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Corría el año 2012 en la zona de Playa Unión, provincia de Chubut (Sur argentino). Una joven, que por entonces tenía 16 años, aparentemente fue víctima de una violación grupal. Los medios locales definieron el hecho como una «violación en manda». La víctima decidió visibilizar el caso y denunció a los supuestos agresores en la justicia y en sus redes sociales. Contó que el trauma casi la lleva al suicidio y que terminó con diversos tratamientos psiquiátricos.
El tema es que, a los que señaló como agresores, no son chubutenses comunes y corrientes: son los hijos de las familias más poderosas de la provincia, vinculados a la política y a grandes empresas.
La causa en la justicia comenzó con una carátula acorde al expediente: «Abuso con acceso carnal gravemente ultrajante, agravada por la participación de dos o más personas». Pero el proceso comenzó y el fiscal Fernando Rivarola, luego de 60 testimonios y percias, llegó a un polémico acuerdo con los abogados de la defensa.
Para empezar, de los seis acusados, solamente quedaron implicados tres. Dos eran menores al momento del hecho y otro colaboró con la investigación bajo la figura del «arrepentido». Para los otros tres la carátula cambió favorablemente. Por estas horas ya no hay «abuso carnal gravemente ultrajante», sino «abuso sexual simple». Al desaparecer la imputación por «violación» se abrieron las puertas para un juicio abreviado, que es a lo que apunta el fiscal.
En sus argumentos, Rivarola señaló que la víctima se hallaba en un estado de «semiinconsciencia» y que los agresores tuvieron un “accionar doloso de desahogo sexual”. Cuando el término llegó a las noticias explotaron las redes sociales.
Con la nueva carátula, de reconocer la culpabilidad, los tres acusados incluso podrían evitar la prisión efectiva. Con el beneficio de la «prisión en suspenso», los acusados tendrían que cumplir con una serie de normativas que parecen no ser acordes al delito que se les imputa: restricción de acercamiento a la víctima, fijar un domicilio ante la justicia y otras cuestiones menores.
Aunque el plan del fiscal iba sobre ruedas, la situación se le pudo haber complicado, tanto a él como a los acusados, con la notoriedad del caso en los medios nacionales. En las últimas horas, el ministro de Gobierno y Justicia de Chubut, José Grazzini, reconoció que pedirá que se le abra una causa a Rivarola. «Nos sorprendió el cambio de carátula, es un hecho grave», aseguró.
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