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Desde que Mauricio Macri es presidente y que varios referentes del kirchnerismo (tanto del ámbito político, empresario y sindical) empezaron a desfilar por los tribunales, hay dos temas en permanente discusión: las prisiones preventivas y la justicia politizada.
No hay que hacer un análisis demasiado detallado para advertir que hay situaciones poco claras. En los 12 años de Néstor y Cristina Kirchner la impunidad fue total. Aunque los partidarios de la expresidente insisten en que tiene que haber condenas firmes para hablar de corrupción, es como mínimo llamativo que, por ejemplo, el chófer de Néstor Kirchner haya hecho una propuesta formal para quedarse con Telefe, uno de los canales de televisión más importantes de Argentina. Ejemplos como esos abundan en el período 2003-2015. Otro caso que se podría mencionar, que sirve para mostrar lo que por aquellos años fue la justicia en Argentina, es la confesión del exjuez Norberto Oyarbide. El jurista, que presentó la renuncia cuando Macri asumió el poder, terminó reconociendo «aprietes» y confesó que dictó «bajo presión» el sobreseimiento de la expresidente en la causa sobre su patrimonio.
Aunque la gestión de Cambiemos no haya sido lo mismo en materia de burda corrupción, Argentina siguió estando lejos de los mínimos estándares de republicanismo básico. El nombramiento de la macrista fanática Laura Alonso al frente de la Oficina Anticorrupción fue una muestra de esto. Incluso la misma diputada Elisa Carrió reconoció que el Poder Ejecutivo intervenía en la justicia con Daniel Angelici (presidente de Boca Juniors) como operador político. La misma Carrió también advirtió que el Gobierno especulaba con la libertad de Cristina para utilizarla como adversaria política. Desde el kirchnerismo se denunció en reiteradas oportunidades que en los últimos años varios jueces, supuestamente afines al oficialismo, estarían haciendo abuso de las prisiones preventivas (previo a las condenas efectivas) por cuestiones políticas.
Con todo este escenario de dudosa independencia judicial, las recientes excarcelaciones de varios referentes vinculados al kirchnerismo desvían la atención de las causas, las fojas y los expedientes, y ponen el foco en el momento político. Esta semana fueron liberados cinco detenidos vinculados a causas de corrupción y la lupa se pone sobre otros 14 presos que se encuentran con prisión preventiva.
Esta tarde, Cristóbal López y Fabián De Sousa, que estaban detenidos bajo la figura de prisión preventiva por la causa de los cuadernos (desvíos de fondos de obras públicas y coimas), recuperaron la libertad luego de un pago de una fianza de 60 millones de pesos (un millón de dólares, aproximadamente).
Aníbal Fernández, exministro del Interior de los Kirchner y abogado de los imputados, se manifestó conforme y declaró a la prensa: “No quiero hacer análisis políticos».
En las últimas horas, los empresarios Carlos Cortez (acusado de testaferro) y Gerardo Ferreyra (también vinculado a la causa de los cuadernos) recuperaron la libertad. Fernando Esteche, líder del grupo piquetero Quebracho, detenido desde 2017 por la causa del Memorandum con Irán que denunció el fiscal Nisman, también fue liberado.
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