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EnglishLa Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó ayer su Informe Anual 2013 y Cuba, Venezuela y Honduras llamaron la atención del organismo internacional por la gravedad de sus transgresiones.
En seis capítulos, el informe ofrece un resumen de la situación de los derechos humanos en todo el hemisferio durante el año 2013. Esto incluye el trabajo realizado por la CIDH sobre miles de casos en que los ciudadanos de la región han denunciado abusos cometidos por el Estado. La comisión monitorea el comportamiento de los Estados respecto a los derechos humanos y les ofrece recomendaciones específicas.
“El Informe Anual no sólo es un mecanismo de registrar lo que hacemos, es un informe sustantivo sobre la situación de derechos humanos en las Américas, y un instrumento importante con el que la Comisión identifica y lleva a cabo una conversación acerca de las mejores prácticas implementables por los Estados y analiza los desafíos regionales en las Américas”, afirmó el Presidente de la CIDH, Tracy Robinson, cuando presentó el informe ante los miembros del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos.
La CIDH determina si las prácticas de derechos humanos de un Estado merecen “atención especial” a través de cuatro criterios: un incumplimiento grave de las condiciones básicas y las instituciones democráticas, la suspensión ilegal del libre ejercicio total o parcial de los derechos fundamentales, violaciones masivas y generalizadas de los derechos humanos, y la presencia de obstáculos que impidan a los ciudadanos ejercer y disfrutar de sus derechos.
Estas infracciones incluyen situaciones en las que el Estado no cumple con su obligación de luchar contra el crimen y la impunidad debido a la falta de voluntad, cuando no adopta las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos fundamentales, cuando no cumple con las decisiones de la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, o cuando viola sistemáticamente los derechos humanos en el caso de un conflicto armado interno.
Sin embargo, hay otros casos específicos que el informe considera especialmente críticos, como la situación de los prisioneros en la Bahía de Guantánamo, las restricciones a la libertad de expresión dirigidas por el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, y la violación del derecho de muchos haitianos a la nacionalidad en el República Dominicana.
La lista negra
Cuba encabeza la lista negra de la CIDH como la jurisdicción más crítica. Las restricciones a la libertad de circulación, sobre los derechos políticos a la asociación o a la libertad de expresión, y la falta de elecciones y de independencia del poder judicial, han construido un estado permanente de violación sistemática y constante de los derechos humanos de los cubanos. Lejos de vislumbrarse un cambio, 2013 resultó ser la continuación de más de cinco décadas de represión estatal, de acuerdo con el informe.
Honduras obtuvo el segundo puesto de la lista. Las altísimas tasas de delincuencia, la inseguridad y la impunidad, la debilidad institucional, la falta de un poder judicial independiente y la discriminación de los grupos sociales, son los asuntos más urgentes que el nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández tiene que enfrentar. La CIDH también señala que desde el golpe de Estado de 2009 las instituciones democráticas de Honduras se han debilitado considerablemente.
Por último, pero no menos importante, la falta de independencia del poder judicial en Venezuela, así como la poca integridad del sistema penal, las restricciones a la libertad de expresión y la persecución de los defensores de los derechos humanos, son, según la CIDH, los aspectos más preocupantes que contribuyen a la crítica situación de los derechos humanos en el país. En 2013, el gobierno encabezado por Nicolás Maduro también decidió retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que limita los mecanismos disponibles para que los venezolanos protejan sus derechos humanos y denuncien abusos cometidos por el Estado.
María Trina Burgos, abogada y fundadora de Justicia para la Democracia, explicó a PanAm Post el impacto limitado que este informe tendrá en el comportamiento de estos Estados en materia de derechos humanos.
“Creo que las observaciones formuladas por la CIDH son inútiles. No creo que la situación vaya a mejorar, sobre todo en Venezuela, un país donde el gobierno ha decidido retirarse de la convención y evitar la supervisión de la comisión en los casos de violaciones de derechos humanos”.
A pesar de que la creación de un consejo de derechos humanos en Venezuela –como parte de las sugerencias hechas por la UNASUR durante su mediación para ayudar a resolver la crisis del país– podría significar un paso positivo, Burgos cree que no va a funcionar.
“Personalmente creo que esta comisión no va a hacer nada que Maduro dice que hará. Es lamentable, pero esa es la realidad; no podemos ser optimistas en cuanto a sus resultados”.
En cuanto a la situación de los derechos humanos en otros países, como Honduras, República Dominicana y Ecuador, la abogada cree que hay algunas cosas que estos gobiernos pueden hacer.
“Creo que las visitas realizadas por otros gobiernos y organismos internacionales son muy importantes para reforzar el cumplimiento de las normas internacionales y evitar violaciones de los derechos humanos. Además, los ciudadanos tienen que informar y denunciar cualquier violación, recurrir a organismos internacionales, a los medios de comunicación social, y usar las redes sociales”, señala Burgos.
Sin embargo, la abogada hace hincapié en la capacidad limitada de las organizaciones internacionales en lo que respecta a los regímenes dictatoriales.
“La tarea de esta comisión es sólo vigilar que los Estados cumplan con las normas internacionales, pero no pueden sino confiar en las buenas intenciones. Los países que violan los derechos humanos de su población no hacen nada para corregir sus defectos y mejorar su rendimiento. Por el contrario, puede que continúen aumentando los niveles de violencia y represión”.
