setenta.
El proceso de “reorganización” desorganizado
Las Fuerzas Armadas que tomaron el poder hace 46 años eligieron el nombre de “Proceso de Reorganización Nacional” a lo que iba a ser su gestión. Lejos de contar con un programa y un rumbo, las diferencias dentro de las fuerzas eran casi tan notorias como las del fallido Frente de Todos en la actualidad.
La figura de Videla fue la única que pudo conciliar y contener diferentes sectores, con diversos intereses, y debajo de él, muchas veces los desacuerdos superaban las coincidencias. Luego de los primeros seis años, cuando el “proceso” ya ni podía justificar meramente su permanencia en el poder, con la guerrilla absolutamente aniquilada, quedó en evidencia la falta total de rumbo. La improvisación y la locura terminó en el delirio bélico de Galtieri en Las Malvinas.
El 24 de marzo no empezó el terrorismo de Estado
Puede que el peronismo sea el principal responsable de la imprecisa asociación del 24 de marzo con el comienzo del terrorismo de Estado. Sin embargo, el Partido Justicialista, en el período de la tercera y última presidencia de Juan Domingo Perón, fue el responsable del inicio de la represión ilegal.
En el juicio a las juntas militares, desarrollado a mitad de los ochenta, salieron a la luz varios casos de personas que habían desaparecido “en democracia” y aparecieron muertas “en dictadura”. Esto representó un desafío para los juristas que se encontraban en la disyuntiva de los diferentes marcos legales que se aplicaron en el proceso.
El primer decreto firmado por María Estela Martínez de Perón, que tenía la finalidad de “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”, lleva la fecha del 5 de febrero de 1975.
La supuesta necesidad del golpe
Los mitos y las falacias históricas no son exclusivos de la izquierda. Los que justifican la necesidad de la intervención del proceso militar por la problemática de la violencia política del accionar guerrillero dejan de lado varias cuestiones relevantes.
Los últimos ataques coordinados del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y Montoneros datan de 1975, un año antes del golpe. Para marzo de 1976, el accionar guerrillero estaba diezmado, limitado a atentados en su mayoría individuales, que tenían el repudio absoluto de la sociedad toda. El gobierno constitucional estaba entregado a las fuerzas armadas, que ya exigían sin reparo ni restricciones a la viuda de Perón, que había convocado a elecciones anticipadas para octubre de 1976.
El plan económico “neoliberal”
Uno de los latiguillos recurrentes es la falacia que el proceso tuvo como finalidad la implementación de un programa “neoliberal”. Aunque José Alfredo Martínez de Hoz, primer ministro del proceso (76-81) hizo un diagnóstico de la problemática económica desde la perspectiva liberal (y hasta citaba a Hayek), el plan económico aplicado no tuvo absolutamente nada de todo esto.
Como el mismo funcionario reconoció luego de su paso por el ministerio, junto a su equipo llegaron a la conclusión de que era imposible un programa “deseable” y de “shock”. Argumentaron que el descontento inicial que generarían las reformas harían que la gente apoyara masivamente a las guerrillas de izquierda, que capitalizarían el supuesto descontento. Por esos días se habló por primera vez del “gradualismo”, que supuestamente iba a llevar en el largo plazo a la Argentina al desarrollo económico.
No se privatizaron empresas (sí se nacionalizaron algunas, como la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad) y el Estado controló hasta los medios de comunicación, que se repartieron arbitrariamente entre las tres fuerzas. Ni siquiera se dejó al arbitrio del libre mercado el tipo de cambio, que se manipuló a discreción arbitraria de la política, como el resto de las variables económicas. Cuentan los que participaron de varias reuniones del gobierno por aquellos días que más de un militar golpeaba violentamente con el puño el escritorio cuando los burócratas civiles no podían “manejar” la tasa de interés.
El resultado del gradualismo intervencionista del proceso dejó exactamente lo mismo que el experimento macrista: deuda externa, fracaso, frustración y un grupo de privilegiados enriquecidos. ¿Economía de mercado? Nada.
Cogobierno y complicidad radical y peronista
Aunque a medio siglo del último gobierno militar, la política tradicional se rasgue las vestiduras, radicales y peronistas fueron más que cómplices. Antes del golpe, por la irresponsabilidad y el beneplácito con que miraron la llegada de los militares, y durante el proceso militar, esto se manifestó con un cogobierno explícito en las cientos de intendencias que les dieron los militares.
Aunque el Poder Ejecutivo quedó en manos de las fuerzas y se cerró el parlamento, la Unión Cívica Radical le dio al proceso 310 intendentes. El peronismo le aportó 169 y para las elecciones de 1983, con la candidatura de Ítalo Argentino Luder, una de las propuestas de campaña fue la de no juzgar a los militares y hacer borrón y cuenta nueva desde el retorno de la democracia.
