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EnglishPuede que las cortes de drogas no sean novedosas en Estados Unidos, pero definitivamente lo son en el sistema penal mexicano. Este lunes, en el estado de Morelos, el gobierno de México inauguró el segundo Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA).
A pesar de que los prometidos resultados de la primera corte de drogas en el estado de Nuevo León están todavía por verse, según Xiuh Tenorio, director de la secretaría de Participación Ciudadana y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, las cortes de drogas se convertirán en un punto de referencia de lo que será la nueva política de drogas del gobierno federal, y la primeras de muchas más en todo el país.
«Desde el principio de esta Administración, el Gobierno federal planteó el abordaje de la problemática de las drogas desde el punto de vista de la salud pública. Hoy cristalizamos esta visión en este modelo. Morelos ayudará en materia de política de drogas a todo nuestro país, y de ahí la relevancia del Tribunal», aseveró Tenorio.
El propósito de este nuevo sistema es reducir el abuso de sustancias como una alternativa para lograr la reinserción social de individuos que bajo la influencia de las drogas cometieron por primera vez un crimen de baja gravedad como la posesión de drogas.
Graco Ramírez, gobernador de Morelos, explica que el 26% de los procesados por crímenes relacionados con las drogas son jóvenes, y 50% de la población carcelaria son individuos que habrían delinquido por primera vez. Además, Ramírez resalta los beneficios financieros que se derivan de las cortes de drogas, ya que reducirían sustancialmente el gasto público.
«Hoy gastamos 250 mil pesos anuales manteniendo en reclusión a una persona, cuando podemos invertir 25 mil a 60 mil pesos al año en la rehabilitación de una persona. Es mejor rehabilitar que encerrar», afirmó el gobernador.
La corte de drogas ofrece una segunda oportunidad para los que hayan delinquido por primera vez bajo la influencia de narcóticos. Este nuevo modelo no solo abre la posibilidad para que los prisioneros se rehabiliten y reintegren a la sociedad, sino que también le quita presión al sistema judicial, y previene la reincidencia, según lo planteado por María de los Ángeles Fromow, titular de la secretaria técnica para implementar la reforma penal.
Sin embargo, no todos concuerdan con los potenciales beneficios que esta política podría traer para la sociedad de México.
Theshia Naidoo, abogada senior de Drug Policy Alliance (DPA), analizó el nuevo enfoque hacia las drogas de México con PanAm Post. Su organización se opone a la Guerra contra las Drogas y aboga por políticas «basadas en un enfoque científico, en la compasión, la salud y los derechos humanos».
Tomando en cuenta los resultados que este modelo ha producido en Estados Unidos, Naidoo es escéptica respecto al caso mexicano y la intervención del sistema penal en la recuperación del individuo.
«Dado el enfoque que tienen las cortes de drogas en delitos no graves, incluso los casos en los que se obtienen resultados positivos para los individuos que participan se traduce en un beneficio muy pequeño para la seguridad pública. Los tratamientos en la comunidad, ya sean voluntarios o en libertad condicional supervisada, suelen producir mejores resultados».
Además, la representante del DPA explica que en la mayoría de los casos, «el uso generalizado de encarcelamiento — ya sea por no superar la prueba antidopaje o por faltar a una cita — implica que algunos participantes terminen cumpliendo más tiempo tras las rejas que si nunca hubiesen pasado por la corte de drogas. Y algunos participantes considerados como ‘fracasos’ pueden incluso ser sometidos a sentencias más largas que aquellos que no pasan por las cortes de drogas en absoluto».
Otra consideración que actúa en detrimento de este modelo, según Naidoo, es el bajo nivel de éxito que han tenido los tratamientos implementados a través de las cortes de droga. «Algunas personas con problemas serios de droga responden al tratamiento en el contexto de la corte de drogas; pero esto no sucede en la mayoría de los casos. Los participantes que tienen las mayores posibilidades de tener éxito en las cortes de drogas son aquellos que no tienen un problema de drogas, mientras que aquellos que se son adictos a las drogas son más propensos a terminar encarcelados».
Lo que el sistema judicial mexicano puede hacer, según el DPA, es trabajar para eliminar las penalidades por el consumo de drogas, para así reducir arrestos masivos y la encarcelación por drogas.
El Colectivo para una Política Integral para las Drogas (CUPIHD) también desacreditó las ventajas potenciales de esta iniciativa, basándose en la experiencia que ha tenido la primera corte de drogas en México, instalada en el estado de Nuevo León en 2009.
«El caso de Monterrey, durante los últimos años, es significativo, ya que no se ha demostrado una disminución del índice delictivo. De los 103 primeros admitidos [en la corte], sólo 18 habían concluido su tratamiento, y ello a pesar de los estrictos criterios de admisión».
Si el problema es la superpoblación en las prisiones, la organización sugiere que entonces es mejor evitar «lo más posible la prisión preventiva, pues los acusados no sentenciados continúan conformando la mitad de los presos a nivel nacional».
A pesar de que CUPIHD admite la necesidad de buscar alternativas al sistema de justicia penal, sostiene que los nuevos enfoques deben adaptarse a las condiciones del país y a su contexto social.
Para Marcelo Arteaga Mata, coordinador de Estudiantes por la Libertad (SFL) en México, este nuevo enfoque «no afecta de manera fundamental el problema de las drogas en México».
Con respecto al efecto que se espera que tenga la disminución del consumo de drogas en los índices de criminalidad en México, Arteaga considera que el impacto será muy bajo. La mayoría de los crímenes cometidos en México están relacionados con el narcotráfico y no son una consecuencia del abuso de sustancias, señala el coordinador de SFL.
Las cortes de drogas pueden funcionar solo para aquellos que no están vinculados al crimen organizado. Pero los resultados no serán los mismos con aquellos que sí están relacionados con el narcotráfico. En la dinámica social de México, «existe el miedo de que los cárteles tomen represalias contra los adictos si abandonan las drogas (…) el narco tiene mucho control sobre la sociedad hoy en día».
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